Las organizaciones criminales transnacionales operan cada vez más a través de fronteras, combinando narcotráfico y otras economías ilícitas con redes financieras, logísticas y de corrupción que les permiten ampliar su alcance. Frente a una amenaza que supera las capacidades de respuesta de un solo país, la cooperación regional se ha convertido en un componente central de los esfuerzos de seguridad en el hemisferio.
Ese enfoque cobró nuevo impulso en marzo de 2026 con la creación de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (ACCC), concebida para fortalecer la coordinación entre los países participantes frente a las organizaciones criminales transnacionales. Desde entonces, los países participantes han avanzado en la coordinación operacional y el intercambio de información para enfrentar amenazas que atraviesan las fronteras.
En este contexto Diálogo entrevistó a María Paula Romo, ex ministra de Gobierno del Ecuador (2018-2020) y directora de Educación Ejecutiva del Centro Adam Smith de la Universidad de Florida (FIU), durante la Conferencia Hemisférica de Seguridad de FIU, celebrada en Miami del 5 al 8 de mayo de 2026. La conversación tuvo lugar en una etapa inicial de la ACCC, antes de varios de los avances operacionales que la Coalición desarrollaría posteriormente.
Romo analizó la evolución del crimen organizado transnacional y las capacidades necesarias para enfrentarlo, desde el fortalecimiento institucional y los mecanismos de integridad hasta la inteligencia financiera y una cooperación regional sostenida. Para Romo, ante organizaciones criminales que operan a través de múltiples países, la respuesta también debe ser organizada y transnacional.
Diálogo: Durante décadas, Latinoamérica y el Caribe han mantenido algunos de los niveles de violencia más altos del mundo, a pesar de incrementos sostenidos en el gasto en seguridad y de reformas institucionales. ¿Qué revela esta persistencia sobre las limitaciones de los modelos de seguridad actuales, y dónde identificaría las vías más prometedoras para avanzar?
María Paula Romo, ex ministra de Gobierno del Ecuador y directora de Educación Ejecutiva del Centro Adam Smith de la Universidad de Florida (FIU): Esta es probablemente la pregunta que más desvela a quienes estudiamos o lidiamos con temas de seguridad, y también a los gobiernos, sobre todo porque hoy se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos. Durante décadas, los niveles de violencia se mantuvieron entre las preocupaciones principales, pero siempre encabezaban la lista los temas de economía, empleo y desempleo. Hoy la seguridad ha tomado el primer lugar, y no porque los otros indicadores hayan mejorado, sino porque los temas de seguridad se han descompuesto. ¿Por qué ocurre esto en América Latina?
Permítame una estadística que ayuda a entender la desproporción. En América Latina vive alrededor del 9 por ciento de la población mundial, pero ocurre el 33 por ciento de los homicidios. Los delitos violentos son más comunes y amenazan más a la población que en cualquier otro lugar. Además, otras características, como vivir en zonas urbanas o rurales, o el nivel de ingresos, se diluyen frente a la violencia, que es el factor común en nuestros países.
Uno puede ensayar muchas explicaciones. La impunidad, la falta de control y la informalidad son elementos importantísimos. Podríamos entrar a mirar indicadores específicos, pero si tuviera que escoger uno, diría que es la debilidad institucional que genera impunidad.
Diálogo: El crimen organizado ha ampliado su influencia, ya no solo sobre el territorio, sino sobre las economías locales e incluso sobre la gobernanza. ¿Qué capacidades deben priorizar los Estados para recuperar esa autoridad y esa legitimidad sin comprometer los principios de la gobernanza democrática?
Romo: Lo que usted dice es importantísimo, y es un giro que debemos tomar en cuenta. Hace décadas, las organizaciones criminales combatían contra el Estado y señalaban como objetivos, en sentido militar, a los operadores de justicia y a las fuerzas del orden: policías, militares, jueces. Hoy vemos que, con un gran poder económico y una gran penetración en las economías, estas organizaciones criminales están cooptando al Estado, incluidas las fuerzas del orden, mediante el financiamiento de campañas y la contaminación de instituciones, de policías, de militares y de jueces. Es parte de nuestro día a día.
Por eso cambian el panorama y el enfoque. Ya no se trata del Estado combatiendo a un actor externo, sino del Estado tratando de evitar que ese actor externo ingrese a sus filas, identificándolo, porque debemos dar por cierto que ya lo ha hecho. Las evidencias lo muestran en cualquiera de nuestros países. Por eso, las políticas de integridad, el control interno y los mecanismos de depuración permanente deben ser parte de nuestro interés hoy. Creo que ahí hay un factor importantísimo.
Diálogo: Encuestas como el Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas siguen reflejando niveles muy bajos de confianza en instituciones clave como la policía y el sistema judicial. ¿Cómo impacta esta brecha de confianza en la lucha contra el crimen organizado, y qué enfoques han demostrado ser más efectivos para reconstruir la legitimidad institucional?
