La convergencia entre los cárteles mexicanos y las organizaciones criminales ecuatorianas se ha transformado de un sistema de alianzas territoriales en una red logística transnacional, más flexible y distribuida. Si en el pasado los cárteles mexicanos recurrían a grupos locales para trasladar la cocaína desde la frontera colombiana hasta los puertos ecuatorianos, hoy la cooperación se desarrolla cada vez más a lo largo del corredor marítimo del Pacífico Oriental (EPAC): los grupos ecuatorianos proporcionan infraestructura, embarcaciones y tripulaciones, mientras que los cárteles mexicanos aseguran la recepción de los cargamentos y su posterior traslado.
“Esta ruta permite mover grandes volúmenes a larga distancia sin depender de un solo tramo ni de un solo operador”, explica a Diálogo Nicolás Zevallos Trigoso, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología en Perú. Esta flexibilidad se ve favorecida por la infiltración del sector pesquero ecuatoriano que, según el experto, ofrece a los grupos criminales cobertura logística y permite distribuir los riesgos, “evitando que la caída de uno comprometa toda la cadena”.
Las sanciones anunciadas el 20 de agosto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos muestran esta dinámica. Según el Tesoro, ocho ciudadanos ecuatorianos, 10 embarcaciones y siete empresas ecuatorianas, principalmente del sector pesquero, estaban involucrados en una red que trasladaba clandestinamente miles de kilogramos de cocaína cada mes desde Sudamérica hacia México a través del corredor del EPAC.
En el centro de la red figuran operadores vinculados a Los Choneros y Los Lobos, dos de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, designadas por los Estado Unidos en septiembre de 2025 como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), y vinculadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según el Tesoro, desde las costas de Ecuador, la red utilizaba flotas pesqueras para proporcionar combustible, alimentos y asistencia en el mar a embarcaciones rápidas, conocidas como go-fast vessels (GFV), con destino a México. Algunas de las embarcaciones también detectaban y monitoreaban la presencia de unidades de las fuerzas del orden, mientras que al menos una era utilizada para transportar cocaína.
La acción de OFAC agrega una dimensión financiera a la presión operativa contra estas redes. El enfoque no se limita a sus dirigentes, sino que busca afectar simultáneamente los nodos que permiten su funcionamiento —operadores, empresas, embarcaciones y otros facilitadores— y complementar las operaciones de interdicción marítima y el intercambio de inteligencia.
La operación se enmarca en un esfuerzo interinstitucional coordinado contra el narcotráfico, que reúne a la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Tampa, la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-Sur), la Administración Federal Antidrogas de los EE. UU. (DEA), la Guardia Nacional de Florida, el Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM), la Oficina de Inteligencia Naval y la Guardia Costera de los EE. UU. Estos esfuerzos se vieron reforzados en agosto de 2025 con el lanzamiento de la Operación Pacific Viper, que desplegó patrulleros, aeronaves y equipos tácticos en el Pacífico Oriental y que, para junio de 2026, había permitido incautar más de 112 toneladas de cocaína. En diciembre de 2025, una operación coordinada entre Ecuador y los Estados Unidos permitió además incautar en alta mar 4,6 toneladas de droga.
La pesca utilizada como infraestructura del narcotráfico
La red identificada por la OFAC es paradigmática de una dinámica ya consolidada: la integración de actividades criminales en la economía legal para convertir sus infraestructuras, recursos y capacidades en activos logísticos del narcotráfico. En este modelo, la pesca, según Zevallos, “no constituye una simple cobertura, sino una infraestructura operativa” que permite a las redes criminales reducir costos, riesgos y exposición. “Una flota legal aporta lo que el narcotráfico marítimo no puede fabricar sin levantar sospecha —zarpes, matrículas, rutas autorizadas, muelles, cadena de frío”.
La estructura está compartimentada en varios niveles, con funciones distintas pero interconectadas. En la cúspide operativa se encuentran los coordinadores de los flujos, que conectan a las organizaciones criminales con la red de transporte y gestionan sus movimientos a gran escala. Según el Tesoro, en esta red Julio Javier Mero Franco operaba para Los Choneros y coordinaba “el traslado de aproximadamente 30-40 toneladas de cocaína al mes desde Ecuador hacia Centroamérica y México”, mientras que Milton Edixon Martínez Mendoza estaba vinculado a Los Lobos y Los Choneros y coordinaba el transporte de miles de kilogramos de cocaína mediante GFV.
El segundo nivel corresponde a la infraestructura logística que hace posible el movimiento de la droga. En este caso, según el Tesoro, la proporcionaban empresas pesqueras como Arcasdenoe S.A., propiedad de Alfonso Mero Mero y de sus hijos Roberth Alfonso Mero Arcentales y Edwar Alexis Mero Arcentales. Según OFAC, la flota de la empresa estaba involucrada en el tráfico de miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia México y, gracias también al acceso al “combustible subsidiado por el gobierno”, proporcionaba a las GFV “abastecimiento de combustible, alimentos y servicios médicos”, además de detección y monitoreo de las embarcaciones de las fuerzas del orden. El Tesoro señala también que Edwar Mero Arcentales estaba directamente involucrado en el narcotráfico en coordinación con Los Choneros.
