Las organizaciones criminales transnacionales han ampliado sus operaciones más allá del narcotráfico, diversificando sus fuentes de financiación e incorporando nuevas tecnologías para desafiar a las fuerzas de seguridad. Frente a estas amenazas, Colombia apuesta por una estrategia que combina el control territorial, el fortalecimiento de las capacidades militares y policiales, la persecución de las finanzas ilícitas y una mayor cooperación internacional.
En el marco de la tercera conferencia de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, celebrada el 27 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana, el Mayor General (r.) Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa de Colombia, abordó en entrevista con Diálogo las prioridades de seguridad de su país, la evolución de las organizaciones criminales y el papel de la cooperación regional para combatirlas. El ministro también destacó las capacidades y experiencias que Colombia aporta a la Coalición, la importancia de su alianza estratégica con los Estados Unidos y los esfuerzos para enfrentar amenazas emergentes, como el uso de drones por parte de grupos armados.
Diálogo: Señor ministro, Colombia atraviesa un momento complejo en materia de seguridad, marcado por la expansión y adaptación de grupos armados y organizaciones criminales transnacionales. ¿Cuáles son las principales prioridades del Ministerio de Defensa para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares y responder a estas amenazas?
Mayor General (r.) Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa de Colombia: Tenemos tres prioridades. La primera es recuperar y consolidar la autoridad del Estado en el territorio. La segunda es cortar las conexiones transnacionales que sostienen a estas organizaciones. La tercera es fortalecer las capacidades de nuestras Fuerzas Militares y de la Policía para lograr las dos anteriores.
Partimos de entender bien la amenaza. En Colombia operan ocho grupos armados organizados y más de un centenar de estructuras delictivas que se alían por conveniencia para repartirse las rentas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro. Es un sistema que aprende y se adapta. Y ese sistema no termina en nuestras fronteras: la cocaína sale hacia mercados de otros continentes, las armas y los explosivos entran por nuestras fronteras, el oro ilegal y el dinero se lavan en otras jurisdicciones y las redes de tráfico de migrantes cruzan varios países.
Por eso actuamos en dos niveles. Dentro del territorio, desarrollamos campañas militares y policiales en las regiones más afectadas, como el suroccidente y el Pacífico, el Catatumbo, el Nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, y el Putumayo, para proteger a la población, contener la expansión criminal y atacar las estructuras y sus economías. Fuera del territorio, trabajamos con los Estados Unidos, con la Coalición de las Américas contra los Cárteles y con nuestros vecinos para cerrar rutas, finanzas y refugios.
Para sostener ese esfuerzo, las capacidades que estamos fortaleciendo son inteligencia integrada, defensa antidrones, guerra electrónica y ciberdefensa, movilidad y judicialización. Todo con un principio que no es negociable: legalidad y respeto por los derechos humanos.
La seguridad no se anuncia: se ejerce y se sostiene. Nuestra prioridad es que ninguna comunidad quede sometida a la extorsión, al reclutamiento, al desplazamiento o al control de las economías criminales. Recuperar el territorio significa proteger a la gente, mantener presencia institucional y golpear simultáneamente el mando, la logística y las finanzas de quienes la amenazan.
Diálogo: Usted enfrentó las amenazas transnacionales desde una estructura especializada como fundador y comandante de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales (FUDAT). ¿Cómo han evolucionado estas amenazas y qué lecciones de esa experiencia considera aplicables al escenario de seguridad que enfrenta hoy Colombia?
Ministro Mora: Las amenazas han evolucionado en tres sentidos. Pasaron de estructuras jerárquicas, con un jefe visible, a redes flexibles que se alían por conveniencia. Pasaron de un solo negocio a varios a la vez: narcotráfico, minería ilegal, extorsión, tráfico de armas y de migrantes. Y se volvieron más transnacionales y tecnológicas: usan drones, comunicaciones cifradas y facilitadores en otros países. Cuando se presiona un nodo, la red se adapta y busca otra ruta.
