La creciente presencia de empresas chinas en Latinoamérica, en el marco de la iniciativa de la franja y la ruta (BRI), provoca el aumento de acusaciones de violaciones a los derechos humanos y explotación laboral.
En Uruguay, la empresa China Machinery Engineering Corporation (CMEC), encargada de construir una red de transmisión eléctrica, fue acusada de irregularidades laborales, condiciones de trabajo inhumanas y la muerte de un trabajador.
En Brasil, el Ministerio Público de Trabajo (MPT), rescató a 163 trabajadores chinos de una obra de construcción de una fábrica de la empresa china de automóviles eléctricos BYD, en Camaçari, Bahía. Jinjiang Group, el contratista de BYD, está acusado de mantener a los trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud.
La planta de Camaçari, que perteneció a la empresa estadounidense Ford hasta 2023, será la mayor fábrica de BYD fuera de China, con capacidad para producir hasta 150 000 coches al año en la primera fase de funcionamiento y 300 000 en la segunda, según el diario brasileño O Globo. Pero los expertos advierten de los riesgos de este tipo de inversiones.
“Las empresas chinas suelen importar aspectos negativos de la cultura laboral de su país de origen. Esto resulta en una falta de respeto por las normas locales, una preferencia por la mano de obra china y un desprecio por los derechos básicos de los trabajadores”, dijo a Diálogo Gabriel Arruda de Castro, editor del periódico brasileño Gazeta do Povo. “El caso de Uruguay y el reciente episodio de BYD en Brasil lo demuestran. Los países latinoamericanos necesitan reevaluar el costo-beneficio de las inversiones chinas en la región”, agregó Castro.
Uruguay: jornadas extenuantes
El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) de Uruguay presentó una denuncia penal contra la empresa china CMEC, por presuntos trabajos forzados, durante la construcción de una línea eléctrica de alta tensión entre las localidades de Tacuarembó y Salto. “Desde el inicio de la obra, hace casi dos años, el sindicato denuncia jornadas de trabajo extenuantes, impago de salarios y condiciones de vida indignas, especialmente para los trabajadores extranjeros”, informó la emisora uruguaya Carve. De los 700 trabajadores de la obra, 500 son extranjeros, principalmente ecuatorianos y chinos, añadió Carve.
Las demandas sindicales se intensificaron en febrero, cuando un vehículo utilizado por CMEC volcó en la carretera, mientras transportaba a siete trabajadores chinos a sus alojamientos. Uno de ellos murió, mientras que otros fueron hospitalizados en estado grave. El vehículo “era bastante precario”, dijo Anderson Ortiz, dirigente departamental de SUNCA, en declaraciones al medio Montevideo Portal.
“Las inspecciones de trabajo ya habían encontrado irregularidades [en las obras de CMEC], lo que provocó el cierre de algunas instalaciones. Pero las malas condiciones persisten y se teme que haya trabajos forzados análogos a la esclavitud”, informó la agencia de noticias MercoPress.
Las organizaciones sociales uruguayas reclaman leyes de seguridad laboral más estrictas y mayor supervisión estatal. “La empresa [CMEC] contrata mano de obra mayoritariamente china y ecuatoriana, alojada en instalaciones hacinadas e inseguras”, señaló MercoPress.
Brasil: condiciones degradantes
Las condiciones encontradas en los alojamientos de la fábrica de BYD en Bahía, revelaron un cuadro alarmante de “precariedad y degradación”, dijo el MPT en un comunicado. En uno de los alojamientos, los trabajadores dormían en camas sin colchón y no disponían de armarios para guardar sus pertenencias, que estaban mezcladas con materiales de alimentación. “La situación sanitaria era especialmente crítica, con un solo cuarto de baño por cada 31 trabajadores, lo que les obligaba a levantarse a las 4 de la mañana para hacer fila y prepararse para salir a trabajar a las 5:30”, declaró el MPT.
