Recientes informes de organizaciones no gubernamentales (ONG) revelan que, a pesar del escrutinio internacional, las violaciones contra los derechos humanos en Venezuela continuaron durante 2021, generando un alto número de víctimas.
“Policías y militares produjeron la muerte en todo el territorio nacional de 1414 personas entre enero y diciembre de 2021”, dijo la ONG de derechos humanos venezolana PROVEA, en la 33.ª edición de su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. “El elevado número de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad es consecuencia de la impunidad estructural, que alienta la repetición de los hechos”, indicó la ONG.
“El informe sobre la violación de derechos humanos en Venezuela indica que existe una creciente represión sistemática (…) a medida que éste [el régimen] va perdiendo legitimidad”, dijo a Diálogo Luis Fleischman, profesor de Sociología en la Universidad Estatal de Palm Beach, en Florida, y experto en relaciones internacionales.
El Centro Gumilla, Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas en Venezuela, también denunció con PROVEA los miles de asesinatos ocurridos en 2021, por parte del régimen venezolano. “Pedimos la investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales”, afirmó el Padre Alfredo Infante, director del Centro Gumilla, en una rueda de prensa el 19 de mayo de 2022. “Hemos insistido que se debe hacer una investigación para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad, haya justicia y reparación, y se detenga el círculo de impunidad”, añadió.
El Padre Infante recordó que tras la publicación de sus informes, PROVEA y el Centro Gumilla fueron acusados de difamación por el estado venezolano de Carabobo. “Estamos del lado de las víctimas y sus familiares”, afirmó el Padre Infante en declaraciones al portal internacional Aleteia. “No pretendemos otra cosa que defender el derecho a la vida y restablecer el Estado de derecho en nuestro país, para que haya verdad, justicia, reparación, para la no repetición”, precisó.
Torturas
En 2021, PROVEA también registró 241 víctimas de torturas –un aumento de 148,4 por ciento respecto al número de víctimas reportadas en 2020–, y el segundo registro más alto de los últimos 33 años. “En el 60,9 por ciento de las denuncias de torturas recogidas en el presente informe, las víctimas dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en varios casos incluyó violación”, señaló PROVEA. El documento revela que hubo un aumento de las técnicas de abusos basadas en la humillación y la reducción física y psicológica de las víctimas, mediante las agresiones sexuales.
Según Fleischman, el alto número de muertos y torturados por el régimen venezolano “indica que indefectiblemente Venezuela se está convirtiendo en una segunda Cuba”, donde el régimen se refugia en la violencia. “Así ha gobernado el castrismo por más de 60 años y hasta hoy en día así se mantiene”, completó.
En una decisión histórica, el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, anunció el 4 de noviembre de 2021 su decisión de abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. “Esta es la primera decisión de esta naturaleza que se dicta en el continente, y constituyó un paso gigantesco en el camino de las víctimas para obtener justicia”, dijo PROVEA. Según la ONG, las “violaciones masivas y sistemáticas del derecho a la vida” evidencian que la actuación de los agentes del régimen sigue contrariando las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza.
Derecho a la justicia
Venezuela quedó en último lugar entre los 139 países examinados en el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia de 2021, una organización internacional sin fines de lucro, que trabaja por el avance del Estado de derecho en el mundo. La última edición del índice se basó en más de 138 000 encuestas en hogares y 4200 expertos, para medir cómo el público general experimenta y percibe el Estado de derecho.
El desempeño se evalúa utilizando 44 indicadores en ocho categorías, incluyendo Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Normativo, Justicia Civil y Justicia Penal. En el índice, Venezuela quedó abajo de países como Afganistán (puesto 134) y Camboya (138).