De la FUDAT saqué tres lecciones que hoy aplicamos. Primera: la inteligencia y la operación deben estar integradas desde el inicio, con capacidad de desplegarse rápido hacia donde la amenaza se mueve. Segunda: el golpe operacional debe ir acompañado de judicialización y de la afectación de las finanzas; si no, la estructura se regenera. Tercera: ninguna amenaza transnacional se derrota desde un solo país; la cooperación con los Estados Unidos y con nuestros vecinos fue determinante.
Esas lecciones están en la base de nuestra estrategia nacional: entender al adversario como un sistema que se adapta, actuar sobre sus capacidades críticas y no solo sobre objetivos aislados, integrar desde la planeación a militares, policías y fiscales, y evaluar y ajustar de manera permanente.
La lección más importante es que no basta con mover a los criminales de un territorio a otro. Debemos impedir que reconstruyan sus redes de mando, financiación y corrupción. La Fuerza Pública actúa con decisión; la Fiscalía, con plena autonomía, adelanta las investigaciones que permiten convertir los resultados operacionales en resultados judiciales sostenibles.
Diálogo: Las organizaciones criminales combinan cada vez más el narcotráfico con la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de armas y otras economías ilícitas. ¿Qué prioridad tiene la persecución de sus redes financieras y cómo se integra con las operaciones militares y de inteligencia para lograr una desarticulación más efectiva?
Ministro Mora: Es una prioridad de primer orden. El dinero es lo que permite a estas organizaciones reclutar, armarse, corromper y regenerarse. Si solo afectamos a sus integrantes y no a sus finanzas, la estructura vuelve a crecer.
La integración se da en tres pasos. Primero, en la planeación: en cada campaña, las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía planean juntas, con la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Sociedad de Activos Especiales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y Migración Colombia. Segundo, en la ejecución: la inteligencia militar y policial identifica rutas, nodos logísticos, oro ilegal y cadenas de extorsión; la operación afecta esos nodos y recoge pruebas, y la Fiscalía judicializa y persigue los bienes. Tercero, en lo internacional: como el dinero cruza fronteras, trabajamos con nuestros socios en equipos conjuntos contra el lavado de activos, el fraude comercial y los criptoactivos, en intercambio probatorio y en extradición.
Ya hay resultados. La Campaña Urano contra el hurto de hidrocarburos, que articula a la Fuerza Pública con las autoridades judiciales, redujo ese delito en 44 por ciento en septiembre y octubre. Y estamos construyendo estrategias específicas contra la minería ilegal, la extorsión y el narcotráfico. Medimos el éxito por casos con resultado judicial y por bienes efectivamente afectados, no solo por incautaciones.
Nuestra meta no es acumular incautaciones: es quitarles a estas estructuras la capacidad de financiar la violencia. Eso exige identificar beneficiarios, rutas del dinero y redes de corrupción, y entregar información útil a las autoridades competentes para la investigación penal y la extinción de dominio. Cada institución actúa dentro de su competencia; lo que buscamos es que el golpe sea duradero.
Diálogo: Esta evolución también tiene una dimensión tecnológica. Las organizaciones criminales incorporan drones, comunicaciones cifradas y otras tecnologías para ampliar sus capacidades operacionales. ¿Qué capacidades considera más urgentes para mantener la superioridad operacional frente a estas amenazas?
Ministro Mora: La más urgente es la defensa contra drones. Entre abril de 2024 y octubre de 2026 se han registrado 551 ataques con drones de grupos armados contra nuestra Fuerza Pública y la población civil, en 17 departamentos, 105 municipios, con un saldo de 492 personas heridas y 48 fallecidas. El año de mayores afectaciones ha sido 2026, con un total de 272 ataques. Estamos desplegando sistemas antidrones en las zonas más afectadas y trabajamos con los ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Ciencia, Interior y Justicia para proteger el espacio aéreo, las comunidades y la infraestructura crítica. No vamos a darle ventaja al narcoterrorismo.
La segunda es guerra electrónica, ciberdefensa e inteligencia integrada, para responder a las comunicaciones cifradas y anticiparnos a sus movimientos dentro del marco legal. La tercera es movilidad, para llegar rápido a zonas de difícil acceso.
