La gobernanza de los océanos entra en una nueva era, definida por una cooperación mundial sin precedentes. En septiembre de 2025 entró en vigor el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), conocido como Fish-1, mientras que en enero de 2026 se aplicará el Tratado sobre Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ). Ambos instrumentos, según informó la OMC, prometen un cambio significativo en el manejo global de los recursos marinos.
Sin embargo, este avance se enfrenta inmediatamente a su mayor prueba: la flota pesquera de China. Al ser la mayor y más subsidiada del mundo, su presencia dominante en Latinoamérica ha sido reiteradamente vinculada a prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), lo que la sitúa en el centro del conflicto entre la nueva legislación internacional y la persistente amenaza ecológica.
La plataforma medioambiental Dialogue Earth destaca que, aunque Pekín ha ratificado el Fish-1, el requisito de desmantelar los subsidios ilegales es tan profundo que las operaciones de China podrían verse obligadas a reducirse o reestructurarse, lo que plantea dudas sobre su compromiso genuino con el nuevo marco internacional.
Milko Schvartzman, responsable del programa de conservación y pesca del Círculo de Políticas Ambientales en Argentina, recordó a Diálogo que “aunque China no mantuvo una oposición activa en los últimos años, al inicio del Tratado de Altamar fue uno de los principales países que intentó frenar su avance. En las primeras etapas, Pekín se oponía a la necesidad misma del acuerdo, pero cuando en 2015 la ONU decidió impulsarlo, su resistencia perdió fuerza”.
Subsidios, sobrepesca y recursos en riesgo
La dimensión de la flota china en aguas distantes es asombrosa: se estima que unas 17 000 embarcaciones operan a nivel global y cerca de 600 de ellas se concentran de forma continua en Latinoamérica, presionando severamente los recursos marinos de la región. Estas prácticas, sostienen los expertos y grupos de reflexión, han contribuido al agotamiento de especies y a la alteración de ecosistemas enteros.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indicó en su estudio sobre pesca 2025 que entre 2020 y 2022, China acaparó el 36,1 por ciento de los subsidios pesqueros globales –unos USD 11 000 millones anuales– liderando el gasto entre 41 países.
Con la implementación de Fish-1, la OMC advierte que estos subsidios serán restringidos si fomentan la sobrecapacidad, la sobrepesca o la pesca INDNR. Por su parte, el tratado BBNJ permitirá crear áreas marinas protegidas, evaluar impactos ambientales y compartir beneficios genéticos.
Este acuerdo, que tardó más de dos décadas en concretarse, tiene un claro enfoque ambiental (creación de áreas marinas protegidas y evaluación de impactos) pero se impulsó principalmente por el valor comercial de la vida en alta mar, como los organismos utilizados para desarrollar productos farmacéuticos e industriales.
“Aún no se puede medir su alcance, pero sin duda tendrá efectos en la estructura pesquera global”, sostiene Schvartzman.
Uno de los puntos más innovadores de Fish-1 es la obligación de transparentar los subsidios otorgados. Esta medida obligará a China a revelar su apoyo financiero, lo que permitirá a la sociedad civil y a la prensa ejercer mayor escrutinio sobre sus flotas, lo que supone un importante reto de cumplimiento que se espera que Pekín eluda.
El avance de la flota china en Sudamérica
El impacto de la pesca INDNR en Latinoamérica es tangible. En Perú, las pérdidas anuales por la pesca ilegal de pota (calamar gigante del Pacífico) rondan los USD 800 millones, indicó Escenario Mundial. La Cámara de Comercio de Lima estima que naves chinas extraen más de 500 000 toneladas métricas de este recurso sin tributar ni aportar empleo local.
El 9 de octubre de 2025, el Gobierno chileno anunció el monitoreo de una flota china acusada de ingresar a sus aguas y capturar jibia, especie casi extinta en la zona. Infobae reportó que unas 50 embarcaciones operaban dentro de las 200 millas marítimas chilenas.
En Argentina, la Armada detectó en marzo de 2025 380 embarcaciones, en su mayoría chinas, bordeando sus aguas jurisdiccionales y ocultando sus operaciones mediante el apagado de sistemas de identificación y el uso de reflectores nocturnos.
