El crimen organizado en Brasil atraviesa una profunda transformación. El aumento del tráfico de drogas —evidenciado por un incremento de las incautaciones en distintas partes del país, incluido un incremente del 40 por ciento en el estado de Pará en 2025—, junto con la creciente explotación del ecosistema financiero brasileño, incluidos segmentos del sector fintech, está redefiniendo el crimen organizado y desafiando las respuestas del Estado. Este escenario subraya la necesidad de una innovación sostenida en la aplicación de la ley y de una cooperación regional e internacional más estrecha.
Esta evolución también se refleja en la propia estructura de las organizaciones criminales. Por un lado, el poder de los dos principales grupos criminales, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), se ha fortalecido notablemente, proyectándose hacia nuevos mercados, incluso más allá de las fronteras de Brasil; por otro, se han abierto espacios a nivel local que han favorecido la proliferación de nuevas facciones —alrededor de 88—, entre ellas Bonde dos Maluco, Os Mano, Comando Classe A y Comboio do Cão.
“La proliferación de estos grupos deriva de una combinación de factores estructurales: expansión de los mercados ilícitos, fragmentación del control criminal a nivel local, fortalecimiento del reclutamiento en las cárceles y limitada capacidad del Estado para mantener una presencia efectiva en las periferias urbanas, en las zonas de frontera y en los corredores logísticos”, explica a Diálogo Rodrigo Duton, policía senior en Río de Janeiro e investigador en seguridad pública.
Los efectos de esta transformación ya son visibles sobre el terreno. El desplazamiento forzado de los habitantes de un poblado en Ceará durante una guerra entre facciones locales, así como la detección en Río de Janeiro de miembros de grupos provenientes de otros estados de Brasil durante la operación Contención, deflagrada el 28 de octubre de 2025 para contener el avance del CV, ilustran cómo la inestabilidad local se entrelaza cada vez más con redes criminales más amplias.
Las características de las nuevas organizaciones criminales
La proliferación de facciones, especialmente en el noreste del país, ha venido acompañada de una creciente competencia por el control del territorio y de los tráficos ilícitos, con el consiguiente aumento de los homicidios y la inestabilidad. Solo en el estado de Bahía, el think tank con sede en Ginebra, Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), ha registrado más de 3500 conflictos entre grupos criminales entre mayo de 2022 y abril de 2025.
En este contexto, algunos grupos surgen como disidencias de organizaciones más grandes, como el Primeiro Comando Puro (PCP), nacido de una escisión del PCC. Otros, en cambio, operan como ramificaciones locales, como el Terceiro Comando Puro (TCP) Cangaço, activo en el estado nororiental de Ceará como extensión del TCP de Río de Janeiro.
“Existen acuerdos pragmáticos para reducir costos y aumentar las ganancias, pero se producen enfrentamientos cuando rutas, mercados minoristas, cárceles, puertos o áreas de control criminal se convierten en objeto de disputa. Este modelo híbrido explica por qué facciones como PCC y CV siguen siendo centrales, aun coexistiendo con grupos regionales”, dice Duton.
Las consecuencias de esta fragmentación criminal se reflejan directamente en la población civil. En el estado de Ceará está aumentando rápidamente el número de los llamados “desplazados” del crimen: familias enteras obligadas a abandonar sus hogares y huir de sus comunidades debido a amenazas y enfrentamientos entre facciones. Emblemático es el caso de Uiraponga, en el municipio de Morada Nova: de sus 2000 habitantes, hoy solo permanecen cinco familias.
Las nuevas geografías del PCC y del CV
El PCC es hoy el grupo criminal brasileño con mayor proyección transnacional. Nacido en las cárceles de San Pablo en 1993, cuenta con cerca de 40 000 miembros, de los cuales al menos 2000 operan en 28 países, incluso en Asia, gracias también a alianzas estratégicas con organizaciones como la mafia italiana ’Ndrangheta y las mafias balcánicas. “Su estrategia de expansión se basa menos en una conquista militar directa y más en alianzas rentables y en la regulación de los mercados ilícitos”, explica Duton.
Según el experto, mientras el PCC presenta una vocación claramente transnacional y empresarial, el CV está impulsando un proceso de internacionalización basado en una lógica más territorial y relacional. Originado en las cárceles de Río de Janeiro a finales de los años setenta, el CV ha expandido su influencia hacia zonas estratégicas de la Amazonía y de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú.
“El CV se está transformando de una facción fuertemente vinculada al narcomenudeo urbano armado en una organización más conectada a los corredores amazónicos, a las alianzas transfronterizas y a las economías convergentes, es decir, droga, extracción ilegal, madera, pesca depredadora y control territorial”, afirma Duton.
Gracias a su alianza con la organización criminal Família do Norte, el CV se ha asegurado el control del río Solimões en la Amazonía, por donde transita la droga adquirida en Perú hacia mercados urbanos en Brasil. En marzo de 2026, la policía en Mato Grosso desmanteló un centro de entrenamiento dentro de un área indígena donde jóvenes reclutas recibían instrucción en manejo de armas, supervivencia en selva y tácticas, en el marco de la disputa con el PCC por el control de corredores del tráfico cerca de la frontera entre Brasil y Bolivia.
Nuevos paradigmas de enfrentamiento
Este nuevo escenario exige un cambio de paradigma. “En el ámbito nacional es necesario reducir el papel de las cárceles como incubadoras de facciones, mejorar las condiciones de detención, invertir en la seguridad penitenciaria y en la rehabilitación, y evitar políticas de encarcelamiento masivo que favorecen el reclutamiento criminal”, afirma Duton.
Al mismo tiempo, la naturaleza cada vez más transnacional del crimen organizado exige una cooperación internacional más integrada. “El enfoque más prometedor combina el intercambio de inteligencia, investigaciones conjuntas, el seguimiento de los flujos financieros, la cooperación portuaria y aduanera, el intercambio de datos sobre armas, cargas y comunicaciones, además del apoyo técnico a los países fronterizos más vulnerables”, añade Duton.
La coordinación entre socios regionales, con el apoyo de organismos internacionales, adquiere una relevancia creciente. En febrero de 2026, Brasil firmó un acuerdo con Interpol para liderar una fuerza de tarea regional contra el crimen organizado, fortaleciendo el acceso a bases de datos globales y facilitando la cooperación en tiempo real entre las fuerzas de seguridad latinoamericanas.
La cooperación con los Estados Unidos también forma parte de este marco. En abril, la Agencia Tributaria brasileña y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. lanzaron el Proyecto MIT (Equipo de Interdicción Conjunta), que prevé acciones coordinadas y el intercambio de inteligencia entre ambos países, en particular en la lucha contra el tráfico de armas y drogas.
Esta cooperación de seguridad abarca múltiples ámbitos, incluida la seguridad marítima, el intercambio de inteligencia y los esfuerzos para desarticular redes criminales transnacionales. Esto incluye la participación en mecanismos de coordinación e intercambio de información como con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S), que apoya a los países socios en la lucha contra el tráfico ilícito.
Paralelamente, Bolivia y Estados Unidos retomaron recientemente la cooperación operativa antidrogas tras 17 años de interrupción, un hecho relevante para Brasil dado el papel de Bolivia como importante país productor y de tránsito de cocaína destinada a Brasil y a otros mercados.
“El problema no es solo el narcotráfico, sino la consolidación de actores criminales capaces de conectar mercados ilícitos, cooptar funcionarios, infiltrar la economía legal y exportar inestabilidad regional”, concluye Duton.
