La inauguración del megapuerto de Chancay, en Perú, en noviembre de 2024, presidida por el secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) Xi Jinping y la entonces mandataria Dina Boluarte, fue celebrada por Beijing como un hito de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) en Latinoamérica. Con una inversión de USD 3500 millones y bajo el control de la estatal china COSCO Shipping, Chancay fue presentado como motor de modernización y desarrollo. Pero detrás de la narrativa de prosperidad, se abre otro frente menos visible: el riesgo de que Chancay se convierta en un nodo estratégico para el crimen organizado chino.
Como se expuso en la primera y segunda parte de este reportaje, la creciente huella económica y política de China en la región ha ido de la mano con la silenciosa expansión de sus redes criminales. Hoy, Beijing es la principal fuente de análogos químicos para la producción de fentanilo, un actor clave en el lavado de dinero de los cárteles y líder en mercados ilícitos como el tráfico de flora y fauna silvestre. “Se configura un ecosistema criminal transnacional chino con raíces cada vez más profundas en la región”, dijo a Diálogo Leland Lazarus, experto en seguridad y relaciones sino-latinoamericanas.
Investigaciones del Washington Post, la organización de periodismo de investigación ProPublica y reportes académicos de la Universidad Internacional de Florida (FIU), así como de agencias de inteligencia, apuntan a que este fenómeno no sería posible sin cierto grado de permisividad —y, en algunos casos, complicidad— del Estado chino. “Los intereses estratégicos de Beijing convergen con las actividades ilícitas de las mafias, que terminan actuando como aliados silenciosos en la maquinaria del poder global del Partido Comunista Chino”, advirtió a Diálogo Sebastián Rotella, periodista investigador de ProPublica.
La agresiva expansión de las inversiones chinas en Latinoamérica no solo estaría redefiniendo el mapa económico de la región, sino también intensificando peligrosas convergencias con el crimen organizado. “Las organizaciones criminales chinas tienden a asentarse allí donde se desarrollan las principales iniciativas de la BRI”, advirtió en entrevista con Diálogo Christopher Hernández-Roy, subdirector del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
Entre esas inversiones, los puertos marítimos ocupan un lugar clave. Un reciente informe del CSIS revela que China controla —de manera directa o indirecta— al menos 37 puertos en Latinoamérica. Mientras el debate público se enfoca en su posible uso dual, tanto civil como militar, poco se habla de su potencial transformación en corredores logísticos blindados para redes criminales. “Estas infraestructuras podrían convertirse en puntos neurálgicos donde confluyen mafias chinas y cárteles latinoamericanos, con consecuencias alarmantes para la seguridad regional”, advirtió Hernández-Roy.
¿Puerta de entrada económica o caballo de Troya criminal?
Durante años, las mafias chinas en Latinoamérica operaron en silencio, protegidas por el anonimato de la diáspora. Su estrategia inicial fue la extorsión a comerciantes y empresarios de origen chino, como evidenció en 2016 la desarticulación de la banda Pixiu en Argentina.
Pero esa etapa inicial, aunque aún persiste, ha evolucionado hacia algo mucho más complejo. “Las redes criminales chinas ya no se limitan a victimizar a su propia comunidad, sino que también han tejido alianzas con los cárteles latinoamericanos más poderosos. Cada parte tiene lo que la otra desea”, explicó Hernández-Roy.
Mientras los cárteles buscan análogos químicos para la producción de drogas sintéticas, las organizaciones criminales chinas centran su interés en recursos naturales de alto valor, como minerales, maderas exóticas y especies de flora y fauna altamente cotizadas en el mercado negro asiático. Lo que comenzó como un vínculo oportunista se ha consolidado en un intercambio criminal a gran escala. “El comercio ilícito de hierro en México o los recientes robos de cobre en Chile, atribuidos a mafias chinas, ilustran cómo esta relación ha evolucionado hacia operaciones industriales ilícitas”, señaló Hernández-Roy.
En este contexto, los puertos controlados por compañías chinas se proyectan como puntos de convergencia entre ambos mundos ilegales. Y aunque, por naturaleza, los puertos son imanes de actividad ilícita, la gestión bajo control chino amplifica significativamente los riesgos.
