En los últimos años, China ha acelerado su expansión en el sector biotecnológico latinoamericano, invirtiendo en plantas de producción, laboratorios, tecnologías de secuenciación genética y alianzas con instituciones locales. Desde las vacunas hasta la genómica, la presencia china está penetrando en sectores estratégicos no solo para la salud pública, sino también para la investigación científica, la capacidad tecnológica y la seguridad nacional de los países de la región.
Si bien estas inversiones suelen presentarse como una solución a las carencias de capacidad productiva y tecnológica, especialmente en los sistemas de salud más frágiles, también corren el riesgo de crear dependencias difíciles de revertir cuando tecnologías, suministros o infraestructuras estratégicas quedan concentrados en proveedores chinos o dependen de cadenas de suministro vinculadas a China.
“El acceso a datos genéticos, muestras biológicas, infraestructura de investigación y conocimiento especializado puede tener implicaciones de seguridad, especialmente en países con regulaciones débiles sobre bioseguridad, protección de datos y transferencia tecnológica”, explica a Diálogo César Santos Victoria, investigador de Expediente Abierto, especialista en la influencia china en Latinoamérica.
El riesgo es particularmente relevante porque las biotecnologías dependen de recursos y capacidades que requieren años para desarrollarse, como datos genéticos e infraestructuras de investigación, y que no pueden sustituirse fácilmente. Esta dependencia de proveedores chinos puede generar concentraciones de mercado difíciles de revertir, aumentar la vulnerabilidad de los países latinoamericanos frente a China y otorgar a Beijing una posición estratégica sobre sectores sensibles como la salud, la investigación científica y la seguridad nacional.
De la provisión a la producción local de vacunas
El sector de las vacunas representa uno de los ámbitos más sensibles de la expansión biotecnológica china. Las empresas biotecnológicas chinas apunta cada vez más a establecer en Latinoamérica producción local a gran escala y a costos competitivos, acercando las plantas a los mercados de consumo y reduciendo los tiempos y costos de suministro. Si bien esto puede parecer una ventaja para los países de la región en términos de seguridad sanitaria y acceso a medicamentos esenciales, al mismo tiempo corre el riesgo de favorecer la progresiva consolidación de las empresas chinas como proveedores de referencia. Las amplias capacidades productivas, los precios competitivos y los contratos públicos de largo plazo pueden dificultar la entrada de otros competidores y la diversificación de las fuentes de suministro, creando una dependencia estratégica.
Como advierte Santos Victoria, «La producción local no necesariamente significa autonomía. Una planta instalada en Latinoamérica puede continuar dependiendo de China para principios activos, equipamiento, reactivos, mantenimiento, financiamiento o capacitación. El riesgo es crear ecosistemas productivos difíciles de sustituir”.
Entre las empresas que más se están expandiendo figura Sinovac Biotech, que en junio anunció planes para invertir USD 100 millones durante los próximos cinco años en Brasil para establecer una operación local dedicada a vacunas y otras áreas de biotecnología, incluidas terapias celulares y anticuerpos monoclonales.
El proyecto contempla inicialmente vacunas contra la rabia humana y la varicela, mediante un acuerdo con el Instituto de Tecnología de Paraná. En Colombia, Sinovac Biotech estableció una alianza público-privada con el distrito de Bogotá y BogotáBio, que prevé producir vacunas a partir de 2029. En Chile, en cambio, obtuvo por segundo año consecutivo el contrato gubernamental para las vacunas contra la influenza, consiguiendo para 2026 la exclusividad con un pedido de más de 8 millones de dosis.
El precedente de la pandemia de COVID-19 mostró cómo Beijing intentó utilizar su capacidad productiva y de distribución en una herramienta de influencia geopolítica, utilizando la distribución de vacunas en Latinoamérica para fortalecer relaciones políticas y diplomáticas mediante la denominada “diplomacia de las vacunas”. Con la producción establecida directamente en la región, la concentración del suministro en proveedores chinos podría adquirir una dimensión más duradera: una posición dominante en el suministro de vacunas esenciales corre el riesgo de crear una dependencia estructural de los sistemas de salud locales y aumentar la capacidad de Beijing para ejercer influencia en un sector crítico en momentos de crisis o tensión geopolítica.
La carrera china por los biodatos latinoamericanos
La expansión biotecnológica china en Latinoamérica también se está extendiendo a la secuenciación genética, un sector estratégico porque permite recopilar información extremadamente sensible y permanente, no solo sobre los individuos, sino también sobre sus familiares y, a gran escala, sobre las características genéticas de poblaciones enteras. Su control puede tener repercusiones a largo plazo en la investigación farmacéutica, la medicina de precisión y el desarrollo de nuevas tecnologías biológicas.
