La relación entre China y Latinoamérica, a menudo presentada como una asociación de beneficio mutuo, abarca implicaciones que trascienden el comercio y la inversión. Bajo el discurso del “ganar-ganar”, surgen interrogantes sobre el impacto ambiental, el aumento de la deuda externa, el control sobre infraestructura crítica y la expansión tecnológica, que podrían tener consecuencias significativas para la autonomía regional.
Según el Council on Foreign Relations (CFR), un laboratorio de ideas estadounidense, Pekín ha consolidado su presencia en la región a través de la “cooperación Sur-Sur”, que se basa en comercio, inversión y asistencia. Sus iniciativas de poder blando, que incluye intercambios culturales, visitas oficiales y programas educativos, ha incrementado la cercanía diplomática con varios gobiernos, proyectando una imagen de “socio confiable”.
Rosa María Marcuzzi, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó a Diálogo que el Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), creado en 2014, ha sido una de las principales herramientas empleadas por el régimen chino para afianzar su influencia en Latinoamérica.
“En su más reciente reunión, celebrada en mayo, participaron altos mandatarios de la región, entre ellos los presidentes de Brasil, Chile y Colombia, junto al presidente chino. En el marco CELAC, se firmó un nuevo plan de acción 2025-2027 en áreas como tecnología, energías renovables y telecomunicaciones”, dijo Marcuzzi. Aunque el foro proyecta una relación estratégica integral, “persiste un déficit comercial” en varios países de la región, señaló.
China también condiciona sus relaciones a la ruptura de vínculos con Taiwan, una presión que ha sido efectiva en varios países. Su acercamiento con Cuba, Nicaragua y Venezuela ha reforzado lazos con gobiernos que no se rigen por principios democráticos.
Interés por recursos y control logístico
La demanda de recursos naturales impulsa el interés económico de China en la región. El Triángulo del Litio –Bolivia, Argentina y Chile– concentra una parte relevante de las reservas globales de este mineral, clave para la industria tecnológica y militar. Según el medio mexicano Grupo Fórmula, asegurar acceso al litio es estratégico para el desarrollo industrial chino.
En Perú, el puerto de Chancay, inaugurado en 2024 y propiedad mayoritaria de la empresa china COSCO Shipping, ejemplifica esta expansión. El puerto refuerza las exportaciones de materias primas estratégicas y productos agrícolas de la región. Además, ha sido calificado como un espacio que podría albergar tanto actividades comerciales como militares.
China ha invertido en más de 129 puertos en el planeta y controla al menos 17 puertos latinoamericanos como parte de una estrategia logística global, según la revista europea de asuntos exteriores Modern Diplomacy. Este control le permite ejercer presión sobre gobiernos locales, obtener ventaja frente a competidores occidentales y recabar información sensible sobres los movimientos regionales, consolidando así su presencia geopolitíca en zonas ricas en minerales.
Vladimir Rouvinski, director del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI en Colombia, advirtió a Diálogo que, de continuar la tendencia actual, “en 10 años será imposible desvincularse de China”. Señaló que varios gobiernos de la región “no están considerando las lecciones de otros países que han cedido sectores estratégicos, lo que podría generar riesgos serios en el futuro”.
Financiación, deuda y tratados bilaterales
La inversión directa y el financiamiento directo de China, canalizados principalmente por bancos estatales, se destinan a proyectos de infraestructura y energía. En muchos casos, se aseguran condiciones que garantizan el acceso a recursos naturales como el petróleo. Venezuela ha sido el principal receptor, seguida por Brasil, según el CFR.
Aunque estas inversiones presentan condiciones más flexibles, han generado riesgos de sobreendeudamiento. En varios países se han iniciado procesos de renegociación. En Chile por ejemplo, se advierte sobre una creciente dependencia económica.
China ha firmado tratados de libre comercio con Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Perú. Las negociaciones con Uruguay no prosperaron por la postura del Mercosur, abundó. Más de 20 países, incluido recientemente Colombia y Ecuador, se han sumado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, con la que Beijing busca consolidar su influencia global.