Puertos al servicio del crimen
Más allá de capital e infraestructura, China exporta su modelo institucional, caracterizado por la opacidad. “Como régimen autoritario, China depende de la falta de transparencia en su relacionamiento. Los países que firman acuerdos de inversión e infraestructura con Beijing terminan atados a esa lógica, con limitados espacios de rendición de cuentas”, explicó Hernández-Roy.
El resultado es la creación de infraestructuras estratégicas donde los intereses geopolíticos de China se imponen sobre las capacidades de control de los Estados anfitriones. En estos enclaves, predomina un control centralizado alineado con las directrices del PCCh, sustentado en contratos opacos, estructuras administrativas cerradas y una cooperación mínima con las autoridades locales. Este modelo de gestión, advierten los expertos, no solo fomenta la opacidad y la falta de transparencia, sino que también abre la puerta a la infiltración de redes criminales protegidas por vacíos legales y zonas grises que emergen.
Ejemplos emblemáticos de este fenómeno son los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados a ambos extremos del Canal de Panamá, administrados por Hutchison Ports, una empresa china con estrechos vínculos con Beijing. “El nivel de cooperación que el Gobierno panameño puede obtener de Hutchison no es el mismo que recibe de otras terminales”, alertó a Diálogo Evan Ellis, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU. “Cuando tienes puertos bajo opacidad, políticos reacios a confrontar a China y ausencia de controles internos, estás hablando de pérdida de soberanía”, sentenció.
Esa pérdida se manifiesta, entre otras cosas, en el acceso restringido a las instalaciones. “Las empresas chinas tienen derecho a limitar el ingreso a los puertos de Balboa y Colón [Cristóbal]; lo que ocurre dentro de sus instalaciones es, en gran medida, un misterio”, advirtió a Diálogo Eddie Tapiero, economista panameño y exasesor presidencial.
La falta de transparencia abre la puerta al soborno, la corrupción y la infiltración sistemática de redes criminales, protegidas además por barreras culturales y lingüísticas. “Les resulta más fácil sobornar o infiltrarse cuando se trata de instalaciones chinas que operan dentro de una estructura centralizada, cerrada y con escasa transparencia”, agregó Hernández-Roy.
El riesgo se intensifica cuando la operación portuaria está completamente integrada de forma vertical. “Si tienes un puerto totalmente operado por China, como es el caso de Chancay en Perú y, en cierto grado, también Paranaguá en Brasil o Kingston en Jamaica, entonces vas a tener un ecosistema criminal que crece alrededor de ese puerto”, advirtió Hernández-Roy.
Chancay: la nueva puerta de entrada del crimen transnacional
La amenaza es aún mayor en los puertos de aguas profundas como Chancay. Diseñado para recibir los portacontenedores más grandes del mundo, este enclave permitirá movilizar enormes volúmenes de carga en menos tiempo y con menos controles. “Chancay no solo profundizará el déficit comercial existente, sino que abrirá una ruta directa para introducir actividades ilícitas sin intermediarios y con mínima supervisión”, advirtió a Diálogo Eduardo Gamarra, profesor de relaciones internacionales de FIU.
Pero el riesgo va más allá. Según Gamarra, no solo será la mercancía ilegal la que acentuará la criminalidad, sino también la llegada de una creciente ola migratoria procedente de China. “Perú se va a convertir en un puerto de entrada masiva de población china, y en toda diáspora hay un componente inevitable de criminalidad”, señaló.
Gamarra señala a Panamá como un caso paralelo, donde las redes criminales que operan dentro de la diáspora china han sido asociadas al narcotráfico, contrabando y redes de metanfetaminas, y actualmente se encuentran bajo estricta vigilancia del Gobierno panameño. “La magnitud de la inversión proyectada para Chancay, y su posición geoestratégica como nueva puerta del Pacífico, podría replicar e incluso escalar ese fenómeno en territorio peruano”, advirtió.
Cooperación selectiva y tolerancia a la ilegalidad
A la vulnerabilidad física y operativa de los puertos bajo control chino se suma la falta de compromiso por parte de Beijing en la lucha contra el crimen organizado. “China ya ha demostrado que su cooperación en este ámbito puede convertirse en una herramienta de presión diplomática”, advirtió Hernández-Roy.
“El control sobre la seguridad en puertos como Chancay podría utilizarse como moneda de cambio en negociaciones políticas, dejando a los gobiernos locales en una posición subordinada a los intereses de Beijing”, advierte Hernández-Roy.