Y queremos que esas capacidades sean propias. Nuestra industria de defensa ya responde a los requerimientos de las Fuerzas: la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC) [entidad estatal adscrita al Ministerio de Defensa Nacional] entregó blindaje antidrones a la Armada y estamos modernizando la Industria Militar (INDUMIL) [empresa del Estado adscrita al Ministerio de Defensa Nacional]. Cada programa, propio o de cooperación, debe dejar capacidad permanente en manos colombianas.
No aceptaremos que la tecnología criminal imponga condiciones a nuestros soldados, policías y comunidades. La respuesta es anticipación, protección y capacidad propia: detectar a tiempo, proteger instalaciones y neutralizar amenazas dentro del marco jurídico aplicable. Cada inversión en tecnología debe traducirse en vidas protegidas y en una Fuerza Pública mejor preparada.
Diálogo: Colombia se incorporó a la Coalición de las Américas contra los Cárteles con una amplia experiencia en la lucha contra el narcotráfico, las economías ilícitas y los grupos armados. ¿Cómo puede la Coalición apoyar las prioridades de seguridad de Colombia y, al mismo tiempo, aprovechar las capacidades y experiencias que aportan los distintos países participantes?
Ministro Mora: La Coalición apoya nuestras prioridades de una manera concreta: hace que la presión que ejercemos en Colombia no se pierda al otro lado de la frontera. Nuestra estrategia recupera la autoridad del Estado y desarticula las estructuras dentro del país; la Coalición ayuda a que esas estructuras no encuentren rutas de escape, refugios ni lugares para esconder su dinero en otros países. Por eso la vemos como un acelerante de nuestra estrategia. Sus objetivos coinciden con los nuestros: negar a las redes criminales libertad de movimiento, atacar sus operaciones e impedir que se regeneren.
Al mismo tiempo, nos permite aprovechar lo que cada socio hace mejor: capacidades de vigilancia y de información sobre rutas marítimas y aéreas, el control de los corredores en Centroamérica y el Caribe, el trabajo de las unidades de inteligencia financiera y experiencias de otros países frente a fenómenos que también llegan a Colombia.
Y Colombia aporta décadas de experiencia en operaciones contra el narcotráfico, inteligencia, interdicción marítima y fluvial, judicialización y formación. Estamos dispuestos a compartirla, en el marco de la ley y caso por caso, incluida la formación de personal de países socios. Todo bajo un principio que respaldamos: cada nación conserva el mando de sus fuerzas y actúa bajo su propia Constitución y sus leyes.
Colombia coopera desde una posición de capacidad y soberanía, no de subordinación. Compartiremos experiencia, coordinaremos esfuerzos para cerrar rutas y perseguir las finanzas criminales, pero las decisiones sobre nuestras operaciones, el empleo de la Fuerza Pública y la información que entregamos seguirán en manos de las autoridades colombianas. Cooperación sí; cesión de competencias, no.
Diálogo: Las redes criminales aprovechan las fronteras, los puertos y otros corredores estratégicos para movilizar drogas, armas y recursos ilícitos entre países. ¿Cómo puede Colombia fortalecer con sus socios el intercambio de inteligencia y la coordinación operacional para detectar y desarticular redes que operan a través de distintas jurisdicciones?
Ministro Mora: Colombia tiene dos océanos y fronteras con cinco países; esa condición nos obliga a trabajar la seguridad con nuestros socios. Lo hacemos en tres frentes.
Para detectar, necesitamos un intercambio de información más rápido y más completo: un panorama compartido de rutas, embarcaciones, contenedores y flujos financieros, para que la información llegue a tiempo a quien debe actuar. Partimos de mecanismos que ya funcionan: las comisiones binacionales de frontera, el acuerdo de interdicción marítima con los Estados Unidos y la campaña naval multinacional que lidera la Armada de Colombia.
Para desarticular, la interdicción tiene que terminar en un proceso judicial. La Ley 2592 de 2026, expedida por el Congreso a iniciativa del Gobierno, regula un procedimiento especial de interdicción marítima de la Armada que permite judicializar desde el mar, con audiencias concentradas virtuales. Su entrada en vigor está prevista para enero de 2027. En armas, avanzamos en la implementación del Registro Nacional de Identificación Balística, que permitirá rastrear las armas con permiso de tenencia o porte que terminan en manos criminales.
