La Organización No Gubernamental (ONG) Transparencia Internacional (TI), con sede en Berlín, Alemania, publicó el 1.º de febrero el Índice de Percepción de Corrupción 2022, que clasificó a 180 países en función de los niveles percibidos de corrupción en el sector público. La ONG reveló que el 95 por ciento de las naciones tuvieron muy poco progreso en la lucha contra la corrupción en los últimos años.
Mientras Canadá, Uruguay y los Estados Unidos, se clasificaron entre los “más limpios” de los países de América, Venezuela y Nicaragua fueron percibidos como los más corruptos; solo superados muy de cerca por países como Siria, Somalia y Sudán del Sur. La razón son sus instituciones públicas infiltradas por redes criminales, por lo que es difícil trazar una línea de separación entre los organismos oficiales y las actividades delictivas, informó TI.
“Es muy importante medir la percepción de corrupción, porque nos da una idea sobre el contexto político de los países, su situación de derechos humanos, y además del clima político para hacer negocios en ellos”, dijo el 28 de febrero a Diálogo Luciana Torchiaro, consejera regional para Latinoamérica y el Caribe de TI. “Los países percibidos como más limpios suelen ser más democráticos que los percibidos como más corruptos, y donde los derechos civiles, económicos, políticos y sociales, pueden ser ejercitados de mejor manera que en los países con peor puntaje”.
Según TI, el continente sufre un estancamiento; 27 de los 32 países de la región no muestran cambios significativos desde 2017. En Venezuela, clasificado en el lugar 177, estableció que las bandas criminales ejercen un amplio control sobre las operaciones de extracción de oro, con sobornos a los líderes militares; lo que permite mantener sus actividades ilegales. Estos grupos son responsables de violaciones a los derechos humanos incluyendo desapariciones forzadas, asesinatos de líderes indígenas y desplazamiento de sus comunidades, prostitución forzada y explotación laboral de adultos y niños, así como contaminación y otros delitos ambientales graves.
En Nicaragua, que ocupa el lugar 167, también proliferan las violaciones de los derechos humanos, como el apresamiento de opositores políticos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La crisis de este país se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que los Ortega-Murillo fueron “reelegidos” para un quinto mandato, mientras mantenían a sus principales contendientes en prisión o en el exilio, informó Infobae.
En Nicaragua, la situación política es tal que 222 ciudadanos presos políticos fueron excarcelados, despojados de su nacionalidad y expulsados del país el 9 de febrero de 2023 hacia los Estados Unidos. Sin embargo, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua informó que aún hay al menos 39 presos políticos en el país, dice Infobae.
“Venezuela y Nicaragua son dictaduras, países que enfrentan crisis humanitarias, no tienen división ni contrapeso de poderes, sus sistemas de justicia son instrumentos de represión y todo el poder lo concentra el poder ejecutivo (…), son países completamente opacos y esto implica que no existe la rendición de cuentas”, dijo Torchiaro. “En cuanto al espacio cívico y los derechos cívicos y políticos, están completamente vulnerados. Prueba de ello son el sinnúmero de presos políticos en ambos países y la represión de periodistas y funcionarios de varias ONG”.
Según Torchiaro, para poder mejorar los índices de percepción de la corrupción en Venezuela y Nicaragua el primer paso es establecer elecciones libres y limpias, sistemas reales de división de poderes con pesos y contrapesos, erradicar la influencia del poder Ejecutivo en organismos que son independientes y de control. También, un poder Judicial independiente que pueda realmente castigar a los corruptos y a los violadores de los derechos humanos, abrir el espacio cívico, y que las voces disidentes puedan expresarse sin temor a represalias.
