El grave deterioro institucional en Haití, sumado a la implacable expansión del control territorial de las pandillas, ha transformado al país en un nodo crucial para las rutas del narcotráfico en el Caribe. Esta situación interconecta las cadenas de suministro de Sudamérica con los mercados de Norteamérica a través del espacio marítimo caribeño, constituyendo un riesgo creciente para la seguridad regional. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Consejo de Seguridad emitieron severas advertencias sobre este alarmante cambio en la dinámica criminal, señalando que las pandillas controlan ahora alrededor del 90 por ciento de la capital y de los puntos marítimos estratégicos.
La erosión sistémica de las capacidades estatales ha convertido a Haití en un punto operativo del tráfico ilícito a gran escala. A principios de julio de 2025, se registró la mayor incautación de drogas en más de tres décadas, con la confiscación de 1045 kilogramos de cocaína frente a la Isla de la Tortuga. Apenas dos semanas después, se decomisaron 426 kg de cannabis en el norte del país mientras que, en el mismo mes, en Jamaica fueron arrestados dos ciudadanos haitianos con más de 1350 kg de esta droga, según detalla la UNODC.
La cocaína incautada procedía de Sudamérica y tenía como destino el Caribe y los Estados Unidos, agregó ONODC. La agencia también documentó cadenas logísticas que llegaban hasta Europa. En agosto de 2025, este alcance global se confirmó cuando las autoridades belgas decomisaron 1156 kg de cocaína en el puerto de Amberes, ocultos en un contenedor proveniente de Haití tras transbordarse en Kingston.
Rutas vulnerables y control criminal
Las porosas fronteras terrestres y marítimas de Haití, junto con su proximidad a los Estados Unidos, lo han posicionado como un corredor habitual para el narcotráfico. Las drogas ingresan al país por aire y mar desde Colombia y Venezuela, o se trasladan por tierra a través de la frontera con la República Dominicana. Los flujos ilícitos se ven facilitados por la grave erosión de la presencia institucional en Haití y los retos geográficos inherentes a la frontera de 391 kilómetros, donde muchas rutas ilegales eluden, incluso los puestos de control más robustos mantenidos por las autoridades vecinas.
Armado Rodríguez Luna, miembro de la consultoría mexicana Nzaya, especializada en seguridad, ley y gobernabilidad, señala que “Haití ofrece un entorno de bajo costo para las economías ilícitas. Las pandillas que operan en el país, históricamente vinculadas al tráfico ilegal de bienes, son fácilmente reclutadas, en parte porque carecen de un mercado ilegal interno amplio”. Esta realidad estructural obliga a estos grupos a depender de las rentas obtenidas al facilitar el tránsito de mercancías ilícitas para redes criminales transnacionales externas.
Rodríguez Luna también destaca que las pandillas ahora controlan territorios costeros específicos, como la zona de los Cayos y la Isla de Tortuga, que sirven como “plataformas de almacenamiento” logísticas para envíos ilícitos. La geografía fragmentada y el acceso limitado dificultan el patrullaje sostenido, incluso para las operaciones de interdicción de alto nivel realizadas por los Estados Unidos en coordinación con sus socios del Caribe.
En este entorno, los grupos criminales han aumentado su influencia sobre las rutas marítimas, cobrando peajes a embarcaciones que pasan y participando en robos armados en el mar. La UNODC ha documentado además el intercambio de armas por drogas, evidenciando el nivel de cooperación entre pandillas haitianas y redes regionales del crimen organizado en Jamaica y las Bahamas.
Expansión de las pandillas y auge de Viv Ansanm
Haití alberga cientos de pandillas, pero el panorama ha pasado de facciones fragmentadas a un bloque de poder consolidado conocido como Viv Ansanm (Vivir Juntos). Esta coalición, que unió a los antiguos rivales G9 y G-Pep, ejerce ahora un control de facto sobre la mayor parte de Puerto Príncipe y las autopistas vitales que conectan la capital con los puertos del norte y la frontera con la República Dominicana.
