A lo largo de los 2219 kilómetros de frontera de Colombia con Venezuela el desafío de seguridad cambia con el terreno. En el Catatumbo, las fuerzas colombianas enfrentan a grupos armados y las economías ilícitas que los sostienen. En La Guajira, las grandes distancias y el terreno abierto hacen que la movilidad y la vigilancia sean fundamentales. Más al sur, los ríos de Arauca y la Orinoquía se convierten tanto en corredores de transporte como en espacios operacionales.
Colombia reforzó la frontera a lo largo de 2025 y 2026, desplegando personal y capacidades adicionales para responder a los grupos armados, el narcotráfico, el contrabando, los cruces fronterizos irregulares y otras amenazas transfronterizas. Sin embargo, la respuesta refleja cada vez más los diferentes entornos operacionales a lo largo de una de las fronteras más extensas y complejas de Sudamérica.
Un enfoque más proactivo de la seguridad fronteriza
Varias iniciativas han definido la respuesta de Colombia. El Plan Frontera, activado a comienzos de 2026, coordinó los preparativos del Gobierno ante posibles aumentos de la migración procedente de Venezuela, incluidos servicios de salud, alimentos, agua potable, alojamiento temporal y otras asistencias. El esfuerzo interinstitucional incluyó a los ministerios de Igualdad, Relaciones Exteriores, Defensa e Interior, entre otras entidades gubernamentales, con preparativos concentrados en zonas fronterizas como Cúcuta, Arauca, Maicao y Riohacha.
Al mismo tiempo, las Fuerzas Militares de Colombia continuaron las operaciones contra los grupos armados y las economías ilícitas que los sostienen, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho. Según Erich Saumeth, analista y consultor colombiano en temas de defensa, el enfoque representa un “énfasis creciente en pasar de una presencia esencialmente estática a una postura más ofensiva y orientada por la inteligencia”.
El refuerzo de la frontera se intensificó después del aumento de la violencia en el Catatumbo en 2025. En enero de 2026, las autoridades colombianas anunciaron el despliegue de más de 30 000 militares a lo largo de la frontera, priorizando Norte de Santander, La Guajira, Arauca y Vichada. Cerca de 11 000 efectivos se concentraron en el Catatumbo, apoyados por capacidades de inteligencia, drones, sistemas anti drones, vehículos blindados y otros medios de movilidad.
Esas operaciones han continuado. En septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que el Gobierno y los nuevos mandos militares y policiales desarrollarían una nueva estrategia para el Catatumbo dirigida contra las estructuras armadas, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que las sostienen.
Días después, el Ejército Nacional de Colombia informó sobre una operación orientada por inteligencia en Cúcuta y Villa del Rosario contra una presunta red del Ejército de Liberación Nacional (ELN), involucrada en el apoderamiento ilícito de hidrocarburos. La operación, realizada por el GAULA Militar de Norte de Santander en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, dejó cuatro capturados. Según el Ejército, la red desviaba combustible que era transportado a Norte de Santander, donde se utilizaba en el procesamiento de pasta base de coca en el Catatumbo. El Ejército identificó la operación como parte del Plan de Campaña Ayacucho.
Movilización ante la crisis en el Catatumbo
A mediados de enero de 2025, el ELN lanzó una importante ofensiva en el Catatumbo contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, mientras los grupos armados se disputaban el control del territorio y de las economías ilícitas. Los enfrentamientos provocaron una de las mayores crisis de desplazamiento de Colombia en los últimos años y obligaron a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares. En respuesta, el Gobierno colombiano declaró el “estado de conmoción interior” en la región, mientras helicópteros militares evacuaban a cientos de personas de las comunidades afectadas.
La combinación de tierras bajas, valles fluviales, bosques y terreno montañoso del Catatumbo, junto con su proximidad a la frontera venezolana, hace que la región sea particularmente compleja para las fuerzas de seguridad. Los grupos armados utilizan pasos irregulares y zonas de difícil acceso para trasladar personal y bienes ilícitos, mientras el comercio legítimo y el movimiento diario de personas continúan a través de la frontera.