Expertos coinciden en que no existe una separación real entre los intereses comerciales y políticos del régimen chino. “No podemos olvidar que el puerto de Chancay es el resultado de una decisión geoestratégica tomada por China hace tiempo”, subrayó Gamarra.
A este escenario se suma un historial de corrupción que ha salpicado múltiples proyectos de inversión chinos en la región, debilitando aún más los controles estatales y facilitando la infiltración de redes ilícitas. Un estudio del laboratorio de investigación AidData, publicado en 2021, reveló que el 35 por ciento de los proyectos financiados por China en el mundo presentan problemas vinculados a corrupción, impactos ambientales y violaciones laborales. “En toda la región, las empresas chinas han sido mencionadas en casos de sobornos y redes de comisiones ilegales que han beneficiado a funcionarios locales a cambio de contratos y acceso privilegiado”, añadió Gamarra.
Estas prácticas no solo debilitan las instituciones democráticas, sino que crean un terreno fértil para la infiltración del crimen organizado, al erosionar los controles estatales y dificultar la supervisión efectiva de megaproyectos. “El puerto de Chancay presentó irregularidades que desaparecieron ‘mágicamente’ durante las negociaciones, y cuando hay corrupción, la actividad delictiva le sigue inevitablemente”, advirtió Hernández-Roy.
Corredores del tráfico de fauna y flora
Puertos estratégicos bajo gestión opaca de China, resguardados por barreras culturales y lingüísticas, se han transformado en puntos clave para el tráfico de flora y fauna silvestre. Aunque históricamente la atención se ha centrado en el narcotráfico y el contrabando de minerales, hoy emerge este nuevo frente ilícito más sigiloso y menos regulado y que avanza a un ritmo acelerado.
Latinoamérica y el Caribe albergan cerca del 60 por ciento de la fauna silvestre del planeta, lo que convierte a la región en un objetivo privilegiado para redes criminales transnacionales. Según InSight Crime, el mercado negro chino de especies exóticas ha consolidado a China como el destino principal de este tráfico ilegal.
Desde maderas preciosas y aletas de tiburón hasta peces, reptiles, aves y felinos, los cargamentos parten de comunidades rurales marginadas y llegan a manos de organizaciones con acceso privilegiado a puertos y corredores logísticos. La demanda, que incluye desde medicina tradicional china hasta mascotas exóticas, mueve cerca de USD 23 000 millones anuales, informó InSight Crime.
Preocupa especialmente que investigaciones recientes confirman que este auge se asocia directamente con la expansión de inversiones chinas. En su estudio, El comercio ilegal de felinos silvestres y su relación con el desarrollo impulsado por China en América Central y del Sur, la Sociedad para la Biología de la Conservación (SCB) reveló que no se trata de comunidades chinas asentadas desde hace décadas, sino de la llegada reciente de trabajadores vinculados a megaproyectos como puertos, represas y carreteras.
En la misma línea, la periodista Sharon Guynup, para National Geographic, documentó que el tráfico de jaguares se disparó simultáneamente al avance de proyectos financiados por Beijing. Muchas redes criminales que antes se dedicaban solo al narcotráfico o la minería ilegal han incorporado los delitos ecológicos a su portafolio, duplicando así el tráfico de vida silvestre en la región.
La ubicación de estas inversiones ayuda a explicar el problema. Gran parte de las obras chinas se asientan en territorios remotos y selváticos, donde las fronteras entre economías legales e ilegales son difusas, facilitando el contacto entre trabajadores chinos y redes criminales locales.
En Bolivia, organizaciones ambientalistas y medios especializados, como Mongabay y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, han denunciado daños sociales y ambientales en la Amazonía, provocados por empresas mineras chinas que operan bajo la fachada de cooperativas locales. Según estas investigaciones, la presencia de compañías vinculadas a China se ha expandido en regiones de alta sensibilidad ecológica, impulsando la degradación de ecosistemas y conflictos con comunidades indígenas.
Reportes periodísticos y de ONG señalan además que estas operaciones han favorecido la apertura de caminos ilegales en parques nacionales, incluido el Madidi, uno de los puntos de biodiversidad más ricos del planeta, que alberga cerca del 14 por ciento de las especies del mundo. Estas rutas clandestinas, alertan los informes, se entrelazan con corredores del narcotráfico y otros comercios ilegales, consolidando una red de criminalidad ambiental transnacional que trasciende las fronteras bolivianas.
