Nicaragua castigará opiniones contra el régimen por Internet y redes sociales

Nicaragua castigará opiniones contra el régimen por Internet y redes sociales

Por Julieta Pelcastre/Diálogo
noviembre 30, 2020

El 23 de octubre de 2020, la Asamblea Nacional de Nicaragua dictaminó a favor de la iniciativa de ley presidencial que declara ciberdelito a todo tipo de expresión pública de ideas contrarias al régimen de Daniel Ortega, publicada por Internet y en las redes sociales.

Con esta Ley Especial de Ciberdelitos la Policía Nacional, el Instituto de Telecomunicaciones y la Fiscalía, podrán intervenir los sistemas informáticos de los medios de comunicación, las empresas y organizaciones, así como incautar la base de datos e ingresar a la información de celulares, computadoras y cualquier equipo tecnológico de los ciudadanos, con la excusa de que se investiga un ciberdelito. La “ley Mordaza” establecerá de uno a 10 años de cárcel para quienes infrinjan la ley, indicó el 21 de octubre el diario nicaragüense La Prensa.

La iniciativa tiene al menos 25 definiciones de ciberdelitos, que incluyen fraude informático, violación a la seguridad, espionaje, hurto y violación de los medios y su manipulación, transferencia de información pública y propagación de noticias “falsas”, indicó el 30 de septiembre la revista Forbes Centroamérica.

“Para que un abogado las comprenda debe estar auxiliado por un experto en tecnología porque [la ley] habla un lenguaje meramente técnico”, expresó a Diálogo Martha Molina, abogada que integra la ONG Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción, en Nicaragua. “El régimen necesita controlar aquellos espacios que hasta el día de hoy no había logrado controlar”.

La ley afecta a los ciudadanos nicaragüenses que estén dentro y fuera del país, pues les inhibe del derecho de denunciar a través de cualquier medio de comunicación, las anomalías o arbitrariedades que cometan los funcionarios públicos nicaragüenses, argumentaron los diputados del Partido Liberal Constitucionalista de Nicaragua el 22 de octubre, indicó el portal digital nicaragüense Artículo 66.

Este tipo de persecución es una conducta utilizada por otros gobiernos de la región como Cuba y Venezuela, donde al menos 18 personas han sido detenidas y torturadas entre 2014 y 2019 por publicaciones en Twitter, reportó el 2 de octubre en Internet la ONG chilena Derechos Digitales.

“La legislación también abre un proceso de judicialización y criminalización del periodismo independiente”, comentó a Diálogo Sergio Marín, director de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. “La Ley viene a amenazar y a maniatar el ejercicio de la profesión; tendremos que mantenernos callados. La ley del bozal ya ha sido puesta; el sistema judicial está en manos del aparato orteguista”.

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