La empresa de construcción China Railway Group Limited (CREC) se encargará de la elaboración, diseño y construcción de la carretera Potosí-Cochabamba en Bolivia. El proyecto podría acabar con la riqueza ecológica del departamento potosino, indica la plataforma de periodismo de investigación independiente Diálogo Chino.
“En la última década las inversiones chinas en cuestión minera y la construcción de obras de infraestructuras como carreteras entraron con fuerza en Bolivia”, dijo a Diálogo el 20 de agosto la especialista ambiental Mariel Guerra, integrante de la ONG Sociedad Potosina de Ecología, de Bolivia. “Donde va [Beijín] genera un montón de problemas ambientales, laborales y sociales”.
El proyecto denominado preliminarmente Carretera de la Integración Tiku, por la danza tradicional del departamento andino, comenzará en Tinguipaya, Potosí, y concluirá en Achamoco, Cochabamba. Tendrá una extensión de 259 kilómetros, de los cuales 222 cruzarán por el territorio de más de 30 comunidades indígenas, precisó la plataforma de periodismo.
Igualmente señaló que el trayecto que conectará ambos departamentos, dañará zonas arqueológicas, varios pisos ecológicos y un yacimiento de minerales. Potosí es una tierra fértil, donde la mayoría de los comuneros se dedican a la producción agrícola, posee una gran biodiversidad de fauna, y es rico en recursos minerales.
“La empresa china piensa iniciar la carretera en 2023. Si es así, obviamente va a arrancar sin un estudio de impacto ambiental”, precisó Guerra. “El problema con este tipo de proyectos es que no cuentan con licencia ambiental”.
Otros intereses
CREC dice que el proyecto caminero mejorará la calidad de vida de las comunidades potosinas. “Pero el proyecto está casado a otro tipo de intereses que el mero bienestar de las comunidades”, señaló Guerra. “La carretera va a pasar por el yacimiento Mallhu Khota, donde hay toneladas de oro, plata, cobre, indio y galio. Más bien la empresa [CREC] busca explotar esa mina”.
El interés de China por Bolivia “son sus recursos mineros como el oro, y la explotación del litio para la fabricación de las baterías de los vehículos eléctricos”, abundó la especialista ambiental. “El estar en el negocio de la construcción de carreteras les abre caminos para facilitar esa explotación”, aseveró.
Por ejemplo, tan solo en los últimos cuatroaños, otra compañía china, la empresa estatal China Harbour Engineering Company Ltd., se adjudicó la construcción de siete obras viales, señala en Internet la agencia de noticias boliviana Los Tiempos. Hasta octubre de 2019, Beijín tenía en Bolivia más de 60 compañías desarrollando 55 proyectos “de cooperación”, comunica el diario boliviano El Deber.
Vulneraciones
Una característica de las relaciones entre China y Bolivia es la escasa información, las contradicciones en las declaraciones de autoridades y la no divulgación de acuerdos y convenios de financiamiento, dice el reporte Inversión pública y financiamiento chino en América Latina, de la ONG latinoamericana Coalición Regional.
“Las empresas chinas hace contratos con el Gobierno [de Bolivia] obligándolo a contratar una parte de su personal”, manifestó Guerra. “Está llegando mucha gente de China a trabajar en el país, entonces también quitan trabajo. Son depredadores”.
CREC es una de las firmas más denunciadas en Bolivia, por la vulneración de derechos socio-laborales como el maltrato físico y psicológico y la falta de seguridad industrial y social, señala en Internet el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, de Bolivia.
El proyecto Potosí-Cochabamba “no solo generará impactos ambientales, sino impactos sociales. A algunas comunidades les dijeron que los va a retirar de sus lugares para que pueda pasar la carretera; entonces, culturalmente los sacan de su ambiente. También afectará la fauna; es un montón de cosas que no están tomando cuenta”, detalló Guerra.
La serie de patrones de abusos a los derechos humanos por parte de firmas chinas que operan en Latinoamérica son, entre otros, el derecho a vivir en un medio ambiente sano; daños ambientales; violación a la participación y consulta; el derecho al territorio; integridad, libertad y seguridad; derechos laborales y de asociación, y la salud, indica en Internet el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente, un consorcio de organizaciones de la sociedad civil latinoamericana.
Guerra comentó que algunos activistas están llegando a las comunidades que se verán afectadas por el proyecto carretero, para brindarles asesoramiento no solamente técnico sino también jurídico, para que tengan las armas para defenderse.
“Mientras, China empezará a despoblar los lugares por donde pasará la carretera Potosí-Cochabamba, y generará una fuerte migración interna”, concluyó Guerra. “Cuando realmente nos demos cuenta de esos efectos va a ser muy tarde para todos”.