Organizaciones no gubernamentales (ONG) y especialistas, advierten sobre las graves, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidas por el régimen venezolano de Nicolás Maduro. “El 2024 se caracterizó por ser un año sin precedentes, en cuanto a las cifras de represión por motivos políticos en Venezuela”, afirmó la organización venezolana de asistencia legal pro bono Foro Penal, en un reporte reciente.
Según Foro Penal, hay por lo menos 1000 presos políticos en Venezuela, incluyendo mujeres, adolescentes y personas de nacionalidad extranjera. Desde 2014, se registraron 18 059 detenciones por motivos políticos. Unas 9000 personas aún están arbitrariamente sujetas a medidas restrictivas de su libertad.
El régimen de Maduro secuestra opositores; “los encarcela y en algunos casos los deja morir. El más claro ejemplo es el del ya fallecido General Raúl Baduel, que estuvo preso y fue desatendido durante el COVID y así murió”, dijo a Diálogo Luis Fleischman, profesor de sociología y ciencias políticas en la Universidad Estatal de Palm Beach, en Florida, sobre el Gral. Baduel, exministro de Defensa y crítico del régimen que murió en 2021.
Las protestas contra el régimen son reprimidas con violencia, agregó Fleischman. “El número de muertos y heridos por fuerzas leales al régimen y paramilitares, muestran cada vez más la forma de gobernar de Maduro. Es un régimen ilegítimo que se sostiene únicamente por la fuerza”, dijo.
Represión brutal
La represión en Venezuela aumentó antes de las elecciones del 28 de julio de 2024, y escaló a “niveles brutales” luego de que el régimen anunciara, sin pruebas, que Maduro había sido reelecto, afirmó Human Rights Watch (HRW). “Cuando miles de manifestantes salieron a las calles, las autoridades respondieron con una brutal represión; que incluyó asesinatos, detenciones y otras tácticas represivas”, señala la ONG en un reporte.
La HRW reporta que recibió informes creíbles de 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes. En varios de estos asesinatos obtuvo pruebas que implicaban a las fuerzas de seguridad y a grupos armados partidarios del régimen, conocidos como “colectivos”.
Tras las elecciones de julio se observó la utilización de la desaparición forzada, como un mecanismo común aplicado a las detenciones arbitrarias. “En la mayoría de los casos, son desapariciones forzadas temporales. Pero, en otros casos, al menos 43 manifestantes continuaron desaparecidos (…), sin que se conozca su paradero”, dijo Foro Penal
La Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), La Unión Europea, los Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos y europeos, instaron a Maduro a hacer públicas las actas de escrutinio y a respetar la voluntad del pueblo.
Actos de terrorismo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA, advirtió sobre los actos de terrorismo del régimen de Maduro, para sostener la dictadura. En su informe Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, publicado el 7 de enero, la CIDH describe “las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos” cometidas por el líder chavista, para evitar que la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado inicie la transición democrática en Venezuela.
“Antes, durante y después de la elección presidencial del 28 de julio, el régimen implementó una estrategia represiva coordinada”, para perpetuarse ilegítimamente en el poder, dice el documento.
Según la CIDH, se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado, que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía. “Estos hechos sólo pudieron llevarse a cabo sin ningún control, debido a la cooptación de los distintos poderes del Estado, registrada en las últimas dos décadas”, completa el informe.
La OEA también señala que el régimen de Maduro recurrió al poder de instituciones como la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, al Tribunal Supremo de Justicia y a las fuerzas de seguridad, para llevar a cabo detenciones arbitrarias de opositores y defensores de los derechos humanos.
Además, se registraron actos de hostigamiento, persecución e inhabilitación, contra personas opositoras o percibidas como tales, y restricción a la libertad de prensa y negación del derecho de voto en el extranjero, que afectó a cerca de 5 millones de venezolanos, dice el informe de la CIDH.
“Hoy, las detenciones arbitrarias son hechos de cada día. Presos políticos abundan y estos incluyen opositores, periodistas y funcionarios de ONG”, afirmó Fleischman.
Según el experto, la emigración continúa debido a la represión y al pésimo manejo de la situación doméstica, incluyendo falta de alimentos y deteriorados servicios de salud y sanitarios. “La minería ilegal, que abusa de derechos indígenas y explota y tortura a los trabajadores de esas minas, es otro gran abuso de los derechos que evoca la época de la esclavitud”, finalizó.
