Latinoamérica ha experimentado un notable incremento de ciberataques atribuidos a grupos respaldados por el Partido Comunista de China (PCCh), lo que pone de relieve una amenaza creciente y persistente para la infraestructura digital de la región. Según el Informe del Panorama de Amenazas en América Latina para 2025, elaborado por la empresa de tecnología de ciberseguridad Crowdstrike, en 2024, las actividades de colectivos vinculados al PCCh crecieron un 150 por ciento en comparación con el año anterior.
Entre los grupos identificados están Vixen Panda, Aquatic Panda y Liminal Panda, que han dirigido sus operaciones hacia redes gubernamentales, infraestructuras de telecomunicaciones y sistemas de defensa. CrowdStrike señala que estos grupos utilizan tácticas de infiltración persistente, movimiento lateral en redes y extracción de datos, alineándose sus operaciones con los intereses estratégicos del PCCh.
“Pekín provee recursos directos a estos grupos. Muchos de sus miembros han sido entrenados dentro del Ejército de China, que cuenta con una unidad cibernética formal. Algunos de estos elementos se integran después en colectivos que operan como amenazas persistentes avanzadas (APT)”, explicó a Diálogo Víctor Ruiz, fundador del centro de ciberseguridad SILIKN en México.
Ruiz también destacó que, además del respaldo de Pekín, estos grupos poseen autonomía financiera. “Cuentan con tácticas definidas, herramientas sofisticadas y acceso a fondos sustraídos de bancos o criptomonedas, lo que les permite llevare a cabo operaciones de largo alcance”.
Países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana, han sido blanco de estas campañas. Los ataques han explorado vulnerabilidades en servicios críticos que utilizan tecnología 5G, almacenamiento en la nube y centros de datos proporcionados por empresas de China, indica el informe de Crowdstrike.
La Ley de Seguridad de Datos de China obliga a sus empresas a compartir información con el régimen por motivos de seguridad nacional. Esta obligación legal crea un canal directo para el acceso a los datos, una preocupación que se amplifica cuando las empresas chinas proporcionan infraestructuras críticas. Por ejemplo, Pekín ha ofrecido servicios de conectividad 5G a gobiernos latinoamericanos. Este despliegue generalizado de redes 5G chinas y del almacenamiento en la nube y los centros de datos asociados es motivo de alarma, ya que podría proporcionar acceso oficial al tráfico de red y a los flujos de datos sensibles de la región, facilitando el espionaje.
Riesgos estructurales
“Utilizar infraestructura tecnológica de China aumenta la exposición de los países latinoamericanos. Empresas como Huawei, por ley, deben compartir información con el PCCh, lo que permite cruzar datos entre lo que recogen legalmente y lo que obtienen grupos APT como los Pandas. Así, el espionaje combina capacidades civiles y militares”, advirtió Ruiz.
“El riesgo se amplifica cuando proveedores extranjeros gestionan infraestructura crítica. Si una empresa detecta información sensible, puede transferirla al régimen, que a su vez la entrega a un grupo APT. Esto complica la atribución internacional, ya que los ataques son adjudicados a actores desconocidos, no al proveedor ni al gobierno involucrado”, añadió.
Cooperación hemisférica y capacidades conjuntas
Reconociendo la persistente amenaza del ciberespionaje, la cooperación internacional se ha convertido en una piedra angular de la estrategia de defensa de Latinoamérica. El Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), por ejemplo, colabora activamente con varios gobiernos latinoamericanos para revisar la seguridad de sus infraestructuras digitales. Estas evaluaciones han detectado rastros de infiltración cibernética vinculada a actores estatales chinos.
Por ejemplo, en diciembre de 2024, Costa Rica y los EE. UU. revelaron que, tras una revisión conjunta, se identificaron infiltraciones desde China en sistemas de telecomunicaciones costarricenses. Un mes antes, una evaluación similar en Paraguay detectó en redes gubernamentales la presencia del grupo Flax Typhoon, vinculado al PCCh.
Tras un importante ciberataque en 2022 por parte del grupo de ransomware Conti, vinculado a Rusia, los Estados Unidos proporcionaron una inversión inicial de USD 25 millones a Costa Rica para reforzar las capacidades de ciberseguridad del país, lo que condujo a la creación de su Centro de Operaciones de Seguridad. SOUTHCOM amplió esta inversión con una iniciativa de asistencia en materia de seguridad de casi USD 10 millones para robustecer las capacidades de ciberseguridad del Ministerio de Seguridad Pública. En octubre de 2024, Costa Rica también anunció la creación de laboratorios de ciber inteligencia y forenses, así como una red segura de intercambio institucional, con apoyo de la Unión Europea (UE), según CrowdStrike.
A lo largo de 2024, continuó el impulso para fortalecer la alianza. Argentina y Uruguay firmaron memorandos de entendimiento con los EE. UU., para mejorar la cooperación en ciberdefensa y fomentar alianzas tecnológicas público-privadas, detalla el informe de CrowdStrike. Paraguay se adhirió a una versión ampliada del convenio sobre cibercrimen promovido por la UE, al tiempo que Chile firmó un acuerdo con esa entidad para mejorar la ciberresiliencia regional.
“Estados Unidos ha establecido acuerdos estratégicos con algunos países de la región, pero es necesario ampliar esa cooperación”, indicó Ruiz. “Estos convenios permiten conocer capacidades cibernéticas de los aliados y anticipar amenazas, como ocurrió en los casos de Costa Rica y Paraguay”.
Subestimación del riesgo
Según el informe LatAm Cyber Summit 2024, de Cybersecurity for Critical Assets (CS4CA), una serie de cumbres mundiales que reúnen a profesionales de la ciberseguridad, la región registra más de 1600 ciberataques por segundo. En algunos países, las pérdidas económicas superan el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y pueden alcanzar el seis por ciento cuando afectan infraestructura crítica.
“En Latinoamérica no se ha dimensionado el riesgo que representa el espionaje digital vinculado al Partido Comunista de China. El problema no es solo la falta de conciencia, sino la ausencia de prioridad. Muchos gobiernos permiten el despliegue de tecnológica de China en telecomunicaciones, sin establecer mecanismos de monitoreo ni medidas de seguridad adecuadas”, concluyó Ruiz.
