Si las construcciones a gran escala lideradas por China se han visto empañadas por problemas en Latinoamérica, desde impactos ambientales y sociales hasta violaciones de los derechos humanos y trabajos de mala calidad, por nombrar solo algunos, otros proyectos de infraestructura financiados por China han sufrido años de retrasos, cancelaciones o simplemente han quedado sin terminar. Estas preocupaciones y críticas recurrentes forman parte del historial del Partido Comunista Chino.
“En general, los incumplimientos de los contratos de las empresas chinas son constantes y muchas veces terminan en informes con glosas de la Contraloría y procesos judiciales. Esto se debe a que la fiscalización que se realiza a las obras es muy débil, casi inexistente”, explica a Diálogo Arturo Torres Ramírez, director del portal ecuatoriano de investigación Código Vidrio. Según el periodista, “por esas deficiencias en la fiscalización, las empresas chinas utilizan material y equipos de mala calidad y, en algunos casos, subcontratan, para reducir costos, la realización de las obras a empresas que no tienen buenos estándares de calidad”.
En Colombia, la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, Metro Línea 1, a cargo del consorcio chino Apca Transmimetro, liderado por China Harbour Engineering Company (CHEC) y Xian Rail Transportation Group Company Limited, ha enfrentado retrasos significativos. En 2023, la empresa fue multada por no entregar estudios y diseños preliminares a tiempo, y el proyecto hasta ahora está completado solo parcialmente. CHEC, una filial de China Communications Construction Company (CCCC), incluida en la lista negra del Banco Mundial en 2009, es conocida por su mal desempeño en todo el mundo, pero tiene muchos proyectos en Latinoamérica, de los cuales aproximadamente la mitad están sin terminar.
En Costa Rica, el proyecto de ampliación de la Ruta Nacional 32, que conecta la capital San José con el puerto de Limón, se inició en 2017 con una fecha de finalización prevista para octubre de 2020, pero sigue sin completarse, ha superado el presupuesto y adolece de defectos de diseño. En la década de 2000, CHEC también manifestó su intención de invertir en modernizar el puerto de Ilo, en Perú, y construir un ferrocarril de doble vía que lo conecte con Santa Cruz (Bolivia) y Mato Grosso (Brasil), con una inversión estimada de USD 4 000 millones, el proyecto no ha pasado de los estudios preliminares.
“China llega tarde a la internacionalización de sus empresas respecto a otros países como Japón y Europa. A inicios de este proceso, el conocimiento de estas empresas en temas legales, sobre los procesos de licitación, de regulación, sobre proveeduría, medioambiente y laboral fue muy escaso. Por eso en algunos casos los errores de las empresas chinas han generado masivo descontento local, huelgas y cierre de proyectos de infraestructura”, dice a Diálogo Enrique Dussel Peters, Coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Las empresas chinas son conocidas por no cumplir las normas internacionales en materia de medio ambiente y derechos humanos, lo que provoca degradación y abusos.
El impacto social
La mayoría de las obras chinas retrasadas o inacabadas conllevan también un fuerte impacto social. En Perú, por ejemplo, el proyecto de saneamiento Nueva Rinconada, liderado por China Machinery Engineering Corporation (CMEC) en la provincia de Lima, fue iniciado en 2021 para mejorar el acceso a agua potable y alcantarillado. Sin embargo, ha enfrentado retrasos significativos y problemas financieros. Empresarios locales han protestado el pasado febrero por no haber recibido pago por servicios brindados relacionados al proyecto. Más de medio millón de habitantes sigue teniendo problemas con el suministro de agua potable.
Y siempre es la población local la que sufre por las obras inacabadas, también en Puno, en la frontera con Bolivia. En esta ciudad peruana, la construcción del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón fue adjudicada en 2022 a un consorcio liderado por las empresas chinas Weihai Construction Group Company Limited y China Railway N°10 Engineering Group Co. Ltd. (sucursal del Perú). El Gobierno Regional de Puno anuló el contrato debido a diversas irregularidades detectadas durante el proceso de licitación y ejecución de la obra.
“Hay un deterioro de los servicios para la comunidad porque las obras se quedan inconclusas”, dice Ramírez. Un ejemplo claro es el proyecto de China CAMC Engineering Co Ltd por USD 40 millones para la construcción de 2100 casas en Ecuador. “Hubo retrasos de más de dos años en la entrega de las casas a los habitantes de barrios pobres, por paralizaciones en las obras. El contrato se financió con un crédito del Banco de Desarrollo de China», explica el periodista.
En el norte de Ecuador, a San Miguel de Urcuquí, las empresas chinas Gezhouba y China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) fueron contratadas entre 2013 y 2015 por aproximadamente USD 233 millones para desarrollar infraestructura clave en la Ciudad del Conocimiento, que incluye la universidad Yachay Tech. La idea era crear un centro para la innovación tecnológica y las empresas intensivas en conocimiento. Sin embargo, varios edificios quedaron inconclusos o presentaron fallas estructurales, afectando el desarrollo académico de la universidad. A pesar de contar con más de 1000 estudiantes, la universidad enfrenta limitaciones en aulas, laboratorios y servicios básicos.
Impacto medioambiental
El medioambiente también paga su precio por las obras inacabadas de las empresas chinas. La Contraloría General del Perú ha identificado demoras e irregularidades en proyectos gestionados por empresas chinas, incluso China Railway 20 Bureau Group Corporation (CR20), una filial de la estatal China Railway Construction Corporation (CRCC). Un informe de 2022 señaló que tres obras viales en la sierra peruana, adjudicadas a CR20, presentaban retrasos y posibles daños ambientales debido a la falta de certificación ambiental y diseños específicos.
En el departamento de Ancash, en el centro de Perú, un consorcio integrado por filiales de China Railway Group Limited (CREC), fue contratado en 2021 para la ejecución del proyecto de mejoramiento y conservación de la Carretera Longitudinal de Conchucos pero abandonó la obra en 2022 tras completar solo 20 kilómetros de afirmado.
La central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, en el noreste de Ecuador, también funciona sólo parcialmente. Según el sitio de noticias ecuatoriano Primicias por las fallas en su construcción y los riesgos naturales su utilización podría quedar totalmente paralizada. La empresa estatal china Sinohydro, que la construyó, también ha sido acusada de corrupción por las autoridades del país latinoamericano.
“Pese a las consecutivas denuncias de varios proyectos chinos con corrupción, solo en este caso se han encontrado evidencias de pago de coimas. Cai Runguo está procesado en el caso Sinohydro, pues fue embajador de China en Ecuador y luego representante legal de la empresa cuando se configuró el esquema de sobornos por más de USD 76 millones para construir la obra”. Runguo abandonó el Ecuador en 2016. “La Fiscalía ha solicitado diez cooperaciones penales a China para que rinda su declaración. Ninguna ha tenido respuesta”, dice Ramírez.
Los proyectos paralizados de China en Latinoamérica no solo plantean alertas socioambientales, sino que también ensombrecen la estabilidad económica, la trayectoria de desarrollo y el bienestar de la población de la región.