La influencia de estas estructuras criminales se expandió tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, un crimen que aún permanece sin esclarecer. Este persistente vacío político y el deterioro de la seguridad interna han transformado la crisis haitiana en un catalizador de una mayor estabilidad regional. Viv Ansanm ocupa ahora corredores estratégicos utilizados para el tráfico de drogas, armas y otros contrabandos. Este dominio territorial les permite extorsionar a las poblaciones locales, sistematizando “impuestos ilegales” sobre todo el comercio, al tiempo que agilizan el flujo de narcóticos hacia los mercados norteamericanos y europeos.
La violencia resultante ha desplazado a cerca de 1,3 millones de personas y ha profundizado la inseguridad alimentaria. Además, los informes indican que los menores de edad representan alrededor del 50 por ciento de los integrantes de las pandillas, un indicador alarmante del colapso social que alimenta la expansión criminal.
Respuesta internacional
La consolidación del poder de las pandillas ha impulsado una respuesta internacional más robusta y especializada. En septiembre de 2025, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) autorizó la transición de la anterior misión de apoyo a la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF). Este nuevo mandato está diseñado específicamente para “operaciones específicas contras las pandillas basadas en la inteligencia” con el fin de neutralizar y disuadir a las organizaciones criminales.
Los Estados Unidos respaldan esta iniciativa mediante apoyo diplomático y logístico. En diciembre de 2025, el secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, anunció que la comunidad internacional había asegurado compromisos con hasta 7500 efectivos de distintos países para la GSF. Para mejorar la eficacia de la Policía Nacional de Haití (PNH), los EE. UU. donaron ese mismo mes un cargamento de 25 nuevos vehículos blindados de transporte de personal, con el fin de aumentar la movilidad en los teatros de operaciones de alto riesgo.
La UNODC también ha desempeñado un papel fundamental en el refuerzo de la soberanía haitiana en las fronteras. A lo largo de 2025, la agencia entregó vehículos blindados y más de 350 equipos balísticos especializados a la POLIFRONT (la policía fronteriza especializada) y proporcionó equipo de alta tecnología a la Guardia Costera de Haití. Estos esfuerzos se complementan con módulos de capacitación intensiva en tecnologías avanzadas de escaneo e intervención táctica, lo que garantiza que los países socios no solo proporcionen “botas sobre terreno”, sino también la capacidad profesional para mantener la seguridad.
Riesgos para la cuenca del Caribe
Rodríguez Luna advierte que “la expansión del modelo criminal en Haití plantea riesgos crecientes para el Caribe, en especial para islas con capacidades limitadas de vigilancia marítima. A pesar del refuerzo de los controles marítimos y de la creación de un “Grupo Permanente de Socios” —que incluye a los Estados Unidos, Bahamas, Canadá, Kenia, Jamaica, El Salvador y Guatemala), sugiere que Haití podría consolidarse como un centro funcional para el crimen organizado si no se mantiene la recuperación institucional.
A pesar del fortalecimiento de los controles marítimos y de la cooperación regional, añade que “Haití podría consolidarse como un nodo funcional del crimen organizado, desplazando las economías ilícitas hacia territorios con menor capacidad estatal y ampliando los riesgos para la seguridad regional”.
Según el analista, frenar la trayectoria del crimen en Haití requiere una estrategia a largo plazo centrada en la reconstrucción institucional y la recuperación sistemática de la soberanía territorial. Los EE. UU. y la República Dominicana están en posición de liderar este esfuerzo, con el apoyo de socios regionales a través de inversiones sostenidas y asistencia técnica.
“El costo de la inacción ya es visible. La crisis humanitaria se profundiza y Haití refuerza su papel en las economías ilícitas transnacionales”, concluye Rodríguez Luna. “En un Caribe con capacidades desiguales de vigilancia, esto puede tener efectos persistentes sobre la estabilidad regional y la seguridad hemisférica”.