En 2024, la empresa china MGI Tech Co. abrió en San Pablo su principal centro latinoamericano, con el objetivo de ampliar el uso de la secuenciación genética en el diagnóstico y la lucha contra el cáncer, proporcionando tecnología y capacitación a laboratorios, hospitales y universidades. Las aplicaciones incluyen la medicina de precisión y la oncología. La empresa también opera en Colombia, Chile, Argentina y México. En Uruguay, ese mismo año, BGI Genomics instaló su primer laboratorio latinoamericano, dedicado a la secuenciación genética y al diagnóstico precoz, con una inversión prevista de USD 10 millones en cinco años.
La presencia de BGI adquirió una dimensión adicional de seguridad en junio de 2026, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos incluyó a BGI Group y BGI Genomics en su lista de compañías militares chinas bajo la Sección 1260H. El Pentágono sostiene que BGI Group está afiliado al Ejército Popular de Liberación y contribuye al sistema de fusión militar-civil de China.
El acceso a gran escala a datos genéticos y clínicos puede favorecer la posición de China en el desarrollo de medicamentos y terapias, aumentando su concentración del mercado y la dependencia de otros países de sus tecnologías. Como ya ocurrió con las vacunas durante la pandemia, China podría utilizar esta dependencia como una herramienta de influencia geopolítica. “El enfoque de China ha sido robar, expandirse y asfixiar a los competidores”, declaró al sitio especializado BioSpace Caitlin Frazer, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad sobre Biotecnología Emergente de los EE. UU. (CNSBE), quien también advirtió sobre el riesgo de depender de Beijing “para medicamentos esenciales para la supervivencia”.
La inteligencia artificial amplifica aún más este riesgo: combinada con enormes cantidades de biodatos, permite identificar con mayor rapidez correlaciones biológicas, diseñar proteínas, identificar nuevas dianas terapéuticas y acelerar el desarrollo de medicamentos. Si los acuerdos no establecen con claridad dónde se almacenan los datos, quién puede acceder a ellos y cómo pueden utilizarse en investigaciones posteriores, los biodatos generados en Latinoamérica podrían convertirse en un recurso estratégico para empresas o centros de investigación externos, sin que la región necesariamente mantenga el control sobre ellos o se beneficie de su valor económico y estratégico.
“En proyectos conjuntos debe quedar claramente establecido quién controla las patentes, los datos, los resultados de investigación y su posterior comercialización», dice Santos Victoria. El experto advierte sobre el riesgo de las “asimetrías en la negociación” con los países de la región, con contratos poco transparentes y condiciones de negociación desequilibradas que favorecen a los socios chinos, dejando a las universidades y las instituciones sanitarias latinoamericanas en una posición de debilidad en cuanto al control de los datos, los resultados de investigación, las patentes y su posterior comercialización.
Defender la autonomía biotecnológica
Países como Brasil, Colombia y Chile ya han adoptado instrumentos para proteger los datos genéticos, las muestras biológicas y el patrimonio genético. En Brasil, la Ley General de Protección de Datos (LGPD), que entró en vigor en 2021, clasifica los datos genéticos como datos personales sensibles, mientras que la Ley de Biodiversidad regula el acceso al patrimonio genético y la distribución de beneficios. Colombia creó en 2023 un Sistema Nacional de Biobancos que regula el consentimiento informado, la confidencialidad y la trazabilidad de muestras y datos genéticos, y establece autorizaciones específicas para su transferencia al extranjero. Chile, además, cuenta desde 2006 con una normativa específica sobre investigación científica y genoma humano, que protege la identidad genética, considera confidencial la información genética y exige consentimiento para su utilización, así como el cifrado de los datos genómicos identificables.
Estas normas constituyen una base importante, pero, según los expertos, deben integrarse cada vez más en planes de seguridad nacional que evalúen los riesgos derivados del control de infraestructuras de investigación, recursos biológicos, propiedad intelectual y tecnologías con potencial de doble uso. Al mismo tiempo, se necesitan normas más estrictas sobre la recopilación, conservación y transferencia de biodatos, con sistemas de trazabilidad, ciberseguridad y bioseguridad capaces de impedir accesos no autorizados y usos incompatibles con los intereses nacionales. Por último, mapear las cadenas de suministro, identificar los cuellos de botella y mantener proveedores alternativos debería considerarse parte integral de la planificación de la seguridad nacional, y no únicamente de la política industrial.
También es importante una respuesta regional. Los estándares comunes, los laboratorios de referencia, las capacidades de vigilancia y los procedimientos compartidos para evaluar las inversiones pueden aumentar la capacidad de los países latinoamericanos para proteger infraestructuras y recursos estratégicos. Conocer dónde se almacenan los datos sensibles, quién puede acceder a ellos, quién mantiene las plataformas tecnológicas y qué alternativas existen en caso de interrupción de un proveedor también forma parte de esa resiliencia. Para Latinoamérica, mantener el control sobre los biodatos, los recursos biológicos, las infraestructuras y las tecnologías significa preservar no solo la competitividad, sino también su autonomía y seguridad nacional.
