La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ha trascendido las meras preocupaciones medioambientales para convertirse en un reto estructural que amenaza directamente la seguridad marítima y la soberanía nacional de los países sudamericanos. La expansión constante de la flota pesquera china de aguas distantes en el Pacífico y el Atlántico Sur ha obligado a los países costeros a intensificar sus capacidades de vigilancia y respuesta. Esta postura defensiva depende cada vez más en esquemas de cooperación internacional que priorizan el uso de tecnología avanzada, el monitoreo constante y la coordinación regional para contrarrestar lo que ahora se reconoce como una amenaza estratégica en la zona gris.
Según un informe de 2026 de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre el Partido Comunista Chino (PCCh), China cuenta con la mayor flota de pesca de aguas distantes del mundo, compuesta por aproximadamente 16 000 buques operando fuera de sus aguas jurisdiccionales.
El informe señala un cambio fundamental en la comprensión de estas operaciones: no responden únicamente a intereses comerciales, sino que están alineadas con objetivos estatales estratégicos más amplios. Esta enorme presencia marítima tiene un impacto significativo en la explotación de recursos marinos al tiempo que asegura el dominio chino sobre las cadenas de suministro y los corredores marítimos mundiales.
Además, el documento indica que el PCCh ha integrado esta flota en una sofisticada estrategia de doble uso, que asigna a embarcaciones civiles tareas como la recopilación de datos oceanográficos y el mantenimiento de una presencia constante en zonas marítimas sensibles. Este modelo, sostenido gracias a subsidios estatales, apoyo logístico y despliegue global, actúa como una herramienta de desgaste marítimo. Dificulta a los países de la región ejercer un control efectivo sobre sus espacios marítimos, ya que el mero volumen de la flota supera la capacidad de vigilancia naval tradicional.
Jorge Serrano, experto en seguridad y miembro del equipo asesor de la Comisión de Inteligencia del Congreso de Perú, destacó: “La flota china, respaldada por una red de buques frigoríficos, petroleros y plataformas de apoyo, acumula más de 110 millones de horas anuales de operación alrededor de 90 países, muchas veces fuera del alcance efectivo de la autoridad marítima”.
Serrano subrayó que la flota china ajusta sus operaciones estratégicamente antes de eventos diplomáticos y aumenta su actividad en áreas de interés como el Mar de China Meridional y la Antártida. Esto sugiere que la flota sirve como vanguardia de las ambiciones geopolíticas a largo plazo de Pekín.
“La flota pesquera china representa una presión directa sobre la seguridad marítima regional y los ecosistemas”, agregó Serrano. Sin embargo, lamentó que la vigilancia limitada en vastas áreas oceánicas y la falta de un marco legal regional coordinado hayan permitido que las prácticas de pesca INDNR sigan proliferando, mientras que la influencia económica de China ha frenado la imposición de sanciones más severas en la región.
Tecnología japonesa: una respuesta frente a la pesca ilegal
En una medida decisiva para contrarrestar el impacto de la pesca INDNR y reforzar la soberanía regional, Japón ha destinado USD 1,9 millones en enero de 2026 para fortalecer la vigilancia marítima de Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay. Este apoyo, canalizado a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, no es solo financiero, sino también técnico. Incluye el suministro de drones de vigilancia, botes patrulleros inflables y sistemas de análisis de imágenes para identificar embarcaciones, tripulación y descodificar patrones de navegación utilizados para ocultar actividades ilícitas.
La iniciativa responde a la presencia constante y a menudo agresiva de flotas pesqueras chinas en puntos ecológicos y estratégicos como las aguas cercanas a las islas Galápagos, los litorales de Chile y Perú, y los límites marítimos de Argentina y Uruguay. El uso recurrente de embarcaciones oscuras —barcos que desactivan deliberadamente sus sistemas de identificación automática (AIS) para evadir la detección— sigue siendo un obstáculo principal. Al proporcionar herramientas que pueden ver a través de este apagón táctico, Japón está ayudando a las naciones sudamericanas a afirmar su autoridad jurisdiccional.
Milko Schvartzman, coordinador de políticas oceánicas de la ONG ambientalista argentina Círculo de Políticas Ambientales, explicó: “Sostener un solo patrullero en el mar supone una carga significativa, especialmente cuando cientos de buques no regulados operan en los límites de la Zona Económica Exclusiva (ZEE)”. Schvartzman destacó que la contribución de Japón es fundamental para que la región supere la brecha en materia de mantenimiento y suministros, que tradicionalmente ha obstaculizado la capacidad de Latinoamérica para combatir de manera efectiva la pesca INDNR.