Y para que la cooperación funcione, el intercambio se basa en reglas claras: cada país decide qué comparte, la información se usa solo para los fines autorizados y las acciones en la frontera de cada país son decisión de ese país o se coordinan de manera binacional. Así se construye la confianza que necesita cualquier operación que cruce jurisdicciones.
La frontera no puede convertirse en refugio del delito ni en excusa para desconocer la soberanía. Necesitamos información oportuna y cooperación judicial efectiva, con reglas sobre finalidad, reserva, trazabilidad y uso autorizado. La coordinación entre países multiplica resultados; las operaciones en territorio colombiano siguen sujetas a decisiones y autorizaciones colombianas.
Diálogo: Colombia y Estados Unidos han sido aliados estratégicos durante décadas y han construido una estrecha relación en materia de defensa y seguridad. Estados Unidos anunció recientemente la intención de destinar USD 1000 millones a un nuevo paquete de asistencia en seguridad para Colombia. ¿Qué capacidades y áreas de cooperación considera prioritarias para fortalecer la respuesta conjunta frente a las organizaciones criminales transnacionales?
Ministro Mora: Agradecemos al Gobierno y al Congreso de los Estados Unidos esta señal de confianza. Es la renovación de una alianza que ha salvado vidas en ambos países.
Nuestras prioridades son cinco. Inteligencia, vigilancia y reconocimiento sobre las rutas y corredores de las organizaciones transnacionales. Movilidad aérea y sostenimiento de flotas para llegar a zonas de difícil acceso. Capacidades navales y fluviales acordes con nuestra condición bioceánica. Defensa antidrones y guerra electrónica, con operadores colombianos formados. Y cooperación judicial y financiera para afectar el dinero de estas organizaciones dondequiera que esté. Queremos que esa cooperación se concentre en las regiones priorizadas por nuestra estrategia nacional, donde más impacto tiene.
Tenemos un criterio para cada programa: debe dejar capacidad permanente en el inventario de Colombia. El modelo que funcionó por décadas sigue vigente: los Estados Unidos aportan inteligencia, tecnología, formación, asesoría y financiación; la Fuerza Pública colombiana decide y ejecuta las operaciones. Colombia dice sí a una cooperación más profunda, con una sola condición: la decisión de emplear la fuerza en nuestro territorio sigue siendo colombiana.
Valoramos toda iniciativa de cooperación que contribuya de manera verificable a proteger a los colombianos. Nuestra prioridad no es el monto anunciado, sino el resultado: movilidad, vigilancia, defensa antidrones, formación y capacidades sostenibles bajo control colombiano. La alianza debe producir autonomía operativa, no dependencia.
Diálogo: Colombia se sumó en septiembre a la declaración conjunta del Escudo de las Américas que plantea medidas coordinadas contra 24 organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). ¿Cómo puede el hecho de que varios países concentren sus esfuerzos sobre las mismas organizaciones reducir los espacios que estas redes aprovechan para mover integrantes, recursos y operaciones entre distintas jurisdicciones?
Ministro Mora: Estas organizaciones viven de las diferencias entre países: un cabecilla que cruza una frontera, una cuenta abierta en otra jurisdicción, un socio que lava dinero lejos de donde se comete el delito. Cuando varios países trabajan sobre las mismas organizaciones, esos espacios se cierran.
Eso reduce sus espacios de tres maneras. Para mover recursos, porque sus activos pueden congelarse en más de un país. Para mover integrantes, porque se restringen los movimientos y visados de sus miembros y facilitadores y se agiliza la extradición. Y para mover operaciones, porque la información se comparte y la presión que ejerce Colombia sobre el Clan del Golfo, el ELN o las disidencias no se pierde cuando intentan refugiarse o financiarse fuera del país.
Cada país actúa conforme a su propia legislación. En Colombia, estas estructuras están entre los grupos armados organizados que enfrenta nuestra estrategia nacional, con el marco jurídico que corresponde, y las decisiones sobre su tratamiento son del Estado colombiano. La coordinación internacional multiplica el efecto de lo que hacemos en casa.
