Una creciente coalición internacional integrada por gobiernos, organizaciones civiles y actores del sector pesquero está pidiendo controles más estrictos sobre la flota de aguas distantes de China en el Pacífico sur. Sus preocupaciones van más allá de la sostenibilidad. La expansión de la flota china ha suscitado cada vez más interrogantes sobre la seguridad marítima, la gobernanza en alta mar y la capacidad de los Estados ribereños para salvaguardar su soberanía y sus intereses económicos en aguas donde la regulación y la aplicación de la ley siguen siendo limitadas.
El debate se intensificó en febrero de 2026, cuando más de 50 organizaciones de Latinoamérica, Norteamérica y Europa presentaron una declaración conjunta ante la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO), en la antesala de su 14.ª reunión celebrada en marzo en Panamá. Si bien la coalición no logró todos sus objetivos, la reunión produjo avances normativos limitados —incluidas medidas para reducir la capacidad de la flota y ampliar el monitoreo— al tiempo que subrayó que las brechas en la aplicación de la ley y la débil supervisión en alta mar siguen siendo un desafío estratégico.
Desafío conjunto
La declaración fue firmada por 17 organizaciones de pesca artesanal de Chile, Ecuador, México y Perú, incluyendo la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú, el Coordinador Nacional de la Jibia de Chile y la Cooperativa de Producción de Pesca Artesanal de Santa Rosa de Ecuador, informó Seafood Source. Entre los firmantes se incluyeron 21 empresas y asociaciones empresariales encargadas del procesamiento y exportación de calamar gigante en Chile y Perú, como la Asociación Chilena de Plantas Procesadoras de Productos del Mar y la Cámara Peruana del Calamar Gigante.
También se unieron a la petición 20 organizaciones internacionales de la sociedad civil, entre ellas la Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts y la Innovations for Ocean Action Foundation. Entre sus principales planteamientos figuraban el establecimiento de límites precautorios de captura, la ampliación de los sistemas de monitoreo de buques, un mayor uso de la vigilancia electrónica, controles más estrictos por parte del Estado rector del puerto y la protección de los derechos laborales de la tripulación —medidas que se consideran esenciales para mejorar la transparencia y prevenir la explotación en una industria donde el monitoreo sigue siendo limitado.
El calamar gigante constituye una de las pesquerías más relevantes a nivel global. Los desembarques reportados entre 2019 y 2023 indican que Perú concentra el 51 por ciento de los desembarques, seguido por China con 41 por ciento y Chile con 7 por ciento, sosteniendo a decenas de miles de pescadores y miles de embarcaciones en la región. La captura global total ha superado el millón de toneladas métricas anuales en los últimos años, alcanzando aproximadamente 1,2 millones de toneladas en 2023.
Sin embargo, en aguas internacionales del Pacífico sur, donde opera la flota china, la supervisión regulatoria sigue siendo fragmentada, la aplicación de la ley desigual, y las capacidades de monitoreo limitadas. Estas brechas crean condiciones en las que las grandes flotas pueden operar con mínima transparencia, lo que pone a prueba la capacidad de los Estados para proteger los recursos marinos, mantener la estabilidad económica de las comunidades costeras y hacer cumplir las normas de gobernanza marítima.
Según un análisis de la EJF, los buques con bandera china llevaron a cabo casi toda la actividad observada de pesca de calamar mediante poteras en la región. Este dominio ha suscitado preocupaciones no solo sobre el impacto ecológico, sino también sobre el uso estratégico de la pesca de aguas distantes como instrumento de influencia en aguas de importancia estratégica, lo que permite prácticas coercitivas y operaciones de influencia que desafían la gobernanza marítima y la seguridad regional.
“Desde el punto de vista de la explotación sostenible, el balance de la reunión de la SPRFMO es muy negativo”, afirmó a Diálogo Milko Schvartzman, especialista en conservación marina y pesca ilegal. “Esto porque no se fijaron límites de captura, no hay evidencia científica sobre el estado de la población, no hay nuevas iniciativas de monitoreo, de inspecciones, de observadores a bordo de las embarcaciones, y tampoco hay ninguna iniciativa para cuidar la vida de los tripulantes a bordo”.