La Brigada 30 del Ejército Nacional de Colombia, perteneciente a la Segunda División y con sede en Cúcuta, patrulla la zona y realiza operaciones contra grupos armados e infraestructura para la producción de cocaína. Para enero de 2026, el Ejército reportaba más de 11 200 soldados desplegados en Norte de Santander, incluidas capacidades de fuerzas especiales, despliegue rápido, aviación, movilidad terrestre e interinstitucional.
Para Saumeth, por lo tanto, no se trata simplemente de desplegar más soldados en la frontera. “El desafío allí no es solo controlar una frontera extensa, sino identificar y neutralizar amenazas que están constantemente entremezcladas con la población, la actividad económica y la movilidad legítima”, señaló.
“El intenso comercio transfronterizo también exige distinguir con precisión entre la movilidad legítima y los flujos vinculados al narcotráfico, el contrabando y otras economías ilícitas. Eso requiere mucha más inteligencia, coordinación interinstitucional y control territorial, porque un despliegue militar indiscriminado podría afectar el tejido económico y social de la región”, agregó.
Las operaciones recientes ilustran ese enfoque. En lugar de concentrarse exclusivamente en los integrantes armados de las organizaciones criminales, las fuerzas colombianas han atacado cada vez más la infraestructura y los recursos que les permiten operar, incluidas instalaciones para el procesamiento de cocaína, redes ilegales de combustible, armas, rutas de transporte y otros sistemas logísticos.
Patrullando la extensa frontera desértica de Colombia
Al noroeste del Catatumbo, la frontera entre Colombia y Venezuela se extiende por el Cesar hacia la poco poblada península desértica de La Guajira, que llega hasta el mar Caribe. Allí, las fuerzas de seguridad enfrentan un entorno operacional diferente, caracterizado por grandes distancias, terreno abierto, pasos fronterizos irregulares y rutas utilizadas para el contrabando y el narcotráfico.
La Guajira se encuentra dentro del área de responsabilidad de la Décima Brigada del Ejército Nacional de Colombia, perteneciente a la Primera División. Sus unidades incluyen capacidades de infantería mecanizada, caballería, artillería, ingenieros y otras distribuidas entre Cesar y La Guajira.
La movilidad protegida es particularmente importante en la región, donde las unidades deben cubrir grandes extensiones y responder rápidamente en terrenos difíciles. Las fuerzas colombianas emplean plataformas blindadas, incluidos vehículos LAV III y M1117, para fortalecer la movilidad, el reconocimiento, la protección de las tropas y el control territorial.
En palabras de Saumeth, “el uso de los vehículos GDLS 8×8 LAV III en La Guajira puede entenderse más como una decisión de control territorial y disuasión que como una respuesta específica al contrabando de combustible. Es una extensa zona fronteriza, con desafíos de movilidad y presencia de diversas amenazas, donde una plataforma altamente móvil y bien protegida puede fortalecer la capacidad de reacción de las tropas”.
El contraste con el Catatumbo ilustra cómo una misma frontera requiere diferentes conjuntos de capacidades. Mientras la inteligencia y las operaciones sostenidas contra estructuras armadas arraigadas son fundamentales en el Catatumbo, en La Guajira cobran mayor importancia la movilidad, la vigilancia y la capacidad de mantener presencia de seguridad a lo largo de grandes extensiones de territorio poco poblado.
Refuerzo de Arauca
Más al sur la frontera entra en otro entorno operacional en Arauca, donde el ELN y otras estructuras armadas han utilizado corredores fronterizos y economías ilícitas para sostener sus actividades. Allí, Colombia ha reforzado tanto sus capacidades terrestres como fluviales.