“China adapta su estrategia según las condiciones de cada país”, comentó Rouvinski. “Cuando encuentra poca supervisión o escasa transparencia, tiende a avanzar con acuerdos menos abiertos y condiciones financieras más estrictas, elevando los riesgos de dependencia”.
Tecnología y autonomía digital
La participación de empresas chinas como Huawei y ZTE en infraestructura digital regional, visible en Brasil, Colombia y México, genera preocupación. Según 3GIMBALS, una consultora de inteligencia para la seguridad nacional, el marco legal de China facilita la cooperación de estas empresas con agencias de inteligencia, lo que plantea riesgos para la protección de datos y las comunicaciones. Las redes 5G, centros de datos, servicios en la nube y ciudades inteligentes le han otorgado a China acceso a la infraestructura digital de la región, detalló. Esta presencia tecnológica puede limitar la capacidad de los Estados para tomar decisiones autónomas y sostenibles en el ámbito digital, precisó el sitio de ciberdefensa.
En Costa Rica, el caso de Huawei ha sido ilustrativo. Tras obtener contratos 3G en el país en 2009, la empresa ha sido cuestionada por su estrategia de despliegue 5G. Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior costarricense, señaló “una presión inusual del Gobierno chino en los procesos de licitación”, dijo en entrevista con FDI Intelligence, una publicación del diario Financial Times.
En agosto de 2023, Costa Rica prohibió proveedores 5G de países no adheridos al Convenio de Budapest, excluyendo a todas las empresas chinas, incluida Huawei. A pesar de esto, en abril de 2024, Huawei organizó un evento para empleados del Instituto Costarricense de Electricidad, incluyendo a un funcionario clave en contratos públicos, generando cuestionamientos de intereses, informó FDI Intelligence.
“La creciente presencia de empresas chinas en sectores estratégicos como telecomunicaciones, puertos, energía y minería, debería ser motivo de atención para toda Latinoamérica”, advirtió Rouvinski. “A largo plazo, el control de estos activos podría implicar riesgos estratégicos significativos para la soberanía regional”.
La integración de sistemas chinos de inteligencia artificial y almacenamiento de datos refuerza la dependencia tecnológica de Latinoamérica y amplía la influencia de China, afirma 3GIMBALS. Para contrarrestar, recomienda diversificar proveedores, impulsar alianzas digitales seguras y fortalecer la cooperación en ciberseguridad.
Medio ambiente y tensiones sociales
El estudio de la Universidad de Oxford China en Latinoamérica, destaca que el comercio y la inversión china en la región han estado asociados a degradación ambiental y conflictos sociales. Los proyectos financiados por Pekín se concentran en minería, petróleo y agricultura, en zonas de alta biodiversidad y vulnerabilidad ecológica.
Estos desarrollos han intensificado la presión sobre ecosistemas frágiles y generado tensiones con comunidades locales. Además, obras vinculadas al modelo extractivo, como represas, carreteras y ferrocarriles.
Algunos gobiernos han comenzado a responder. En Ecuador, tras protestas contra proyectos chinos del Mirador y Río Blanco, se reforzó el rol del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. En Panamá, las autoridades suspendieron licencias mineras luego de movilizaciones locales, impulsando una revisión del cumplimiento ambiental.
Mitigar los riesgos
Para evitar relaciones asimétricas con China, Marcuzzi sugiere que los países de la región “refuercen sus economías internas, atiendan desigualdades sociales y fortalezcan sus democracias”. Solo con bases sólidas, señaló, “se podrá negociar con Pekín desde una posición más equitativa y proteger sus intereses a largo plazo”.
En última instancia, “la clave reside en la promoción de un debate público más profundo y una mayor conciencia sobre las implicaciones de la colaboración con China (…)”, finalizó Rouvinski. “La falta de cuestionamiento sobre la transparencia de sus acuerdos y la dependencia adquirida representan un reto fundamental que demanda atención”.