La coordinación internacional puede cerrar rutas, activos y refugios de las organizaciones criminales, pero no sustituye las decisiones jurídicas de Colombia. Ningún listado extranjero define por sí mismo si una estructura es grupo armado organizado, cuál régimen de fuerza corresponde o qué tratamiento jurídico procede. Actuaremos con firmeza y con reglas claras: perseguir el crimen exige eficacia y legalidad.
Diálogo: A medida que las organizaciones criminales se vuelven más dispersas y coordinadas, ¿cómo trabaja el Ministerio para fortalecer la integración de la inteligencia y las operaciones entre las Fuerzas Militares, la Policía y otras instituciones del Estado?
Ministro Mora: Esa integración es el centro de nuestra estrategia, y parte de una idea sencilla: ningún organismo, por sí solo, puede vencer a una red criminal que funciona como un sistema. Durante mucho tiempo, cada institución actuó con su propia lógica: la Fuerza Pública recuperaba el territorio, la Policía trataba de sostener la presencia y la respuesta judicial llegaba de forma fragmentada. El resultado era previsible: la organización criminal volvía a ocupar el espacio que había quedado libre. Por eso hemos cambiado la forma de planear. En cada región priorizada, las Fuerzas Militares, la Policía y las autoridades judiciales construyen una planeación común desde el inicio, con un propósito compartido y responsabilidades claras para cada una.
Cada institución conserva su misión y su competencia, pero todas saben hacia dónde van y por qué. Así, la información que recoge una unidad llega a tiempo a quien debe actuar, y cada operación está pensada para terminar en un proceso judicial, que es lo único que da permanencia a un resultado. Finalmente, una estrategia que no se mide no puede corregirse. Por eso seguimos el avance con indicadores claros y revisamos los resultados de manera periódica, para saber qué está funcionando, qué debemos ajustar y dónde el Estado todavía no llega como debería. Lo que buscamos no es solo golpear a las estructuras, sino consolidar el control: que la comunidad sienta la presencia del Estado y que lo que se logre no se vuelva a perder.
No se trata de reunir instituciones bajo un solo mando, sino de lograr que cada una cumpla mejor su misión. La Fuerza Pública protege y desarrolla sus operaciones legales; la Fiscalía dirige autónomamente la investigación penal; y las entidades civiles actúan en sus ámbitos de competencia. La coordinación sirve cuando produce protección real para las comunidades y resultados que resisten el control judicial.
Diálogo: Mirando al futuro, ¿cuáles considera los principales retos de seguridad del hemisferio y qué capacidades necesitará desarrollar la región para anticiparse a ellos?
Ministro Mora: Veo tres retos. La convergencia de economías ilícitas, donde el narcotráfico se combina con minería ilegal, tráfico de migrantes, extorsión y lavado de activos. La velocidad tecnológica de los criminales: drones, cifrado, criptoactivos y ciberdelito. Y su capacidad de corromper instituciones y de desplazarse de un país a otro.
Para adelantarnos, la región necesita interoperabilidad entre sus fuerzas, conciencia situacional marítima y aérea compartida, inteligencia financiera conectada, marcos jurídicos que faciliten la cooperación judicial y una industria de defensa regional. Sobre todo, necesita confianza entre Estados que, respetando su soberanía, entienden que la amenaza es común.
El desafío no es únicamente capturar integrantes: es evitar que las redes criminales se reconstruyan, se desplacen a otro país o se apropien de nuevas tecnologías. La respuesta regional debe medirse por comunidades más seguras, rutas ilícitas interrumpidas, estructuras financieras afectadas y capacidades nacionales fortalecidas. Ningún Estado puede hacerlo solo; ninguno debe renunciar a su soberanía para cooperar.
El desafío es impedir que las organizaciones criminales se regeneren. Para ello necesitamos control territorial sostenido, inteligencia legal y oportuna, persecución financiera, protección de infraestructura crítica y cooperación judicial. La seguridad debe traducirse en libertad para las comunidades y en instituciones que permanezcan.