En mayo de 2026, el entonces ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció el despliegue gradual de 21 pelotones adicionales del Ejército —más de 600 efectivos— en zonas estratégicas de Arauca. Los primeros contingentes llegaron con vehículos blindados, motocicletas de alto cilindraje y drones de vigilancia y monitoreo. Otros 16 pelotones, integrados por unos 500 efectivos, estaban programados para desplegarse entre agosto y octubre. La Fuerza Aeroespacial Colombiana también anunció un helicóptero adicional para apoyar las tareas de reconocimiento, vigilancia y las operaciones de las fuerzas terrestres.
Las capacidades fluviales complementan esa presencia terrestre. En marzo, la Armada de Colombia activó un nuevo bote de operaciones fluviales de bajo calado, construido por COTECMAR para el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 52 en Arauca. La embarcación fue diseñada para mejorar la movilidad de las tropas, reforzar los patrullajes y fortalecer el control de las vías fluviales, donde los ríos constituyen corredores críticos de transporte.
La combinación de movilidad blindada, motocicletas, vigilancia aérea y fuerzas fluviales refleja el desafío particular de Arauca: controlar el territorio y los corredores de transporte en un entorno donde la propia frontera internacional sigue con frecuencia el curso del río.
La Orinoquía: seguridad a lo largo de los ríos
Al sur y al este de Arauca, la frontera entre Colombia y Venezuela se extiende hacia la cuenca del río Orinoco y el departamento de Vichada, donde los ríos Meta y Orinoco conforman largos tramos de la frontera internacional. Las carreteras son limitadas en gran parte de esta extensa región, lo que convierte a los ríos en rutas esenciales de transporte y comunicación para las comunidades, y en potenciales corredores para actividades ilícitas.
Esa geografía requiere un fuerte componente fluvial junto con capacidades terrestres y aéreas.
La Fuerza Naval de la Orinoquía de la Armada de Colombia es responsable del control de corredores fluviales estratégicos, incluidos los ríos Orinoco, Meta, Guaviare y Arauca. Su área de operaciones se extiende por más de 2600 kilómetros de vías fluviales en Arauca, Casanare, Meta, Vichada y Guainía.
La fuerza combina embarcaciones fluviales, Infantería de Marina, elementos terrestres y capacidades aeronavales. Los batallones fluviales de Infantería de Marina están ubicados en Puerto Inírida, Puerto Carreño y Arauca, lo que permite a las fuerzas patrullar las vías fluviales, trasladar personal y mantener presencia de seguridad en zonas donde el acceso por río puede ser más importante que las carreteras.
Las exigencias operacionales difieren considerablemente de las del norte. En el Catatumbo, las tropas operan en medio de intensos movimientos de población, economías ilícitas, zonas productoras de coca y territorios fuertemente disputados. En La Guajira, la movilidad protegida permite a las unidades cubrir grandes distancias en terreno abierto. En Arauca y la Orinoquía, las fuerzas fluviales y las embarcaciones de bajo calado permiten a las autoridades colombianas llegar a las comunidades y patrullar corredores que no pueden controlarse eficazmente solo desde tierra.
Por lo tanto, los recientes despliegues en estas regiones representan más que un aumento del número de tropas. Reflejan un esfuerzo por adaptar las capacidades a los diferentes entornos de la frontera, al tiempo que se incrementa la presión sobre la infraestructura que permite operar a las organizaciones armadas y criminales.
Desde la perspectiva de Saumeth, “la destrucción de infraestructura para el procesamiento de cocaína y las operaciones contra estructuras armadas muestran precisamente ese cambio […]. Lo que podría llamar la atención, más que el despliegue en sí, es la velocidad con la que ha aumentado la presión operacional sobre las organizaciones criminales”.
“Esto demuestra que el fortalecimiento de la seguridad fronteriza puede ser más que una medida preventiva frente a posibles amenazas externas: también puede servir como herramienta para recuperar el control efectivo de las rutas utilizadas por narcotraficantes, traficantes de armas y grupos armados ilegales”, concluyó.