El tercer nivel corresponde a la capacidad de la red para diversificar sus actividades. Jimmy Leonidas Alarcón Holguín, uno de los individuos sancionados, era propietario o controlaba cinco empresas dedicadas a la pesca y de otra dedicada al comercio de materiales de construcción. Según Zevallos, una presencia distribuida en varios sectores puede ampliar la capacidad de las organizaciones criminales para ocultar y lavar las ganancias ilícitas.
Al atacar simultáneamente estos diferentes componentes, las sanciones buscan dificultar no solo el movimiento de recursos financieros, sino también el acceso de las organizaciones criminales a las empresas, embarcaciones y servicios que sostienen sus operaciones.
Las flotas fantasma
La explotación criminal del sector pesquero va más allá de la red identificada por OFAC. Autoridades e investigaciones ecuatorianas han documentado también el uso de embarcaciones registradas fraudulentamente o clonadas, conocidas localmente como barcos fantasma, que pueden facilitar actividades ilícitas y el acceso irregular a recursos destinados a apoyar la pesca, como el combustible subsidiado.
Una de las formas más sofisticadas de esta manipulación es la clonación. “La clonación nos dice que el crimen organizado ya no necesita construir infraestructura paralela: le basta con falsificar la identidad administrativa de la infraestructura legítima que ya existe”, dice Zevallos. “La ventaja es doble: opera bajo el paraguas documental de un barco real y, cuando cae, la responsabilidad penal se diluye entre dos identidades registrales”.
Uno de los casos más emblemáticos es el Rosa Isabel, incautado en octubre de 2025 junto con el Siempre Nelly cerca de las islas Galápagos, gracias al intercambio de inteligencia entre las autoridades ecuatorianas y estadounidenses, después del hallazgo en el mar de ocho bultos que contenían armas. Los controles revelaron una serie de irregularidades. La autorización del Rosa Isabel había expirado, el comandante no figuraba registrado y siete miembros de la tripulación estaban embarcados sin autorización. La unidad auxiliar El Rebelde también resultó clonada. El Siempre Nelly, por su parte, transportaba cerca de 9000 litros de combustible no declarados.
Investigaciones periodísticas han puesto de relieve cómo el combustible subsidiado representa un activo estratégico para la cadena criminal: un recurso público destinado a la pesca puede ser desviado hacia redes ilícitas para sostener sus operaciones marítimas. La clonación puede facilitar este esquema al permitir que una embarcación utilice la identidad y documentación de un pesquero legítimo para operar con apariencia de legalidad y acceder a recursos destinados al sector.
Gobernanza criminal
La infiltración del sector pesquero no se limita al aprovechamiento de sus recursos e infraestructura: también permite a las organizaciones criminales ampliar su control sobre quienes trabajan en él y sobre las comunidades costeras de las que dependen. Este dominio territorial les garantiza no solo recursos y mano de obra, sino también acceso a información y una red de apoyo indispensable para las operaciones de narcotráfico en el mar.
Las llamadas vacunas, es decir, extorsiones impuestas periódicamente a los pescadores, son uno de los principales instrumentos de este control. Según Primicias, pescadores de San Lorenzo, Manabí, dijeron pagar aproximadamente USD 140 mensuales por embarcación, lo que representaría unos USD 168 000 al año. La Federación de Organizaciones de Pescadores del Ecuador estima además que casi los 60 000 pescadores artesanales de Manabí están expuestos de alguna manera a la criminalidad. La extorsión se convierte así en una herramienta de control de la actividad económica y de la movilidad: determina quién puede trabajar, dónde puede navegar y qué rutas puede recorrer.
La presión criminal sobre las comunidades pesqueras también facilita el reclutamiento de personas con conocimientos indispensables para el narcotráfico marítimo. Pescadores y tripulantes conocen las rutas, las condiciones del mar y el funcionamiento de las embarcaciones, capacidades que las organizaciones criminales pueden explotar para mover cargamentos y mantener sus redes logísticas.
La dinámica ya trasciende las fronteras ecuatorianas. “Grupos criminales ecuatorianos extorsionan a pescadores artesanales peruanos en la frontera norte, en coordinación con bandas locales, mientras insumos y equipos requisados a esas embarcaciones terminan alimentando la logística del narcotráfico marítimo”, explica Zevallos.
El riesgo, por tanto, es la progresiva expansión más allá de las fronteras de Ecuador de un modelo de gobernanza criminal basado en la infiltración de las economías locales y el control de las comunidades. El caso expuesto por OFAC muestra que enfrentar estas redes requiere ir más allá de la incautación de cargamentos: identificar y desarticular las empresas, embarcaciones, flujos financieros y estructuras logísticas que sostienen el narcotráfico, y fortalecer la cooperación y el intercambio de inteligencia entre los países afectados por estas rutas.
