Chile enfrenta una realidad criminal inédita en su historia reciente. El Informe de Crimen Organizado en Chile 2025, elaborado por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD) de la Fiscalía Nacional, revela que el país se ve hoy inmerso en un escenario más complejo y violento, definido por un aumento dramático de los delitos predatorios y la profunda penetración de las organizaciones criminales transnacionales (OCT).
Este análisis detallado, que retrata amenazas, tendencias y evoluciones del crimen organizado durante 2024, se construyó a partir del trabajo conjunto de instituciones clave, y describe un ecosistema ilícito integrado en el que la violencia criminal se ha convertido en una herramienta estratégica.
Un retrato complejo y en transformación
Bajo el liderazgo del fiscal nacional Ángel Valencia y el equipo UCOD, el informe consolida evidencia sobre la expansión y mutación de las OCT en Chile. En la introducción del informe, Valencia destaca que la principal virtud del documento es ofrecer una visión comprensiva del crimen organizado en Chile, permitiendo al Estado reflexionar sobre las vulnerabilidades y amenazas, así como sobre sus fortalezas y las tareas pendientes. La Fiscalía subraya que la lucha contra las OCT continúa: “cuando las instituciones del Estado suman esfuerzos y trabajan de manera coordinada, se acortan distancias y se abren posibilidades reales de éxito”, indica el informe.
La investigación examina fenómenos como tráfico de drogas y armas, secuestros, extorsiones, lavado de activos y trata de personas. Entre sus hallazgos más alarmantes se encuentra el aumento sostenido de delitos predatorios como secuestros y extorsiones, así como una mayor sofisticación tecnológica de las bandas criminales.
La amenaza principal: la violencia y la penetración de las TCO
El informe confirma que, si bien el tráfico de drogas sigue siendo el principal motor económico de la delincuencia organizada, ya que representa casi la mitad de todos los ingresos ilícitos en 2023 y 2024, los mayores cambios se observan en la violencia especializada. Los secuestros alcanzaron un máximo histórico de 868 casos en 2024, lo que supone el tercer año consecutivo con más de 800 casos. Junto con la extorsión, estos delitos registraron el crecimiento más significativo durante el año. Además, el enjuiciamiento de los delitos de tráfico de armas aumentó casi un 90 por ciento entre 2023 y 2024, lo que confirma que las armas de fuego se obtienen en gran medida de forma ilegal —a través del contrabando extranjero, la adaptación o la fabricación artesanal— y son fundamentales para el control territorial y la violencia.
El panorama delictivo se ha redefinido con la expansión de las organizaciones criminales transnacionales. El grupo venezolano Tren de Aragua (TdA) y sus diversas franquicias operan en todas las regiones de Chile, dedicándose a todo tipo de actividades ilícitas, desde la trata de personas y la extorsión hasta el homicidio y el lavado de dinero.
Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián y exfiscal de la Unidad Antidrogas, advierte a Diálogo que el TdA “no está en expansión exponencial como en 2021-2023, pero tampoco está desarticulado, y lo que observamos hoy es una reorganización interna de la banda: varias células fueron golpeadas por operaciones policiales y fiscales, pero el vacío dejó espacio para la fragmentación y el surgimiento de subgrupos más autónomos”. Esto, explica, hace al fenómeno “más impredecible y, por momentos, más violento”.
Según Toledo, la estructura jerárquica única ha dado paso a nodos criminales inspirados o vinculados a la “marca” TdA, pero con dinámicas más locales y adaptadas al contexto chileno. Para 2026, pronostica un escenario de persistencia y mutación: “menos verticalidad, más diversificación de delitos y mayor hibridación con bandas chilenas, con una supervivencia que no depende de grandes líderes, sino de mercados ilícitos que siguen siendo rentables: trata, explotación sexual, extorsión, secuestro exprés y tráfico de migrantes”.
Sin embargo, el informe identifica una amplia gama de otras organizaciones extranjeras que explotan el territorio chileno.
Las OCT colombianas como Los Shottas y Los Espartanos (originarias de Buenaventura) operan en las regiones norte y centro, involucradas en el tráfico de drogas y armas, homicidios y extorsión. También se identificaron vínculos entre organizaciones chilenas y OCT brasileñas, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), principalmente en relación con el tráfico de cocaína y la logística de exportación. Cabe destacar que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México estuvo vinculado a la incautación en mayo de 2024 de 844 kilogramos de metanfetamina líquida, lo que subraya el papel de Chile como plataforma para la exportación mundial de drogas. También se ha documentado la presencia en el país del grupo extorsionador peruano Los Pulpos, los Trinitarios dominicanos y la mafia china Bang de Fujian.
Esta convergencia de sofisticadas OCT confirma que el crimen organizado en Chile ya no es un fenómeno aislado, sino un ecosistema coordinado que se alimenta de múltiples mercados ilícitos. Ante estos retos, la cooperación internacional se convierte en un pilar estratégico.
Deterioro medido por indicadores internacionales
El deterioro de la seguridad en Chile no ha pasado desapercibido internacionalmente. El índice global de crimen organizado 2025, publicado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), una ONG internacional con sede en Ginebra, Suiza, señala que la puntuación del país ha empeorado progresivamente desde 2021, producto de la consolidación de bandas transnacionales.
El informe también señala al TdA como la organización más notoria y dañina, responsable, entre otros delitos, del incremento en secuestros, extorsiones y tráfico de personas vulnerables.
Respuestas del Estado y evolución de las políticas
A pesar del sombrío diagnóstico, el Estado está aprovechando sus éxitos iniciales para dar forma a una respuesta estratégica más integral. En octubre de 2025, el presidente de Chile Gabriel Boric promulgó una ley que crea una Fiscalía Supraterritorial, especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, con capacidad para operar en todas las regiones del país. Está previsto que esta nueva entidad entre en funcionamiento en abril de 2026. Esta ley busca dotar al Ministerio Público de herramientas más eficaces para enfrentar las amenazas actuales.
“El escenario [en Chile] es efectivamente muy complejo, pero no es irreversible”, sostiene Toledo. “La fotografía actual es mala, pero no determina el futuro”.
Toledo insiste en que la experiencia internacional demuestra que el Estado puede recuperar el control: “Cuando un Estado corrige los incentivos, aumenta su presencia territorial, profesionaliza la persecución, quita capacidad financiera a las bandas y recupera la rectoría penitenciaria, el avance criminal se detiene […]. El riesgo mayor hoy no es la ‘irreversibilidad’, sino la inercia política: si no se actúa con decisión, el deterioro puede volverse permanente. Pero si el Estado decide reorganizar sus capacidades, el fenómeno es controlable”.
