Panamá y Costa Rica refuerzan su cooperación fronteriza mediante el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia, patrullajes coordinados e intercambio de información, una respuesta directa a las organizaciones criminales transnacionales que siguen adaptando sus operaciones en uno de los principales corredores terrestres de Centroamérica.
Ese esfuerzo dio un nuevo paso adelante en abril, cuando autoridades de ambos países se reunieron en el área fronteriza de Paso Canoas para analizar medidas destinadas a reforzar la seguridad fronteriza y ampliar la cooperación contra el crimen transnacional. Según el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, las conversaciones se centraron en mejorar la coordinación para enfrentar el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.
Entre las medidas anunciadas figuran la ampliación de las capacidades de vigilancia, el fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de información y el refuerzo de los patrullajes coordinados a lo largo del corredor fronterizo. Panamá también inauguró una nueva base del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) en la comunidad de Progreso, cerca de Paso Canoas. La instalación reforzará el monitoreo de la zona limítrofe con tecnología de vigilancia –incluidas cámaras y drones– y facilitará el intercambio de información en tiempo real entre ambos países. A ello se suma la entrega de unidades vehiculares para reforzar el patrullaje coordinado en puntos estratégicos, reforzando la capacidad de respuesta operativa en la zona fronteriza.
El peso estratégico de ese punto es considerable. De acuerdo con el medio argentino Infobae, Paso Canoas es uno de los principales puntos de intercambio comercial entre Panamá y el resto de Centroamérica. Por esa aduana transitan mercancías que ingresan a través del Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón, además de productos regionales destinados a los mercados centroamericanos y a la exportación internacional. El mismo flujo que sostiene el comercio legal también puede ser aprovechado por redes criminales.
Para Javier Oliva Posadas, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la señal más relevante de este avance trasciende el inventario de funcionamiento. La clave, dijo a Diálogo, “no se encuentra únicamente en los recursos operativos anunciados, sino en la consolidación de mecanismos de confianza que permitan avanzar hacia acciones más decisivas en materia de seguridad”.
Puerta estratégica para la seguridad regional
La frontera entre Panamá y Costa Rica integra uno de los corredores terrestres más transitados de Centroamérica. Más allá del paso de personas y mercancías por la Carretera Panamericana, la zona se ubica dentro de una región que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) identifica como ruta clave para el tráfico de cocaína hacia Norteamérica.
Los desafíos, sin embargo, no se limitan al narcotráfico. A finales de 2024, autoridades costarricenses –con apoyo de Panamá y de los Estados Unidos– desarticularon una red internacional dedicada al tráfico y traslado irregular de migrantes que operaba entre varios países de la región. Según la agencia Reuters, la organización coordinaba el traslado irregular de migrantes desde Panamá hacia el norte del continente.
“El tráfico de personas ha cobrado mayor relevancia debido a los flujos migratorios que atraviesan la región y al aprovechamiento que las organizaciones criminales hacen de ellos”, observó Oliva Posadas.
La naturaleza transnacional de estas actividades plantea un reto adicional para las fuerzas de seguridad. Informes de la UNODC y estudios académicos publicados a través de ScienceDirect, indican que las organizaciones criminales ajustan sus trayectos y métodos de transporte en respuesta a los controles, combinando rutas terrestres, marítimas y aéreas para sostener el movimiento de cargamentos ilícitos.
En ese terreno, el entorno físico agrega otra capa de complejidad. “La geografía, las condiciones orográficas y climatológicas y la biodiversidad lamentablemente juegan a favor de las organizaciones criminales”, afirmó Oliva Posadas.
Los esfuerzos para fortalecer la coordinación no son nuevos. En febrero de 2024, Panamá y Costa Rica inauguraron el Centro de Control Integrado Paso Canoas, una instalación que, de acuerdo con Infobae, busca agilizar los procesos de control y facilitar el flujo de personas y mercancías entre ambos países.
Oliva Posadas advirtió que el reto de fondo no es solo la expansión de estas estructuras criminales, sino su velocidad de reacción: “La diversificación de actividades y la rapidez con la que ajustan sus operaciones representan un desafío para cualquier estrategia de seguridad”.
Cooperación más allá de la frontera
La naturaleza transfronteriza de estas amenazas también impulsa una cooperación más amplia. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Washington mantiene una colaboración constante con Panamá en iniciativas contra el narcotráfico, el contrabando, la migración irregular y el lavado de dinero, además de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. La seguridad fronteriza forma parte de esa cooperación. La asistencia estadounidense reciente a incluido equipos y apoyo para el fortalecimiento de capacidades destinados a mejorar la capacidad de Panamá para detectar e interceptar actividades ilícitas y respaldar operaciones contra organizaciones criminales transnacionales.
“Se trata de un problema geo territorial que ningún país puede enfrentar por sí solo; requiere necesariamente un enfoque regional y mecanismos permanentes de cooperación”, sostuvo Oliva Posadas, quien recordó que buena parte de los flujos ilícitos que afectan a Centroamérica se originan más al sur del continente y atraviesan varios territorios antes de llegar a esa frontera común.
Costa Rica mantiene programas de cooperación similares con los Estados Unidos. Según el Departamento de Estado, la colaboración abarca el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la profesionalización de las fuerzas policiales y el refuerzo de las instituciones de justicia y seguridad pública.
“La efectividad de estos esfuerzos dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos para profundizar el intercambio de información, compartir inteligencia y fortalecer mecanismos permanentes de coordinación”, concluyó Oliva Posadas.
Para las fuerzas de seguridad, defensa y orden público de la región, Paso Canoas ofrece un caso práctico de cómo la seguridad fronteriza depende cada vez más del intercambio de inteligencia, la interoperabilidad y una coordinación bilateral sostenida, más que de la infraestructura física por sí sola. Un corredor que facilita la migración irregular y canaliza contrabando, no puede asegurarse únicamente con tecnología desplegada de solo un lado de la frontera.
Mientras las organizaciones criminales continúan adaptando sus rutas, métodos y redes logísticas, las autoridades enfrentan el desafío de responder con el mismo nivel de agilidad. La experiencia de Paso Canoas pone de relieve una realidad cada vez más evidente en todo el hemisferio: la seguridad fronteriza efectiva depende no solo de la tecnología y la infraestructura, sino también de la capacidad de los países socios para intercambiar información, coordinar operaciones y responder colectivamente a amenazas que no respetan fronteras nacionales.
