En los últimos años, Latinoamérica ha experimentado una rápida modernización urbana a través de proyectos de ciudades inteligentes, que integran videovigilancia, inteligencia artificial (IA) y gestión automatizada de servicios públicos.
Aunque estas iniciativas prometen mayor eficiencia y seguridad, han generado una inquietante dependencia de infraestructuras tecnológicas ajenas al hemisferio occidental, especialmente de entidades vinculadas al Estado como China, planteando desafíos geopolíticos significativos, facilitando la recopilación de inteligencia extranjera y complicando la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales (OCT) y la defensa de la soberanía digital.
Dependencia tecnológica y soberanía digital
El Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP) advierte que la proliferación de estas tecnologías responde a una estrategia global que busca consolidar influencia económica y política mediante soluciones estandarizadas, incrementando la “vulnerabilidad regional en materia de soberanía digital”. Esta vulnerabilidad queda claramente expuesta por la rápida expansión de la tecnología vinculada al Estado Chino en infraestructuras urbanas y nacionales clave.
En la práctica, esto implica que grandes volúmenes de datos urbanos —movilidad, finanzas, servicios públicos y patrones de comportamiento— quedan bajo el control de operadores externos, lo que puede comprometer la seguridad nacional y regional.
Ejemplos regionales de amenazas y ciberataques
El desafío no solo proviene de las OCT, sino también de los actores geopolíticos. Un caso emblemático es la infiltración en noviembre de 2024 en los sistemas del Gobierno paraguayo por parte del grupo de hackers Flax Typhoon, un actor de espionaje vinculado al Estado chino, lo que ilustra los riesgos de las operaciones de inteligencia e influencia digital que pueden facilitar actividades ilícitas a escala transnacional.
El grupo criminal ruso Conti también perpetró un importante ataque con ransomware en Costa Rica en 2022, que paralizó a más de 30 instituciones estatales, inutilizó servicios críticos, expuso datos sensibles y comprometió sistemas de vigilancia. Según la BBC, parte de la información robada fue publicada en la Internet oscura (dark web), poniendo en riesgo la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos.
Países como Brasil, México, Colombia y Perú también han sido blanco frecuente de ciberataques, tanto de grupos vinculados al Estado como del crimen organizado, incluyendo ransomware y filtraciones de datos, especialmente en sistemas de vigilancia urbana. Algunas OCT específicas, como el Tren de Aragua, también han aprovechado esquemas de jackpotting en cajeros automáticos para hackear los sistemas operativos y cometer robos de alta tecnología a través de las fronteras.
Víctor Ruiz, fundador del centro de ciberseguridad SILIKN en México, advierte que “esta dinámica refuerza la dependencia tecnológica y compromete la soberanía digital”. Ruiz destaca que el acceso a información sobre “patrones de movilidad, infraestructura y comportamiento urbano otorga a las empresas un conocimiento estratégico, que podría usarse para expandir su presencia comercial o como herramienta de influencia geopolítica”.
Empresas de vigilancia y concentración tecnológica
Empresas como Huawei, Hikvision, Dahua y ZTE, que operan bajo mandato del Gobierno chino, han desplegado redes de videovigilancia, IA y tecnología 5G en ciudades clave de Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. De acuerdo con Access Now, organización que defiende los derechos digitales en todo el mundo, estos sistemas recolectan enormes volúmenes de datos urbanos —desde imágenes en tiempo real hasta hábitos ciudadanos—, sin garantizar el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia y seguridad.
Access Now identifica a estas empresas chinas como los principales proveedores de vigilancia biométrica en la región, y denuncia que sus tecnologías han estado implicadas en “violaciones de derechos humanos, afectando a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y grupos vulnerables”.
Esta concentración de proveedores limita la capacidad de los gobiernos para auditar y supervisar estos sistemas, preocupación compartida por muchos centros de investigación y expertos.
Vulnerabilidades nacionales y riesgos estratégicos
La integración de estas plataformas en infraestructuras críticas presenta desafíos para la seguridad y la autonomía tecnológica, ya que a menudo expone a las naciones al control estratégico de actores vinculados a Pekín.
En Ecuador, por ejemplo, el centro ECU-911 opera con tecnología china, lo que dificulta la interoperabilidad con estándares de seguridad de países aliados y suscita preocupación por el acceso no autorizado a los datos.
Ruiz advierte que “estas tecnologías responden a marcos regulatorios definidos por actores externos, lo que complica la cooperación de inteligencia regional y facilita la intromisión de bandas criminales y terroristas”. Por ejemplo, las leyes de seguridad nacional chinas pueden obligar a las empresas tecnológicas a cooperar con los servicios de inteligencia y seguridad del Estado, lo que supone una vía directa para la intrusión extranjera y la extracción de datos.
En Colombia, los sistemas cerrados de videovigilancia y control urbano limitan la autonomía tecnológica. La dependencia de los sistemas chinos significa que las funciones críticas son vulnerables a las interrupciones remotas. “Fallas o interrupciones en semáforos, cámaras y sensores podrían usarse como presión en escenarios políticos o contractuales”, o bien ser interceptados por el crimen organizado para cometer delitos y fraudes, señala Ruiz.
En Panamá, la infraestructura adyacente al Canal, equipada con tecnología china, representa vulnerabilidades críticas debido a la tecnología portuaria y la infraestructura digital suministradas por China. Concretamente, las grúas y los sistemas de vigilancia de fabricación china que se utilizan ampliamente en los puertos adyacentes a la vía navegable. “Incluso breves interrupciones podrían generar pérdidas millonarias”, agrega Ruiz. Esto pone a uno de los puntos marítimo más críticos del mundo en riesgo de influencia externa o espionaje,
En Brasil, la presencia de proveedores chinos en redes 5G y sistemas digitales críticos incrementa los desafíos para la gobernanza del ciberespacio, creando vectores masivos para la transferencia de datos y el control de redes criminales organizadas.
Hacia la protección de la soberanía digital
Frente a estos retos, expertos como Ruiz instan a los gobiernos latinoamericanos a fortalecer sus marcos regulatorios, realizar auditorías frecuentes y fomentar el desarrollo de talento local en ciberseguridad y tecnología. “La falta de regulación sobre cómo se almacenan o eliminan los datos aumenta la incertidumbre y los riesgos”, remarca Ruiz.
El desarrollo de clústeres tecnológicos regionales y la supervisión activa por parte de los ministerios de defensa y seguridad permitirían a la región controlar en mayor medida sus datos estratégicos sin depender exclusivamente de proveedores extranjeros.
A través de estas medidas, las Américas podrán fortalecer de manera efectiva la protección de su información estratégica y ciudadana, blindando a sus sociedades frente a las amenazas del crimen organizado y la influencia transnacional en el entorno digital.
