En los últimos años, China ha acompañado la expansión económica con una creciente actividad de influencia mediática y digital, utilizando la comunicación estratégica como herramienta para consolidar su presencia en sectores clave como puertos, telecomunicaciones, energía y logística. A través de medios estatales, embajadas, redes sociales y socios locales, Pekín promueve narrativas que la presentan como un socio confiable y un motor de desarrollo.
Estas campañas no buscan únicamente mejorar la imagen de China, sino también moldear el entorno político y social en el que se debaten proyectos vinculados a infraestructuras estratégicas. El objetivo es reforzar el consenso en torno a las inversiones chinas y reducir la atención pública sobre los posibles riesgos relacionados con dependencia económicas, control de infraestructuras estratégicas y consideraciones de seguridad.
“Beijing ha ido moldeando progresivamente el debate público y las orientaciones políticas de maneras que desincentivan un examen crítico de las dependencias estratégicas, los riesgos para la gobernanza y las preocupaciones de seguridad asociadas a las principales inversiones chinas”, explica a Diálogo Martin Vladimirov, director de programa del Centro para el Estudio de la Democracia, con sede en Europa.
Sin embargo, el caso de Panamá muestra una evolución particularmente relevante de esta estrategia. Durante años, la presencia china en los puertos de Balboa y Cristóbal estuvo acompañada por narrativas centradas en la cooperación, la modernización y el crecimiento económico. Tras la ruptura de Panamá con la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucionales las concesiones de Panama Ports Company, el discurso chino se volvió notablemente más confrontacional, generando preocupación por la forma en que Pekín podría responder en el futuro cuando sus intereses estratégicos sean cuestionados en la región.
La batalla de la narrativa sobre los puertos
La disputa sobre los puertos de Balboa y Cristóbal ha marcado un giro en la comunicación china en Panamá. Después de la salida del país de la BRI, el fortalecimiento de las relaciones con Washington y la sentencia de enero de 2026 contra la Panama Ports Company, controlada por el grupo de Hong Kong CK Hutchison, los mensajes provenientes de los medios estatales chinos y de los canales diplomáticos han asumido tonos mucho más agresivo.
Según la narrativa promovida por Pekín, las decisiones panameñas no serían el resultado de una elección autónoma, sino el fruto de las presiones ejercidas por Estados Unidos. Paralelamente, CK Hutchison ha sido descrita como víctima de una injusticia y de una violación del estado de derecho, mientras que las autoridades chinas han insistido en la necesidad de proteger los “legítimos derechos e intereses de la empresa”.
Como observa Vladimirov, “en Panamá, Pekín ha presentado las críticas al involucramiento chino en las infraestructuras estratégicas como motivadas por razones políticas o por la competencia geopolítica”.
Este enfoque representa una evolución respecto al modelo identificado en 2025 por un informe de Expediente Abierto. El estudio identificaba tres pilares de la comunicación china en el país: China como socio histórico gracias a la presencia de la comunidad sino-panameña desde hace más de 170 años; como motor del desarrollo económico e de infraestructura y como alternativa a la influencia de los Estados Unidos.
A través de una red compuesta por Xinhua, CGTN Español, la embajada china y una serie de amplificadores locales, las inversiones portuarias y logísticas se presentaban como herramientas de crecimiento y modernización. La crisis de las concesiones no ha modificado los objetivos fundamentales de la comunicación china, pero sí ha cambiado los tonos. Los temas de la soberanía nacional y las históricas interferencias estadounidenses, ya presentes en la narrativa anterior, se han vuelto centrales en el debate.
Según Vladimirov, sin embargo, esta fase podría ser temporal. “Con el tiempo, espero que China apueste en cambio por incentivos económicos, asociaciones comerciales y compromiso diplomático para preservar su posición”. Panamá es demasiado importante como centro logístico y comercial para China.
El caso panameño resulta particularmente relevante porque combina infraestructura logística crítica, conectividad marítima global y una posición geográfica de importancia estratégica para el comercio internacional. En este contexto, el debate sobre puertos, concesiones e inversiones trasciende el ámbito económico y se convierte también en una cuestión vinculada a la soberanía, la resiliencia institucional y la protección de infraestructuras estratégicas.
Una estrategia que va más allá de Panamá
La experiencia panameña no es un caso aislado. En toda América Central y el Caribe, la expansión económica china va acompañada de un esfuerzo comunicativo destinado a reforzar su legitimidad política y social.
En El Salvador, por ejemplo, la construcción del nuevo Estadio Nacional y del muelle turístico de La Libertad ha sido presentada como una prueba tangible de la contribución china al desarrollo del país. La comunicación oficial china también ha destacado la cooperación con el Gobierno del país en los sectores de la seguridad, la tecnología y la educación.
En Costa Rica, en cambio, la estrategia se ha centrado en la diplomacia cultural, los intercambios académicos y las telecomunicaciones. La controversia sobre la exclusión de Huawei y de otros proveedores chinos de la red 5G nacional ha sido a menudo narrada por los medios y los canales cercanos a Pekín como un ejemplo de presión geopolítica. Sin embargo, las autoridades costarricenses han sostenido que las restricciones responden a regulaciones de ciberseguridad que exigen que los proveedores de infraestructura crítica de telecomunicaciones provengan de países que sean parte del Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, un criterio que China no cumple.
Aún más relevante es el caso de Cuba. En la isla, la presencia china se extiende a las telecomunicaciones, gracias al papel de Huawei y ZTE en las redes de comunicación, a las infraestructuras portuarias y aeroportuarias a través de Nuctech y al sector energético, donde Pekín ha invertido en la modernización de la red eléctrica y en la construcción de nuevas plantas solares. A esto se suma una estrecha cooperación mediática entre los órganos de información estatales cubanos y chinos, que incluye intercambios de contenidos, coproducciones y convergencia narrativa.
Infraestructura e información
Según los analistas, uno de los aspectos más preocupantes de la estrategia china es la capacidad de integrar la dimensión económica y la dimensión informativa. Las inversiones y las narrativas avanzan, de hecho, en paralelo.
Paralelamente a la expansión comercial, Pekín ha consolidado una red que involucra embajadas, medios estatales, institutos culturales, universidades, centros de investigación e interlocutores locales. Estos actores contribuyen a difundir mensajes favorables a las inversiones chinas y a reforzar la imagen de la República Popular como socio fiable e indispensable para el desarrollo regional.
Según Vladimirov, la influencia china se ejerce típicamente a través de una red de actores que se refuerzan mutuamente. “Los medios estatales y las embajadas establecen asociaciones con figuras políticas locales y partes interesadas comerciales para amplificar las narrativas que promueven las inversiones chinas y retratan a China como un socio de desarrollo confiable.”
Para los expertos la principal preocupación es que estas narrativas contribuyan a normalizar dependencias estratégicas y a limitar el debate público sobre los costos geopolíticos, económicos y de seguridad asociados al control de infraestructuras críticas. Como subraya Vladimirov, “estas dependencias pueden transformarse con el tiempo en palancas económicas y políticas difíciles de eliminar”.
Para contrarrestar la propaganda y las campañas de influencia, concluye el experto, es fundamental fortalecer los medios independientes y promover mecanismos de verificación de hechos capaces de identificar narrativas engañosas o coordinadas. También es necesario aumentar la transparencia sobre quién financia y difunde determinados contenidos, así como desarrollar capacidades institucionales para monitorear operaciones de influencia extranjera.
