China está ampliando sus actividades de vigilancia y represión en Latinoamérica, centrándose en los disidentes y las minorías. Esta estrategia para reforzar la influencia represiva del Partido Comunista Chino (PCCh) en la región utiliza tácticas como las llamadas “vacaciones forzadas”, según indica un informe de la organización de derechos humanos Safeguard Defenders, con sede en Madrid.
Estas vacaciones forzadas consisten en hacer desaparecer durante días o semanas a personas consideradas incómodas. “El objetivo es evitar que perturben la imagen pública del Partido Comunista Chino en momentos en los que la atención internacional se centra en China, como durante grandes eventos políticos o mediáticos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos”, explica a Diálogo Laura Harth, directora del programa China in the World de Safeguard Defenders.
Según Harth, la estrategia no se limita al territorio chino. “En momentos clave, los disidentes en el extranjero, incluidos los de Latinoamérica, también sufren un aumento de la presión en forma de vigilancia, acoso, amenazas en línea, intimidación a familiares que permanecen en China e incluso repatriaciones forzadas o extrajudiciales”, afirma.
Una reciente investigación del sitio web de periodismo de investigación ecuatoriano Código Vidrio reveló que, a pesar del cierre oficial en 2024 de una comisaría clandestina china en Quito, las actividades de espionaje y vigilancia relacionadas con China continúan en el país. Al parecer, estas actividades están gestionadas por empresarios chinos cercanos al PCCh. Según Código Vidrio, la red incluye empresas ficticias, medios de comunicación en chino y asociaciones locales de la diáspora, todos ellos involucrados en un sistema de control global denunciado por primera vez en 2022 por Safeguard Defenders, que también documento la presencia de una comisaría en la ciudad de Guayaquil.
Harth afirmó que el PCCh pretende controlar activamente a toda la diáspora china, creando un clima generalizado de miedo. Añadió que, durante la última década, Pekín ha exportado activamente su sistema interno de control social y represión, lo que ha tenido repercusiones más amplias en las sociedades. Esto se evidencia en “los intentos sistemáticos de censurar a cualquiera que diga la verdad sobre el PCCh y sus agresivos objetivos globales”, afirmó.
Entre 2016 y 2022, cuatro oficinas locales de seguridad pública chinas establecieron 102 comisarías en el extranjero, en 53 países de todo el mundo, incluida Latinoamérica. En la región, además de Ecuador, también se han visto afectados Argentina, Colombia, Chile, Perú, Panamá y Brasil, con dos sedes, una en Río de Janeiro y otra en San Pablo.
Según Harth, las comisarías están afiliadas al Frente Unido, una estrategia política del PCCh para la injerencia extranjera. El Frente Unido es una red de grupos e individuos utilizada para influir, cooptar y neutralizar fuentes de oposición potencial a las políticas del PCCh. Se trata de una combinación única de compromiso, actividades de influencia e inteligencia que el PCCh utiliza para configurar su entorno político.
Estas comisarías, creadas con el pretexto de ofrecer servicios administrativos a los ciudadanos chinos en el extranjero, han sido objeto de investigación en varios países por sospechas de actividades de vigilancia, injerencia extranjera e intimidación a disidentes chinos en el extranjero. “Estas comisarías no han sido declaradas a los países anfitriones, lo que las convierte en clandestinas según el derecho internacional y constituye una clara violación de la soberanía nacional”, afirmó Harth.
En un esfuerzo separado por formalizar su alcance represivo, el Ministerio de Seguridad Pública de China firmó un acuerdo con la Policía Federal de Brasil en 2023 para facilitar el intercambio de información, las investigaciones conjuntas y la capacitación. Esta cooperación continuó en abril de 2025, cuando un viceministro chino promovió una mayor colaboración en Brasil contra el crimen organizado y en el ámbito de la ciberseguridad, con especial atención a la inteligencia artificial y los macrodatos.
“A través de estos vínculos, el PCCh busca crear un entorno más favorable para sus actividades represivas en el extranjero, obtener información y enviar un mensaje claro a las personas a las que pretende afectar, que ningún lugar es seguro”, dice Harth.
El alcance del PCCh en la región se extiende al monitoreo y la censura de cualquier información sobre grupos marginados, como la minoría musulmana uigur y los practicantes de Falun Gong, una práctica espiritual considerada una amenaza y prohibida por el PCCh. La activista uigur Zumretay Arkin visitó a Ecuador en mayo para denunciar la persecución del PCCh, citando prácticas como la detención, la tortura y la vigilancia. “Usar WhatsApp, llevar barba, llevar el hiyab o tener contacto con extranjeros puede convertirte en un objetivo para China”, afirmó. En 2015, un programa relacionado con Falun Gong fue cancelado en Ecuador debido a la presión de China. El PCCh ha tildado a ambos grupos de ”venenosos”.
“Es importante que los países formen a sus fuerzas del orden y a sus instituciones para reconocer y contrarrestar las actividades de injerencia extranjera de la República Popular China, incluida la represión transnacional”, afirma Harth. Añadió que Latinoamérica ha estado a la vanguardia en el reconocimiento del delito de las desapariciones forzadas, que representan una amenaza para la diáspora china y para la seguridad nacional de los países de acogida.