Romo: Es otra pregunta clave en materia de seguridad, y probablemente la más compleja de atender y la que llevará más tiempo. Algunos golpes de efecto contra el crimen organizado, contra estructuras y economías criminales pueden mostrarse más rápido. Pero generar confianza en la población, con la brecha que existe en las instituciones de justicia penal, y también en todas las otras formas de justicia, es mucho más difícil. El retardo, la falta de celeridad y la ineficacia para dar respuestas están en el centro de nuestra crisis institucional y de nuestra confianza democrática. La clave está en cómo logramos que la población reciba respuestas.
Tal vez lo que voy a comentar tenga un impacto marginal, pero creo que el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo soluciones de inteligencia artificial para los asuntos más básicos de la administración de justicia, podría ayudarnos a descongestionar y a dar soluciones rápidas, sobre todo en los conflictos jurídicos más comunes y de menor escala. No está exento de polémica.
Al final del día, se trata de justificar la existencia del Estado. En la teoría clásica, el Estado moderno tiene razón de ser en dos funciones: intermediar en los conflictos entre privados, y garantizar la seguridad, al ser quien detenta el monopolio legítimo de la fuerza. Esas dos funciones, que explican su razón de ser, son las que hoy están cuestionadas en América Latina. Cuando una persona tiene un conflicto, sea personal o de mayor escala con una organización criminal, y el Estado es incapaz de garantizar justicia, control y orden, las organizaciones criminales ocupan ese espacio: financian su operación cotidiana con pequeñas extorsiones, porque son ellas las que controlan el territorio. Por eso, estos desafíos no deben mirarse solo como tareas de seguridad. Si no los resolvemos, lo que está en juego es la razón de ser de los Estados, la existencia de los Estados como los conocemos.
Diálogo: Más allá del fortalecimiento nacional, estamos ante organizaciones criminales que operan a través de múltiples países y jurisdicciones. En la práctica, ¿qué hace que la cooperación regional en seguridad sea realmente efectiva, y qué condiciones son necesarias para que se sostenga en el tiempo?
Romo: Como bien ha dicho, el crimen está organizado y es transnacional, por lo que la respuesta debe ser organizada y transnacional. No tiene sentido que, frente a una industria criminal que funciona cada vez más bajo ese modelo, tengamos respuestas aisladas, domésticas y polarizadas.
En mi experiencia, una de las soluciones es que la cooperación sea especializada y se mantenga dentro de las fuerzas del orden, que son instituciones jerárquicas y permanentes. La cooperación entre policías, entre militares y entre estructuras judiciales permite mantener la continuidad más allá de los procesos políticos, las diferencias ideológicas y la polarización. Una clave para que la cooperación sea efectiva es mantenerla en el nivel operativo y técnico, profundizarla y concentrar allí la mayor cantidad de esfuerzos, porque ese es el nivel que mantiene estabilidad en nuestros países.
Diálogo: En esa línea entran otros actores internacionales importantes para la cooperación regional en seguridad, como Estados Unidos, para quien contribuir al fortalecimiento de la resiliencia institucional en la región es una prioridad. ¿Dónde considera que esa cooperación puede aportar mayor valor frente a organizaciones criminales que operan a través de fronteras y sistemas financieros?
Romo: Este es un momento particularmente interesante para mirar la seguridad, porque Estados Unidos ha puesto al resto del hemisferio, a puesto al resto de los países de América Latina, en el centro de sus estrategias de seguridad por primera vez, tal vez, en décadas. América Latina no había tenido tanta atención hace mucho tiempo por parte de Estados Unidos, y había sido visa como un asunto relacionado con su propia seguridad, con la hemisférica pero también con la propia seguridad nacional de Estados Unidos.
Lo clave es que la cooperación de Estados Unidos hacia los países de la región se enfoque en inteligencia, en particular en inteligencia financiera y en combatir los flujos ilegales de dinero. El papel de Estados Unidos es fundamental por ser un centro de negocios y de transacciones, y por la cantidad de información a la que tiene acceso, a diferencia de nuestros sistemas locales. Para mí el verdadero giro se dará si logramos una cooperación no solo puntual, en un operativo u otro, sino sostenida en inteligencia criminal, en inteligencia financiera y en la persecución y extinción de activos criminales.
Diálogo: Para cerrar, con una mirada al panorama de seguridad regional en su conjunto, ¿qué elementos considera clave para construir una respuesta más integrada, eficiente y con visión de futuro frente a estas amenazas transnacionales?
Romo: Cooperación, como lo hemos dicho, fortaleza institucional y políticas serias de integridad. Y también una mirada más clara y realista sobre los temas de seguridad. Precisamente por ser una preocupación tan común, la seguridad se ha convertido también en objeto de campaña publicitaria, y ninguno de los problemas de nuestros países se resolverá con una foto, un video o un mensaje en redes sociales. Son problemas profundos que necesitan respuestas profundas, estructuradas, de mediano y largo plazo, que no pueden ser reemplazadas por estrategias de comunicación.