Las cocinas de las instalaciones funcionaban en “condiciones alarmantes”, sin armarios adecuados para almacenar los alimentos. “En un caso especialmente grave, se encontraron materiales de construcción junto a la comida, así como alimentos almacenados junto a los productos para el aseo, en condiciones insalubres”, señaló el MPT. Los trabajadores también estaban expuestos a una intensa radiación solar, mostrando signos visibles de daños en la piel, según la investigación.
Además de las condiciones degradantes, el MPT afirmó que la situación equivalía a trabajo forzado: se obligaba a los trabajadores a pagar una fianza y se les retenía el 60 por ciento de su salario, recibiendo sólo el 40 por ciento restante en moneda china. La empresa también les retuvo los pasaportes. “La rescisión anticipada del contrato implicaba la pérdida de la fianza y de las cantidades retenidas, así como la obligación de pagar el boleto de vuelta a su país y devolver el valor del boleto de venida”, añadió el MPT.
BYD vigila a los trabajadores
La acusación de malos tratos en la fábrica de BYD en Bahía, se hizo pública en noviembre de 2024 por Agência Pública, una organización brasileña de periodismo de investigación sin ánimo de lucro. Poco después, la filial brasileña de BYD anunció “que rescindió con efecto inmediato el contrato de la empresa subcontratada responsable de los trabajos, Jinjiang Construction Brazil Ltda”, informó la agencia de noticias española EFE.
Pero las preocupaciones persisten. Un nuevo informe de Agencia Pública, de finales de enero de 2025, afirma que BYD instaló cámaras y colocó carteles que prohíben tomar fotos en los habitáculos. El objetivo es evitar nuevas filtraciones de información sobre la fábrica. Según la denuncia de Agencia Pública, BYD también instaló un programa informático que crea una marca de agua con el nombre de cada empleado, para identificar de qué máquina proceden los materiales compartidos con el público.
No es novedad
El trabajo forzado dista mucho de ser un problema nuevo en el BRI. En un informe de noviembre de 2022, tras una investigación de profundidad de un año de duración, la ONG Observatorio Laboral de China, advertía de que las historias de abusos y malos tratos abundaban en los proyectos del BRI en todo el mundo.
Muchos trabajadores chinos son contratados mediante subcontratación y prácticas de contratación engañosas, que ofrecen poca o ninguna protección. “Estas prácticas incluyen, entre otras, la exigencia de depósitos de seguridad, el cobro de honorarios elevados, el suministro de información engañosa sobre las condiciones en el extranjero, la ausencia de contratos por escrito, la ausencia de seguros de indemnización de los trabajadores, o la organización de la entrada de los trabajadores en los países de acogida con visados de turista o de negocios, para luego dejar que se queden más tiempo del permitido en sus visados y obligarlos a trabajar ilegalmente”, indicaba el informe.
Las experiencias descritas por muchos trabajadores entrevistados equivalían a trabajo forzoso, en el que los empleadores recurrían al engaño, la restricción de movimientos, el aislamiento, la violencia física, la intimidación y las amenazas, la retención de documentos de identidad, la retención de salarios y la servidumbre por deudas, dice el informe.
“A medida que la BRI crea un nuevo mercado mundial para las empresas chinas que utilizan capital y tecnologías industriales chinas, también exporta un modelo de desarrollo económico chino que explota a los trabajadores”, añade el informe. “Detrás de la gran retórica de la BRI están los trabajadores ordinarios, cuyas voces rara vez se escuchan y cuyos derechos se violan en forma rutinaria y sistemática”.
Problema geopolítico
Para Castro, la presencia china en Latinoamérica debe verse en el contexto de la política exterior del régimen chino. “A diferencia de lo que ocurre cuando empresas europeas o japonesas invierten en países de la región, la inversión china representa más que nuevos empleos o proyectos de desarrollo: representa una expansión del área de influencia del Gobierno chino, bajo la planificación del Partido Comunista de China”, enfatizó Castro.
“Allí [en China], la separación entre intereses estatales e intereses privados es poco clara, o simplemente inexistente. Por eso, la presencia china en Latinoamérica debe ser vista como un problema geopolítico y no sólo de cálculo económico”, concluyó Castro.
