El papel de Venezuela en los esfuerzos regionales para combatir las organizaciones criminales transnacionales (OCT) podría estar entrando en una nueva fase.
Tras la detención de Nicolás Maduro en enero de 2026, el país ha iniciado una transición política flexible bajo un liderazgo interino. Al mismo tiempo, el acercamiento diplomático con los Estados Unidos y los países vecinos ha comenzado a reabrir canales que llevaban mucho tiempo cerrados.
Aunque la situación sigue evolucionando, estos acontecimientos ya están comenzando a remodelar las condiciones en las que puede tener lugar la cooperación regional en materia de seguridad. En la práctica, ese cambio podría influir en la forma en que operan las redes criminales a través de Venezuela y dentro de ella, particularmente en los principales centros urbanos.
Durante gran parte de la última década, Venezuela permaneció en gran medida al margen de los marcos de seguridad regionales diseñados para combatir las OCT. Ese aislamiento limitó el intercambio de inteligencia, restringió las operaciones conjuntas y creó brechas a lo largo de los principales corredores de tráfico que unen los Andes con el Caribe. A medida que las redes criminales se adaptaban y expandían, esas brechas se volvieron cada vez más trascendentales, no solo para la dinámica de seguridad regional, sino también para la resiliencia y el alcance de las propias redes.
Reapertura de canales de cooperación
Las recientes acciones de los Estados Unidos proporcionan indicios tempranos de un reenganche institucional. La reapertura de los canales diplomáticos, los ajustes en la política de sanciones y el contacto directo renovado con las autoridades venezolanas han restablecido los mecanismos básicos necesarios para la cooperación.
La geografía convierte a Venezuela en un elemento central de esa ecuación. El país se encuentra a lo largo de rutas de tránsito críticas para la cocaína procedente de Colombia, con flujos de tráfico que atraviesan su territorio y aguas costeras hacia el Caribe antes de llegar a los mercados de Norteamérica y Europa. Durante años, la ausencia de cooperación sostenida complicó los esfuerzos para monitorear e interrumpir estos flujos, lo que permitió a los traficantes explotarlos.
En el ámbito marítimo, donde la interceptación depende de la coordinación entre jurisdicciones, la participación de Venezuela podría tener un impacto desmesurado. Las operaciones de los Estados Unidos y las naciones aliadas en el Caribe se han ampliado en los últimos años. La posición geográfica de Venezuela a lo largo de corredores costeros y marítimos clave resalta el valor potencial de una coordinación regional más amplia para mantener esa presión.
El mismo principio se aplica a la cooperación en materia de inteligencia. La lucha contra las OCT en Latinoamérica se define cada vez más por la capacidad de desarticular redes en lugar de controlar territorios. Las organizaciones criminales operan a través de entramados transfronterizos, apoyándose en nodos de logística, financiamiento y comunicación distribuidos en múltiples países. Sin mecanismos para el intercambio oportuno de información, estas redes siguen siendo resilientes.
Primeros indicios de reincorporación regional
La relevancia de Venezuela para los esfuerzos regionales contra las OCT también se refleja en la presencia y actividad de importantes grupos criminales y armados vinculados a su territorio. El Tren de Aragua, originario de Venezuela, se ha convertido en una de las redes criminales transnacionales más visibles de la región, y ha sido designado como organización terrorista por varios países de la región. Opera en Latinoamérica y más allá, dedicándose a actividades que van desde el tráfico hasta la extorsión. Si bien su expansión ha sido más visible fuera de Venezuela, los orígenes del grupo y sus vínculos continuos con el país subrayan cómo las dinámicas nacionales y regionales siguen estando interconectadas.
Al mismo tiempo grupos con base en Colombia, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), continúan operando a lo largo de la frontera colombiana y venezolana, donde el terreno poroso y la coordinación históricamente limitada han permitido que persistan las economías criminales. Estas dinámicas transfronterizas han tenido desde hace tiempo efectos de contagio, particularmente en regiones donde las economías ilícitas se entrecruzan con las comunidades locales.
Sin embargo, hay indicios tempranos de que esta dinámica podría estar cambiando. En una entrevista de febrero de 2026 con Agence France-Presse, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, dijo que las operaciones venezolanas estaban comenzando a cambiar las condiciones sobre el terreno.
“La información que tenemos es que están avanzando con operaciones en zonas fronterizas, y algunos miembros de grupos del ELN y facciones disidentes ya no se sienten seguros en esa zona”, dijo el ministro Sánchez.
Tras una reunión celebrada en febrero entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, centrada en el fortalecimiento de la cooperación antinarcóticos, el ministro Sánchez también indicó que habían invitado a Venezuela a sumarse a un esfuerzo conjunto renovado para combatir las redes de tráfico, lo que denota una apertura a una coordinación regional más amplia.
Ese impulso se prolongó hasta marzo, cuando altos funcionarios de Venezuela y Colombia se reunieron en Caracas para coordinar los esfuerzos de seguridad a lo largo de su frontera común, haciendo hincapié en la necesidad sostenida de comunicación e intercambio de información para combatir el tráfico de drogas.
Las autoridades venezolanas también han mostrado apertura para fortalecer la cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y la seguridad en los últimos meses, haciendo hincapié en la coordinación con socios regionales como prioridad. Si bien los mecanismos concretos de colaboración aún están surgiendo, los mensajes apuntan a un enfoque más pragmático ante las amenazas comunes.
Limitaciones y avances condicionados
Las limitaciones persisten. Años de tensión política siguen marcando la forma en que los socios abordan su relación con Venezuela. Al mismo tiempo, la reciente reanudación de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos ha reabierto los canales de cooperación, y es probable que el ritmo y el alcance de la colaboración dependan de consideraciones prácticas como el intercambio de información, la coordinación estable y la confianza operativa.
Venezuela aún no está integrada en los marcos regionales de lucha contra las OCT, pero la reapertura de los canales diplomáticos con los Estados Unidos, la coordinación emergente con Colombia y los renovados esfuerzos de aplicación de la ley a nivel nacional apuntan a un alejamiento gradual del aislamiento.
En una región donde las redes criminales operan a través de las fronteras y se adaptan rápidamente, incluso las mejoras incrementales en la coordinación pueden comenzar a limitar la forma en que estos grupos se mueven, se expanden y operan dinámicas que, en última instancia, determinan las condiciones de seguridad tanto en las regiones fronterizas como en los principales centros urbanos.
