La expansión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela en los últimos años ha transformado el panorama de seguridad en la frontera con Colombia, permitiendo al grupo establecer una retaguardia operativa que mantiene el miedo en la zona y coordinar actividades ilícitas, proyectando su influencia más allá del ámbito binacional.
El ELN ha convertido el territorio venezolano en un patio trasero operacional, lo que le permite ejercer presión armada en Colombia sin asumir los costos logísticos o políticos de una confrontación directa prolongada. Según un informe de InSight Crime, esta dinámica asegura la continuidad delictiva del grupo y amplía su margen de maniobra frente a las fuerzas de seguridad.
El análisis revela que las estructuras criminales han establecido enclaves funcionales en los estados fronterizos de Venezuela, que son utilizados para el descanso, la reorganización y el mando, mientras mantienen presencia terrorista en regiones como Norte de Santander, Arauca, Chocó, Cauca y Nariño en Colombia. Estos espacios estratégicos reducen su exposición en operaciones delictivas y facilitan la coordinación transfronteriza.
Eje financiero en el Catatumbo
El Catatumbo, en el departamento colombiano Norte de Santander, sigue siendo el principal eje financiero del grupo. InSight Crime indica que los ingresos provenientes de cultivos de coca, laboratorios de procesamiento y pistas clandestinas de aterrizaje sostienen al ELN en sus niveles operativos actuales, respaldando su control a lo largo de la frontera colombo-venezolana.
Esta expansión se basa en una relación funcional que combina el control de economías ilícitas, afinidad ideológica residual y gestión indirecta de la seguridad territorial. El informe describe este esquema como un Estado criminal híbrido, donde el ELN accede a espacios estratégicos, incluidos corredores hacia el Caribe a través de Zulia.
Economías ilícitas como motor operativo
Aunque el ELN sostiene que su participación en el narcotráfico se limita al cobro de gramaje, InSight Crime señala un nivel más profundo de integración que financia múltiples frentes delictivos. El control de la frontera colombo-venezolana permite al grupo operar laboratorios de cocaína y supervisar las logísticas del tráfico internacional.
La Estructura de Finanzas y Economías para la Revolución del ELN controla corredores fronterizos con cultivos, centros de procesamiento y rutas internacionales, lo que ha llevado a que parte de la producción sea desplazada a zonas remotas de Venezuela debido a la presión en Colombia. Un informe reservado de inteligencia al que tuvo acceso el noticiero colombiano Noticias RCN señala que existen corredores utilizados por el ELN para mover cocaína desde el Catatumbo hacia Maracaibo.
Este documento también menciona que redes vinculadas a Hezbolá coordinan rutas marítimas desde puertos venezolanos hacia África y Oriente Medio, ampliando así el alcance internacional del narcotráfico. Asimismo, identifica centros logísticos en La Fría y Machiques para el transporte de armas, y documenta el uso de explosivos y francotiradores entrenados en campamentos de Venezuela.
Fragilidad institucional y auge del insurgentismo
Juan Liendo, académico de la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú, afirma que “las fallas institucionales más explotadas por los grupos armados están asociadas a la debilidad de la gobernanza democrática”. Esta fragilidad, marcada por la corrupción y el oportunismo político, facilita la penetración de intereses externos y la articulación entre economías criminales sin necesidad de un control político formal.
Cuando la legitimidad institucional se ve comprometida, los grupos armados aprovechan narrativas políticas para encubrir actividades ilícitas y fortalecer su presencia. Liendo subraya que “marcos institucionales sólidos y liderazgos responsables son esenciales para contener la expansión de estructuras insurgentes con respaldo transnacional”.
Infraestructura armada y complicidad institucional
Un informe de Infobae revela que el ELN ha establecido al menos 10 campamentos en el estado venezolano de Zulia, situados en zonas rurales con vías de escape directas hacia Colombia. Estas estructuras facilitan la movilidad transfronteriza y permiten la evasión de operaciones de seguridad.
Algunos campamentos cuentan con pistas clandestinas de aterrizaje, lo que amplía la logística del ELN. La colaboración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con el grupo insurgente ha sido señalada como un factor que facilita su permanencia en el territorio venezolano.
Liendo reafirma que “estas estructuras siguen operando en Venezuela, y su presencia en otros países de la región les permite mayor movilidad y articulación”. En este contexto, el puerto de Chancay, en Perú, se vuelve relevante como nodo logístico que requiere vigilancia constante ante la reconfiguración de rutas criminales hacia Sudamérica y el Indo-Pacífico.
Esta dinámica podría facilitar la proyección de redes híbridas respaldadas por potencias extracontinentales como China, Rusia e Irán, no solo para el tráfico de drogas y oro ilegal, sino también para la expansión de estructuras criminales con objetivos políticos.
Reconfiguración de la seguridad regional
Aunque desde enero de 2026, el entorno de seguridad en Venezuela ha experimentado cambios significativos, un informe del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea advierte que el país sigue siendo un refugio para mega bandas armadas vinculadas al narcotráfico, mientras el ELN mantiene su actividad en áreas asociadas a economías ilícitas.
A pesar de una mayor presión internacional, los vínculos entre actores armados y estructuras estatales no han sido completamente desarticulados. Este escenario de debilidad institucional podría facilitar la expansión territorial y transfronteriza del ELN y otros grupos criminales, lo que tiene implicaciones directas para la estabilidad y la seguridad regional.
Para Liendo, “evitar que estructuras como el ELN repliquen modelos de retaguardia transnacional exige fortalecer liderazgos políticos no ideologizados y comprometidos con el Estado de derecho”.
En su opinión, la contención de estas organizaciones debe basarse en instituciones democráticas sólidas, un combate estructural a la corrupción y una identidad hemisférica cimentada en valores compartidos. Sin estos pilares, concluye, “los grupos armados y criminales continuarán aprovechando la fragilidad institucional para consolidar retaguardias, financiarse y proyectar su influencia más allá de las fronteras nacionales”.
