En vísperas de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, las imágenes de los canales de televisión locales mostraron a Nicolás Maduro saludando con gran entusiasmo a los embajadores de Rusia y China Sergey Mélik-Bagdasárov y Lan Hu, respectivamente, ignorando aparentemente a los representantes de los países de la región. Estos dos países son los socios preferidos del régimen desde que Hugo Chávez estaba en el poder; y se convirtieron en esenciales para la supervivencia de Maduro.
Las dos naciones reconocieron la victoria de Maduro, justo después que el Consejo Nacional Electoral, controlado por la dictadura, anunciara los resultados; mientras que gran parte de la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos, la Unión Europea y muchos países latinoamericanos, pedían a las autoridades venezolanas que publicaran las actas de votación detalladas, lo que permitiría verificar los recuentos.
“El apoyo de Rusia y China es fundamental para que la dictadura ignore las exigencias de la comunidad internacional”, afirmó el sociólogo venezolano Guillermo Pérez. “Aunque el apoyo económico ha disminuido con el tiempo, el apoyo político es muy importante para evitar el aislamiento total de Maduro”.
Así, el apoyo de ambos países ayuda al régimen venezolano a sortear sanciones, reabastecer supermercados, asegurar inversiones en los sectores petrolero, gasífero y eléctrico, entrenamiento militar, compra de armas, extracción de oro y otros minerales, entre otras alianzas. A pesar del nuevo apoyo de Irán y Turquía, el centro de la política exterior de Caracas continúa bajo el control de Pekín y Moscú.
“El apoyo de China y Rusia, que se benefician con la postura antiestadounidense de Venezuela, trae importantes inversiones al país, o ayuda a crear rutas alternativas para la venta de petróleo. También permiten a veces el uso de sus barcos para transportar petróleo venezolano u otros minerales, que son hoy la principal fuente de ingresos del país. El papel de Irán también es relevante en este sentido”, añadió Pérez.
China y Rusia también intentan ahora incorporar a Venezuela al grupo de grandes economías emergentes (BRICS), formado actualmente por Sudáfrica, Arabia Saudí, Brasil, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, India, Irán y Rusia.
Maduro necesita el apoyo de países en los que no se priorizan los valores democráticos, para justificar e intensificar su represión interna, incluso cuando es cuestionado por la comunidad internacional. La oposición y los observadores internacionales, suenan las alarmas sobre la participación de mercenarios extranjeros en la agitación política y social de Venezuela, lo que origina el descontento ciudadano y diversas denuncias de abusos contra los derechos humanos. Durante las protestas que siguieron a los controvertidos resultados electorales, fueron vistas en Venezuela tropas que portaban emblemas del grupo mercenario ruso Wagner. Esto generó pavor, por la implicación de Rusia en los asuntos internos del país.
El grupo Wagner, que opera como una empresa militar privada, con un historial de entrenamiento de soldados, escolta de políticos y violación de los derechos humanos en todo el mundo, ya ha estado presente en Venezuela en repetidas ocasiones. Según Reuters, miembros del grupo Wagner estuvieron en Caracas en 2019, para proporcionar seguridad a Maduro tras las protestas contra su autocracia; y habrían entrenado a unidades de combate de élite en Venezuela.
“Desafortunadamente, debido a la total falta de transparencia del régimen venezolano, es difícil confirmar la presencia del grupo Wagner. Sabemos que Venezuela ha sido un importante comprador de armas de Rusia durante dos décadas y que Rusia mantiene fuertes intercambios militares con Venezuela”, aseguró Pérez. “En otras palabras, las posibilidades de que militares rusos o grupos de mercenarios rusos estén involucrados con las fuerzas de seguridad venezolanas son muy altas. Hay certeza de la presencia de estos emblemas entre las fuerzas de seguridad, pero podrían ser el resultado de intercambios o entrenamiento compartido”.
Un informe de una comisión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentado el 17 de septiembre, señala que el régimen de Maduro utiliza métodos más duros y violentos para reprimir a los opositores y disidentes políticos, tras las controvertidas elecciones del 28 de julio. La comisión de la ONU, también afirmó que las autoridades venezolanas habían planeado acciones para desmovilizar a la oposición, impedir la difusión de información independiente y opiniones críticas; e impedir las protestas pacíficas. Al menos 25 personas murieron durante las protestas tras las elecciones, según organizaciones no gubernamentales, y otras 2400 continúan detenidas, según el propio régimen de Maduro.
