El 18 de mayo, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela detuvo a ocho militares pertenecientes a unidades de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Armada Bolivariana acantonadas en el estado Bolívar.
Según la agencia de noticias Infobae, durante la audiencia de presentación los representantes del Ministerio Público Militar señalaron que los uniformados mantenían una relación con miembros de la banda criminal El Ciego, que opera en la población minera de La Paragua, estado Bolívar. La imputación indica que los militares recibían pagos en oro a cambio del suministro de cisternas de combustible a los delincuentes, quienes luego lo revendían a conductores en distintos puntos de abastecimiento ubicados en el sur del estado.
Entre los militares detenidos figuran el Teniente Coronel de la GNB Pedro José Arévalo, comandante del destacamento 620, y el Capitán de Fragata de la Armada Bolivariana Robert Casanova Mora, jefe del comando de Infantería de Marina Fluvial N.º 52.
La investigación reveló un esquema de relaciones que se ha reproducido en varias partes del país, donde los militares se valen del control que poseen sobre casi todas las fases de la comercialización de los hidrocarburos, para obtener un beneficio económico en el mercado negro. Según Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, firma venezolana de consultoría económica y financiera, esta situación tiende a consolidar la escasez del combustible.
“Ahora tiene todo el sentido que el Gobierno permita el desarrollo de mercado negro. Esto se convierte en fuente de ingreso para grupos militares e inhibe el quiebre político”, sostuvo.
Según Oliveros, luego de la emisión del decreto de alarma nacional, el 13 de marzo, la inmovilización del país se incrementó. El consumo de combustible descendió de 180 000 barriles diarios a 90 000 barriles diarios, detalló. Pero en la actualidad no se está produciendo ni siquiera la mitad del hidrocarburo requerido para satisfacer la demanda interna.
Los estimados sobre el porcentaje de gasolina desviada al mercado negro varían. Según Oliveros, podría ser el 60 por ciento. En cambio, el representante de la asociación civil venezolana Gente del Petróleo, Juan Fernández, estima que es la mitad.
La apreciación de ambos expertos es que el mercado negro de la gasolina ha ido en crecimiento, no solo en lugares donde ya existía, como los estados andinos, sino también en la propia capital del país, donde el precio de este producto en el mercado ilegal se duplicó entre la segunda y la tercera semana de mayo, para alcanzar hasta USD 3 por litro.
Al agudizarse la escasez del combustible, el Ministerio de la Defensa ordenó que la GNB y los demás componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomaran el control de las estaciones de suministro. Esto incluye la vigilancia de las largas colas que se forman hasta llegar a los surtidores. La misión no está exenta de conflictos. El 14 de mayo, conductores que decían tener hasta dos días de espera, bloquearon la autopista que comunica a Caracas con Guarenas (ciudad del estado de Miranda) cuando los militares asignados a una estación de servicio disminuyeron a menos de 10 litros la cuota por vehículo.
Según la directora de la ONG Transparencia Venezuela Mercedes de Freitas, el mercado negro empieza con la obtención de beneficios por dar a determinados conductores un lugar preferencial en la línea de espera. De Freitas explica que las dinámicas del mercado negro se pueden apreciar al recorrer la ruta Transversal del Caribe, que comunica al estado Zulia con la ciudad colombiana de Maicao.
“Cerca del paso fronterizo de Paraguachón [un corregimiento de Maicao], está el Ejército para dos cosas ilegales: la venta de gasolina y la extracción de mercancías […]. Todo pasa con la venia de la Fuerza Armada Nacional”, afirmó.
La portavoz de la ONG explicó que con la crisis de la industria petrolera nacional hubo un cambio en la forma de actuar de los grupos delictivos en los que operan los militares, pues ahora no facilitan el paso de gasolina venezolana a Colombia.
“Como no hay gasolina, no es posible llevarla afuera, lo cual era un gran negocio. Pero sí la venden aquí”, añadió.
“El problema de fondo es que Venezuela no podrá resolver este problema en su totalidad mientras el régimen continúe al mando de las operaciones de este negocio”, advirtió Fernández.