Si bien la reunión de marzo adoptó una medida consolidada para la pesquería de pota —incluyendo reducciones en el número de buques autorizados y los primeros requisitos de monitoreo electrónico de la organización—, observadores señalan que estas medidas no alcanzan el nivel de control necesario para hacer frente a la presión pesquera a gran escala y a posibles actividades ilícitas en alta mar.
Buscando soluciones
El problema abarca dimensiones ambientales, económicas y de seguridad. Mientras países como Perú y Chile aplican esquemas de manejo con cuotas y controles en sus aguas jurisdiccionales, la alta mar sigue regida por medidas menos restrictivas, lo que crea condiciones que permiten a la flota pesquera China operar con una supervisión limitada.
“Esta situación termina obligando a los pescadores artesanales a competir en condiciones desiguales con flotas de aguas distantes, que además reciben subsidios de sus gobiernos”, advirtió Alfonso Miranda, presidente de Calamasur.
Las preocupaciones en torno a la flota china incluyen la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), la falta de transparencia en la propiedad y las operaciones de los buques, y las repetidas denuncias de incursiones cerca o dentro de las zonas económicas exclusivas. “Son verdaderas termitas que destruyen todo a su paso y devastan ecosistemas completos”, sostuvo Alberto Olivares, dirigente de pescadores en Iquique, quien además alertó sobre incursiones en Zonas Económicas Exclusivas de distintos países. Las denuncias de incursiones en aguas nacionales han reforzado los llamamientos regionales para mejorar la vigilancia, el intercambio de inteligencia y las capacidades de aplicación de la ley.
Abusos laborales en el mar
Las condiciones laborales a bordo de los buques pesqueros de alta mar también plantean serios desafíos. Investigaciones de organizaciones internacionales como EJF han documentado casos de abuso físico, coacción, servidumbre por deudas, jornadas laborales excesivas, denegación de atención médica y retención de salarios en buques de pesca de calamar con bandera china. Estas prácticas reflejan patrones más amplios de explotación laboral en pesquerías remotas donde la supervisión es mínima.
“Muchos de los entrevistados describen que sus compañeros sufrían enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo, que a menudo son resultado de negligencia”, explicó Dominic Thomson, investigador de EJF. “Debido a que estas embarcaciones suelen pescar por dos años seguidos, hay muy pocas oportunidades para que las autoridades puedan fiscalizar las condiciones de vida y trabajo a bordo”.
Expertos sostienen que medidas más sólidas del Estado rector del puerto son esenciales para reducir abusos, combatir la trata de personas, interrumpir las cadenas de suministro ilícitas y limitar la capacidad de las flotas que no cumplen con las normas para acceder a los mercados globales. Un mayor nivel de inspecciones a los buques, una mejor transparencia en la propiedad y en la contratación de tripulaciones, así como la rendición de cuentas de los Estados que brindan apoyo logístico a flotas de alto riesgo, se consideran cada vez más fundamentales para la seguridad marítima.
“De otra forma son cómplices de lo que ocurre ahí”, advirtió Schvartzman, al referirse a la responsabilidad compartida de Estados.
Desde una perspectiva estratégica, fortalecer la gobernanza de la pesquería de pota requiere límites de captura basados en la ciencia, monitoreo independiente, vigilancia electrónica, controles más estrictos sobre el transbordo y una sólida aplicación de medidas por parte del Estado rector del puerto. Estas acciones no se limitan a la sostenibilidad —son fundamentales para mantener un orden marítimo basado en normas, proteger las economías costeras y contrarrestar prácticas que desafían la gobernanza marítima, la seguridad económica y la estabilidad regional en una región cada vez más marcada por la expansión de la presencia pesquera global de China.