En Argentina, la presión de las flotas extranjeras en el Atlántico Sur ha alcanzado niveles sin precedentes en la última década. Las estadísticas indican que el esfuerzo pesquero argentino en la llamada Milla 201, el límite de la ZEE, se disparó de 62 000 a 400 000 horas por cada 500 kilómetros cuadrados entre 2013 y 2023. Esta explosión de actividad refleja un esfuerzo concertado por agotar los recursos regionales justo en los límites de las aguas soberanas.
En respuesta, la Prefectura Naval Argentina reforzó el monitoreo de más de 500 buques previstos para la pesca del calamar, identificando recientemente 148 embarcaciones en tránsito, la gran mayoría con bandera china. Estas cifras se hacen eco del caso de 2017, cuando Ecuador capturó al buque chino Fu Yuan Yu Leng 999 en la reserva marina de las Galápagos, encontrando 6623 tiburones a bordo, un caso que sigue siendo un símbolo de la naturaleza depredadora de las operaciones de China en aguas lejanas.
Cooperación estadounidense en el control marítimo regional
Los Estados Unidos también han intensificado su participación en el combate contra la pesca INDNR en aguas sudamericanas, considerándola un componente fundamental de la estabilidad regional. A través de la Guardia Costera de los EE. UU., Washington ha desplegado buques de última generación como el USCGC Stone y el USCGC James en operaciones conjuntas con Argentina, Brasil y Uruguay. Estas misiones, que forman parte de la iniciativa Cruz del Sur, se centran en patrullajes coordinados, monitoreo en tiempo real y abordajes coordinados para fortalecer la capacidad de respuesta regional.
Además, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) trabaja con Colombia, Ecuador y Perú en la implementación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto. Este tratado internacional busca estandarizar el intercambio de información sobre buques extranjeros, lo que dificulta a las flotas depredadoras encontrar puertos seguros para sus capturas ilícitas. Esta iniciativa es fundamental para la gestión de especies de alto valor económico y ambiental, que suelan ser el objetivo principal de la flota china.
El Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM) también apoya esta misión, colaborando con la ONG Global Fishing Watch. Esta asociación proporciona a las armadas regionales datos satelitales en tiempo real que permiten identificar patrones ilícitos y apoyar decisiones operativas rápidas. Según la Embajada de los EE. UU. en Perú, este intercambio de inteligencia ha sido clave para mejorar la interoperabilidad regional frente a la pesca INDNR.
Jorge Serrano destacó que “una respuesta regional efectiva requiere del respaldo de países con capacidades tecnológicas avanzadas y margen de acción frente a la influencia económica china”. Además, subrayó que los sistemas de observación satelital han identificado entre 600 y 700 embarcaciones pesqueras chinas operando sin descanso frente a las costas sudamericanas, evidenciando una presencia permanente y de gran escala.
Estrategia global china para el dominio marítimo
El informe del Congreso de los Estados Unidos concluye que Pekín ha desarrollado una estrategia global integral diseñada para neutralizar las barreras operativas y legales. Mediante la utilización de una flota sobredimensionada y la obligación de que los buques descarguen sus capturas en centros chinos designados, China canaliza enormes volúmenes de captura hacia centros de procesamiento en su territorio, un proceso respaldado por una red logística y financiera de alcance mundial.
Este modelo se basa en subsidios estatales y el control de insumos críticos, lo que otorga a Pekín una ventaja competitiva sostenida. Este control estructural permite a China influir y manipular los precios internacionales, alterar mercados y generar dependencias en las cadenas globales de suministro alimentario, convirtiendo de hecho a la industria pesquera en un arma.
Serrano advirtió: “Contener la pesca INDNR exige una combinación sostenida de tecnología, recursos financieros y capacidad operativa”. Sin estos elementos, agregó, los Estados costeros seguirán enfrentando dificultades para ejercer soberanía marítima frente a actores estatales con mayores recursos y una clara intención estratégica.
En este sentido, destacó la importancia de los marcos legales regionales que obliguen a las flotas extranjeras a mantener activos sus sistemas de identificación, ya que “el uso deliberado de transpondedores apagados limita la acción de los países”, y sirve como herramienta principal para aquellos que buscan operar al margen del derecho internacional.
