Una investigación del Banco Mundial (BM) reveló numerosas violaciones en el proyecto de una carretera de 200 kilómetros con un costo de USD 230 millones en Bolivia, desarrollado por la estatal China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), un actor clave en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Pekín, reportó la organización internacional sin ánimo de lucro Centro de Recursos sobre Negocios y Derechos Humanos (BHRRC).
CSCEC, que alguna vez estuvo en la lista negra del BM y que opera en más de 100 países y trabaja en proyectos de infraestructura como autopistas, aeropuertos, puertos y distribución de energía, obtuvo en 2018 un contrato para construir la vía San José de Chiquitos-San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, con el respaldo financiero del BM, refiere en Internet el informativo sudamericano Noticias del Mundo.
El objetivo del proyecto es ampliar y pavimentar un camino existente para mejorar el tráfico a lo largo del corredor vial, beneficiando aproximadamente a 125 000 residentes, de los cuales el 62 por ciento son indígenas. Sin embargo, los indígenas denunciaron que no hubo consulta libre, previa e informada sobre el proyecto en su tierra, según la Red Ambiental de Información. La carretera también atraviesa los bosques secos chiquitanos, un ecosistema único y biodiverso.
China es el principal acreedor bilateral de Bolivia. La mayoría del financiamiento chino se ha destinado a la infraestructura vial, especialmente corredores de exportación y a la explotación de materias primas para Pekín. Según los expertos, los proyectos respaldados por China en todo el mundo crean problemas significativos de desempeño social y ambiental, como el desplazamiento de la población local, los efectos negativos sobre la calidad del agua, la contaminación de los terrenos adyacentes y el deterioro de ecosistemas frágiles, entre otros.
Violaciones en proyecto
El 16 de mayo, el directorio ejecutivo del Banco Mundial revisó su Informe de Investigación del Panel de Inspección, sobre el Proyecto de Conexión del Corredor Vial de Santa Cruz, tras una solicitud de inspección presentada en marzo de 2023 por organizaciones del pueblo indígena Chiquitano.
Según el BHRRC, los indígenas afirman que el proyecto amenaza sus tierras y medios de vida, facilitando actividades ilegales y colonización. Alegan que la mejora de la carretera aumenta la ocupación ilegal y complica la titulación de sus tierras, además de incrementar la tala inmoderada y los incendios forestales. Sostienen que la compañía china manipuló a la población local para que firmara contratos desfavorables de concesión de tierras, para utilizar sus “pozos de préstamo”, es decir, excavaciones de los que se extrae grava, arcilla, tierra o arena, para un proyecto de construcción.
CSCEC es acusada de engañar a los lugareños para obtener permisos de uso de tierras a precios muy bajos, aprovechándose de su vulnerabilidad, indicó BHRRC. En varios casos documentados, los pagos ofrecidos por el uso de la tierra eran inferiores al valor de mercado, sin que las comunidades indígenas fueran conscientes de la discrepancia.
El panel del BM determinó que el proyecto careció de una evaluación social adecuada y violó el derecho de las comunidades chiquitanas al no ser consultadas de una manera libre, previa e informada. Otros hallazgos incluyen daños a fuentes de agua, problemas de reasentamiento, deficiencias en la gestión de quejas, condiciones laborales precarias y falta de equipo de protección para los trabajadores, detalló el BHRRC.
Los afectados denunciaron que las viviendas construidas por la estatal china como compensación eran inhabitables; que la empresa no cumplió con los acuerdos y amenazó a quienes reclamaban sus derechos.
En este contexto uno de los denunciantes, Mario Paniagua, asesor de pueblos indígenas de la ONG Fundación Tierra, dijo a Noticias del Mundo, el 30 de mayo, que “el contrato no especificaba la duración de los trabajos ni la cantidad de material a extraer. Los términos se centraron en las obligaciones de las comunidades hacia la empresa china, que sigue con sus operaciones”.
Cuando se firmó el contrato con CSCEC, se informó que la empresa china debía entregar el proyecto en 36 meses, es decir, en 2021. Sin embargo, el avance es muy lento y la construcción continúa. En total, 16 comunidades indígenas están ya afectadas directamente por el proyecto, señala la plataforma de periodismo de investigación Dialogue Earth.
“Estas violaciones son comunes en muchos proyectos desarrollados por empresas chinas en la región. Es importante recordar que estas empresas son estatales, lo que significa que el Gobierno chino está detrás de ellas”, dijo el 12 de agosto a Diálogo Sergio Cesarin, coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en Argentina. “En cualquier litigio, problema, controversia o conflicto, se sabe que la instancia final no es con la empresa ni sus directores, sino con el Gobierno chino”.
Asimismo, manifestó que las administraciones de Evo Morales y Luis Arce generaron gran controversia al firmar acuerdos con empresas chinas, los cuales permiten a estas últimas controlar importantes proyectos de infraestructura y de explotación de litio. “Muchos bolivianos rechazan estos acuerdos, argumentando que se ha cedido demasiado control de recursos estratégicos a China”.
Proyectos multimillonarios
Cabe destacar que, en 2009, el Banco Mundial sancionó a CSCEC con la inclusión en su lista negra por seis años, debido a prácticas corruptas en un proyecto vial en Filipinas. Además, la empresa estatal también ha realizado proyectos multimillonarios en países con altos índices de corrupción.
En junio, CSCEC y el régimen de Daniel Ortega-Rosario Murillo en Nicaragua firmaron un nuevo acuerdo, para financiar la construcción de la fase II de la carretera costera. Según el diario oficial El 19 Digital, la inversión, que asciende a más de USD 292 millones, promete la construcción de 97 kilómetros de carretera.
“Resulta paradójico que, a pesar de los discursos antidemocráticos de algunos personajes regionales, no haya habido protestas significativas contra los acuerdos que otorgan a empresas chinas amplias libertades para operar”, señaló Cesarin. “Estas empresas, sujetas a un régimen oligárquico, en muchos casos actúan en detrimento de los derechos humanos, el medio ambiente y los intereses de las comunidades indígenas, generando un creciente malestar social”.
Asimismo, considera improbable que el Banco Mundial sancione a CSCEC por las irregularidades en el proyecto vial boliviano. “La profunda relación entre Bolivia y China, caracterizada por una asimetría de poder, crea un entorno para que las empresas chinas operen con relativa impunidad; limitando el margen de maniobra del país para tomar decisiones autónomas”.
Transparencia y rendición de cuentas
“Para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en los proyectos chinos en Latinoamérica, es fundamental que los gobiernos establezcan contratos equitativos, promuevan el control social y técnico de los proyectos y se aseguren de que los organismos reguladores actúen de manera independiente”, finalizó Cesarin. “Es necesario superar la tendencia a priorizar las relaciones políticas con China, por encima de los intereses nacionales y la necesidad de transparencia”.