Perú, ante la gravedad del problema, reforzó en septiembre de 2024 su normativa. El Gobierno promulgó un decreto supremo que no solo obliga a instalar el Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) a todos los barcos extranjeros que utilizan los puertos peruanos, sino que también involucra al Ministerio de Defensa, encargando a la Marina de Guerra la operación del sistema de control por satélite y aprobando el uso legítimo de la fuerza para combatir las actividades marítimas ilícitas.
Esta postura firme restringió severamente el acceso a los puertos de la flota china, lo que provocó una reducción masiva del número de embarcaciones que atracaban. Sin embargo, el desafío persiste: el 19 de agosto de 2025, se detectaron más de 250 embarcaciones chinas cerca de los límites del mar peruano.
La presión tampoco cede en Ecuador. En agosto de 2025, pescadores denunciaron la presencia de decenas de barcos chinos cerca de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de las Galápagos, mientras que en julio, los sitios de noticias locales confirmaron la presencia del potero chino Haideli 708 en la zona.
En Brasil, se reportó la presencia de buques chinos en la isla de Marajó, dedicados a la pesca de arrastre y recolección de recursos en agua dulce para exportación. Pekín, además, ha buscado ampliar su infraestructura portuaria en el Atlántico Sur, especialmente en Uruguay, Argentina y Chile, para sostener su flota.
Schvartzman advierte que los mayores costos para los países sudamericanos no provienen del monitoreo satelital, sino del despliegue constante de buques y guardacostas necesarios para vigilar incursiones ilegales, lo que supone una carga persistente para los presupuestos nacionales.
El desafío de hacer cumplir las normas
Aunque China se ha adherido al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, que prohíbe a los buques que participan en la pesca INDNR acceder a puertos extranjeros, la pesca ilegal persiste en la región.
“La semana pasada [tercera semana de octubre], el embajador chino en Chile salió públicamente a defender las operaciones de su flota en el Pacífico”, afirmando que la flota china opera legalmente en aguas internacionales, señala Schvartzman con advertencia. “Entre la defensa discursiva y el cumplimiento real de las normas internacionales existe una amplia distancia”, agregó.
Un ejemplo reciente: cuando Perú exigió a la flota china cumplir con un monitoreo satelital verificable desde territorio peruano, China optó por evitar los puertos peruanos y trasladar sus operaciones a Chile. Esta medida socava directamente los esfuerzos regionales de aplicación de la ley.
Impactos económicos y estrategias chinas
Las nuevas reglas internacionales amenazan la rentabilidad de la flota china, en particular al restringir los subsidios a la pesca que conducen al exceso de capacidad o a prácticas de pesca INDNR en alta mar. Schvartzman afirma que, ante este escenario, China buscará compensar el impacto desplazando parte de su flota a las ZEE de países sudamericanos. Esto se consigue aumentando las inversiones portuarias y participando en empresas conjuntas que permiten a los buques chinos operar legalmente dentro de las ZEE bajo pabellón local.
“Su rentabilidad no proviene del comercio justo, sino de prácticas opacas”, alertaSchvartzman. Esta reubicación estratégica es una táctica para evadir el escrutinio en alta mar y mantener las ganancias. Por ejemplo, añade el experto, la falta de trazabilidad en algunos países permite que las capturas realizadas ilegalmente en alta mar se etiqueten fraudulentamente como capturadas legalmente dentro de una ZEE, como ‘calamar argentino’.
Para reducir costos y asegurar operaciones, China ha fortalecido su presencia en puertos de Uruguay, Argentina y Chile. “El acceso irrestricto a estos puertos le permite mantener su rentabilidad y proyectar una imagen de legalidad”, sostiene Schvartzman.
Hacia una transparencia sin precedentes
El desafío que enfrenta la región no es solo ambiental o económico, sino también geopolítico. Schvartzman considera esencial una mayor cooperación entre armadas y guardacostas y la voluntad política para articular respuestas coordinadas. Subraya que la pesca INDNR afecta la seguridad alimentaria y los recursos estratégicos de toda Latinoamérica.
“El Fish-2, actualmente en negociación en la OMC como una segunda fase del acuerdo sobre subvenciones, representa una oportunidad para fortalecer la transparencia y exigir que la información sobre subsidios y explotación marina sea pública y accesible”, concluyó Schvartzman.
