El régimen venezolano de Nicolás Maduro mantiene sus ataques en contra de la prensa y la libertad de expresión, a pesar de las reiteradas peticiones por parte de expertos en derechos humanos de la ONU, que instan a dejar de intimidar y criminalizar a los periodistas y a la sociedad civil.
Según el Informe Semestral de Libertad de Expresión 2021, que publicó el 2 de septiembre la ONG venezolana de derechos humanos Un Mundo Sin Mordaza (UMSM), en el primer semestre de 2021 se registraron 150 violaciones a la libertad de expresión. Entre enero y agosto, UMSM documentó 29 incidencias entre retenciones y detenciones arbitrarias (las retenciones no conducen a la apertura de un proceso criminal), tanto a periodistas (15) como a particulares (14), por difundir información que estaba en contra del régimen o que dañaba su imagen. Más de la mitad de los casos fueron detenciones, precisa la ONG.
Para mostrar el alcance de las medidas de represión, la organización cita como ejemplo el caso del ciudadano Luis Morales, que luego de ser detenido e interrogado fue encarcelado durante 20 días, por subir en la red social TikTok un video sobre las vacunas chinas en contra del COVID-19.
Asimismo UMSM registró 63 actos de amenaza, hostigamiento o agresiones, en contra de civiles y trabajadores de la prensa, que consistían en amenazas en las redes sociales por parte de funcionarios públicos, confiscación de equipos y materiales de trabajo, agresiones físicas y psicológicas, entre otras. Según la ONG, 22 casos fueron registrados en contra de los medios convencionales de comunicación, canales de televisión y radio, que recibieron algún tipo de sanción administrativa.
El caso que causó más revuelo fue el del periódico El Nacional, que fue demandado por el oficial de alto nivel Diosdado Cabello por publicar un artículo que lo relacionaba al narcotráfico. La corte falló a favor de Cabello atribuyéndole USD 30 millones, y como dicha suma no fue abonada, se procedió a mediados de mayo de 2021 a embargar los bienes del diario, precisó UMSM.
“[Los miembros del régimen de Maduro] mantienen la misma estrategia [para atacar a los periodistas y los medios de comunicación], solo que la han profundizado y ahora utilizan el sistema judicial como herramienta para acosar, perseguir y encarcelar a los periodistas y presentar juicios en contra de medios de comunicaciones”, dijo a Diálogo la periodista venezolana Sonia Osorio, quien preside la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Exterior (APEVEX), con sede en Miami, Florida. APEVEX, dijo Osorio, está manejando 14 casos de persecución judicial en contra de comunicadores sociales.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos, indicó en su informe del 16 de septiembre de 2021, que el sistema judicial de Venezuela ha estado sirviendo como instrumento de represión, a manos de los dirigentes políticos.
“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado de Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales”, indicó el informe.