La creciente influencia de China en Latinoamérica se extienden ahora a los sectores jurídica y político, lo que suscita preocupación por la soberanía normativa y la penetración política.
Las tácticas de Pekín incluyen el uso de acuerdos de cooperación jurídica para influir en los poderes judiciales, las presiones sobre temas relacionados con sus intereses económicos y políticos, y la promoción de sus modelos normativos y tecnológicos autoritarios. Esto incluye el apoyo a sistemas de vigilancia digital que pueden reforzar el control autoritario y limitar el Estado de Derecho.
El “poder blando” de China para aumentar su influencia institucional y diplomática ahora también incluye relacionarse con figuras claves de los poderes judiciales latinoamericanos. Por ejemplo, en abril, el vicepresidente del Tribunal Supremo de Brasil, Edson Fachin, se reunió con una delegación de cinco magistrados del Tribunal Supremo Popular de China y de otros tribunales superiores chinos, para hablar de cooperación y del uso de la inteligencia artificial china en el sistema judicial brasileño.
“Hay una gran cantidad de juicios en curso en los tribunales de Brasil que podrían agilizarse con el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, es muy peligroso pensar en utilizar la de China porque no es un país democrático y su poder judicial no es independiente”, explica a Diálogo Marcelo Batlouni Mendroni, fiscal del Tribunal de San Pablo en Brasil. Para Mendroni, “el riesgo es que se generen resultados de búsqueda sesgados a favor de los intereses chinos en Brasil”.
China tiene un historial de alentar a los países latinoamericanos para que cambien sus marcos regulatorios para adaptarlos mejor a los inversores chinos. Esto a menudo significa impulsar leyes más favorables en materia de concesiones, zonas económicas especiales y regulaciones medioambientales, entre otras. Es notable que en el primer Congreso Jurídico Brasil-China celebrado en marzo en el Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil, no sólo abordará la inteligencia artificial, sino también soluciones jurídicas para los daños medioambientales, lo que sugiere un vínculo con los intereses más amplios de China.
Una práctica habitual en los contratos es la inclusión de cláusulas de arbitraje internacional, que eluden los tribunales locales para resolver disputas y recurren en sus tribunales privados. Esta estrategia suele dar lugar a un desequilibrio en las negociaciones, lo que permite a China obtener condiciones favorables, como la elección de la sede del arbitraje o la ley aplicable. Como resultado, la capacidad de los países anfitriones para aplicar su propia legislación nacional se ve limitada. En particular, los inversores estatales chinos, pueden iniciar acciones si consideran que las nuevas leyes o reglamentos, incluso los que son de interés público, perjudican sus inversiones.
“Los riesgos para Latinoamérica son normalizar a una dictadura brutal como un actor razonable y consolidar como la principal sociedad comercial de la región a una economía opaca y muy grande. La asimetría de tamaño sumada a la opacidad hace que los beneficios comerciales de corto plazo se conviertan en crecientes costes institucionales de mediano-largo plazo”, explica a Diálogo Pedro Isern, director ejecutivo del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas (CESCOS), un think tank independiente con sede en Montevideo, Uruguay.
Más allá de los elevados costes, los procesos de arbitraje internacional, preferidos en muchos contratos chinos, suelen implicar procedimientos confidenciales y no públicos. Esta falta de transparencia reduce el control democrático y la participación de la sociedad civil. Un caso reciente notable es el arbitraje iniciado por la empresa minera china Junefield contra Ecuador. Junefield reclamaba unos USD 480 millones, alegando expropiación indirecta tras la suspensión de las operaciones de extracción de oro en la región de Cuenca, a raíz de un recurso presentado por las comunidades indígenas que reclamaban el derecho a la consulta previa.
Influencia política
Al ejercer presión sobre el poder judicial y el sistema político, el Partido Comunista Chino (PCCh) consigue no sólo blindar sus intereses económicos, sino también promover su agenda política. El caso del ciudadano chino Zhifeng Tan ilustra esta situación. Acusado de fraude en China, fue detenido en Brasil en 2022 a petición de las autoridades chinas. En 2024, el Tribunal Supremo brasileño denegó inicialmente su extradición, por “falta de transparencia en el respeto de las garantías fundamentales de su país”, en particular, el riesgo de pena de muerte o cadena perpetua, castigos que el código brasileño no contempla. Sin embargo, en marzo de 2025, los jueces brasileños revisaron su postura y autorizaron la extradición del hombre “a la luz de la información de que la legislación penal y procesal de China ha experimentado una profunda reforma”, según el sitio web del tribunal.
“El riesgo de influencia autoritaria china también en nuestro sistema judicial es alto, incluidas las extradiciones. Nadie, aparte del PCCh que lo controla, sabe realmente cómo funciona el sistema judicial chino”, afirma Mendroni.
Para proteger sus propios intereses, Pekín se involucra constantemente en las agendas políticas de los países latinoamericanos. Por ejemplo, en agosto de 2024, cuando la plataforma X fue suspendida en Brasil, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China emitió un comunicado subrayando que “apoya firmemente a los países latinoamericanos en la oposición a la interferencia externa y la defensa de la soberanía” frente a las acciones de las plataformas digitales que violan las leyes nacionales. En octubre de 2024, la embajada china en Brasil emitió un comunicado sobre la posible adhesión de Brasil a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En él, declaró que «Brasil no necesita que otros vengan a dictarle con quién debe cooperar o qué tipo de asociaciones debe emprender».
“Los peligros para la región son enormes porque China va a dejar de ser un excepcional socio comercial y va a empezar a ser un complicado socio político”, afirma Isern.
El PCCh invita con frecuencia a partidos políticos brasileños y el frente parlamentario Brasil-China a reuniones en las que se ensalza el modelo de desarrollo socialista con características chinas.
“El problema con Beijing ha sido claro en las dos últimas décadas: concretos beneficios materiales de corto plazo y difusos costos institucionales y políticos de largo plazo. La cuestión central es que el largo plazo ha llegado. El largo plazo siempre llega”, concluye Isern.