La explotación se ve reforzada por el mercado de exportación de Bolivia. En 2021, la industria de la madera en Bolivia exportó alrededor de USD 96 millones en productos forestales, según datos de Climate Diplomacy y el Banco Mundial. China figura entre los principales destinos de estas exportaciones, lo que refuerza su papel como actor clave en la cadena de explotación de los recursos amazónicos. Organizaciones ambientales advierten que gran parte de esta madera proviene de zonas con supervisión gubernamental limitada, donde la tala ilegal y la minería se retroalimentan en una misma dinámica de depredación.
El impacto ambiental de este modelo quedó en evidencia en 2021, cuando la revista científica Nature Ecology and Evolution reveló que uno de cada seis proyectos financiados por bancos estatales chinos violaba ecosistemas naturales, una cuarta parte intervenía en áreas protegidas y un tercio invadía territorios indígenas.
Alerta: exportando extinción
Tras décadas de lenta recuperación impulsada por tratados internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el jaguar, antiguo símbolo de poder y guardián de los bosques latinoamericanos, vuelve a estar en la mira del crimen organizado.
Informes han señalado que la amenaza ya no proviene de la alta costura ni de la caza deportiva, como en el pasado, sino del mercado negro asiático, donde colmillos, pieles y huesos alcanzan precios desorbitados.
Un informe publicado en la revista científica Conservation Biology señala que, entre 2012 y 2018, más de 800 jaguares fueron cazados en Centro y Sudamérica para ser contrabandeados hacia China. Una cifra alarmante que representa únicamente los casos interceptados por las autoridades.
La organización Earth League International (ELI), especializada en delitos ambientales de alto impacto, identificó a Bolivia como epicentro de esta amenaza. Allí opera la red criminal SA4, vinculada a la mafia china de Fujian y dedicada al tráfico de colmillos y huesos de jaguar. El negocio, advierte ELI, ha encontrado apoyo logístico en una comunidad que asciende a al menos 8000 ciudadanos chinos residentes en Bolivia, que facilita el envío de cargamentos ilegales a Asia.
Pero el fenómeno no se limita a Bolivia. En Perú y Surinam, redes como SA1 y SA8, también de origen chino, han expandido la caza ilegal de jaguares, mientras diversifican sus operaciones hacia el blanqueo de capitales y otros delitos económicos.
Lo más alarmante, según denuncia ELI, es la inacción estatal. En el caso de Bolivia, la organización acusa al Gobierno de guardar silencio para no poner en riesgo las relaciones diplomáticas con China.
En Perú, el panorama no es menos preocupante. Según el centro de estudios Doublethink Lab, el país andino ocupa el quinto lugar en en el mundo con mayor influencia china. De acuerdo con datos de ELI, el 70 por ciento de la madera exportada desde el puerto del Callao hacia China tiene origen ilegal. En 2021, el entonces gobernador de Madre de Dios fue acusado de liderar una red de tráfico forestal vinculada a empresas chinas, revelando la profundidad de estas conexiones criminales.
La amenaza a la biodiversidad se extiende más allá del jaguar. En México, la totoaba, un pez en peligro crítico de extinción, se ha convertido en el nuevo “oro marino”. Su vejiga natatoria puede alcanzar hasta USD 50 000 por kilogramo en el mercado negro chino. Redes del país asiático como M2 y M3 han sido identificadas como líderes en esta actividad ilegal y también actúan como intermediarias financieras entre cárteles latinoamericanos y mafias chinas, reportó ELI.
En Colombia, por su parte, en 2021 se incautaron 3493 aletas de tiburón en el aeropuerto de Bogotá con destino a Hong Kong, mientras el saqueo indiscriminado de madera continúa expandiéndose sin control.
A esta compleja red de tráfico de flora y fauna se suma la expansión de la pesca ilegal impulsada por redes criminales transnacionales con vínculos con China.
“El avance de puertos estratégicos de aguas profundas como Chancay, combinado con el crecimiento de redes criminales vinculadas a China, augura un preocupante incremento de la pesca ilegal, con serias implicaciones para la seguridad marítima y la soberanía regional”, concluyó con esta advertencia Gamarra.
