El crimen organizado ha dejado de ser un desafío de seguridad pública para convertirse en una amenaza estratégica para la gobernabilidad democrática en Latinoamérica y el Caribe. Impulsadas por mercados ilícitos cada vez más lucrativos, las organizaciones criminales han ampliado su influencia sobre territorios, economías e instituciones, erosionando la autoridad del Estado y debilitando la capacidad de respuesta de las democracias.
Así lo advierte Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, en una entrevista exclusiva con Diálogo durante la Conferencia de Seguridad Hemisférica de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), celebrada del 5 al 8 de mayo de 2026.
Desde la expansión de los mercados ilícitos y la infiltración de instituciones públicas hasta el surgimiento de una nueva forma de “gobernanza criminal”, Chinchilla analiza cómo las organizaciones criminales han evolucionado hasta convertirse en una de las principales amenazas para la estabilidad de la región.
“Los criminales están sentados en la mesa gobernando nuestros países”, afirma la ex mandataria, en una de las advertencias más contundentes de la conversación.
A lo largo de la entrevista, Chinchilla examina los desafíos que enfrentan los Estados para recuperar el control de sus territorios, combatir la impunidad, fortalecer el Estado de derecho y mejorar la capacidad de respuesta frente a redes criminales que operan cada vez más allá de las fronteras nacionales.
Diálogo: En los últimos años, Latinoamérica ha experimentado una expansión significativa del crimen organizado y un mayor control territorial por parte de estos grupos. Desde su experiencia como exjefa de Estado y conocedora de estos temas en la región, ¿cómo ha evolucionado la relación entre gobernanza, autoridad del Estado y resultados en materia de seguridad?
Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica: Empezaría diciendo, quizá de manera categórica, pero respaldada por los indicadores, que el crimen organizado se ha convertido en la principal amenaza para la estabilidad institucional de nuestro hemisferio, especialmente para Latinoamérica y el Caribe.
¿Por qué lo digo de manera tan categórica? En primer lugar, por el crecimiento de los mercados ilícitos. Hoy la región cuenta con cerca de 10 hubs de mercados ilícitos ya consolidados, entre ellos algunos de los mercados más rentables, como el de la cocaína.
Esto ha permitido la diversificación de estas operaciones, y una mayor penetración de las economías lícitas a través del lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
A ello se suma la creciente cooptación de autoridades e instituciones públicas y la expansión del control territorial de grupos criminales, incluso en zonas urbanas de muchos países de Latinoamérica. Además, cada vez más las tasas de homicidio se explican fundamentalmente por el crimen organizado.
Finalmente, diría que ningún país escapa a este fenómeno. Hemos visto cómo países históricamente estables, como Ecuador, Costa Rica e incluso Chile, registran incrementos preocupantes en las tasas de homicidio.
Definitivamente, hay toda una interrelación una estrecha interrelación desde el punto de vista de la operación del crimen organizado y lo que podemos observar a nivel territorial y a nivel institucional.
Diálogo: En su más reciente publicación, Seguridad ciudadana y convivencia pacífica, usted introduce el concepto de gobernanza criminal para describir estas dinámicas emergentes en la región. ¿Cómo debemos entender este fenómeno y qué revela sobre la presencia, las capacidades y las limitaciones del Estado en distintos territorios? Y, a partir de ello, ¿qué enfoques considera usted que han demostrado mayor efectividad para restablecer la autoridad legítima del Estado?
Chinchilla: El fenómeno de la gobernanza criminal, está asociado, básicamente, al mayor control que las bandas del crimen organizado transnacional ejercen sobre la economía, el territorio y las instituciones, acompañado de un continuo deslizamiento o infiltración de las autoridades públicas.
En el fondo, lo que está sucediendo, y que de alguna manera nos cuesta admitirlo, es que los criminales están sentados en la mesa gobernando nuestros países.
En la mayoría de los casos, esto no ocurre necesariamente con una anuencia explícita de las autoridades, pero también hemos visto en América Latina intentos de establecer negociaciones, muchas veces poco transparentes, mediante las cuales actores políticos buscan obtener determinados beneficios de las bandas del crimen organizado a cambio de mayores cuotas de poder, control territorial para sus actividades ilícitas o incluso funciones que terminan sustituyendo la presencia y autoridad del Estado en determinados territorios.
¿Cómo confrontar este fenómeno tan delicado? Tengo que reconocer que no es fácil. Estamos frente a un nuevo escenario de los problemas de seguridad en nuestra región. Si bien el crimen organizado no es nuevo, hace apenas una o dos décadas hablábamos fundamentalmente de una predominancia de la criminalidad común. En ese contexto, era mucho más fácil articular estrategias de respuesta.
En este momento, todo tiene que pasar necesariamente por escalar capacidades a nivel de las agencias policiales, las instituciones judiciales y los organismos de persecución criminal. También por entender que, así como las organizaciones criminales operan transnacionalmente, la cooperación internacional debe hacerlo de la misma manera.
Y hay un componente sin el cual no se puede derrotar al crimen organizado es la inteligencia financiera.
Esos son elementos que debemos agregar si queremos confrontar esta amenaza con cierto grado de éxito.
Diálogo: Otra de las transformaciones que se han apreciado en los últimos años son los patrones de violencia, que tienden a ser más fragmentados, más dinámicos y más localizados. ¿Qué factores están impulsando esta evolución y cómo deberían adaptarse los Estados para responder de una manera más efectiva a esta nueva realidad?
Chinchilla: Así es. Parte de lo que, al menos en mi estudio, dejamos muy claro es que ya no podemos analizar el fenómeno de los homicidios en América Latina y el Caribe en términos agregados. Las estadísticas regionales nos dicen cada vez menos, porque la tendencia general es más bien a la baja.
Pero cuando acercamos el lente y observamos qué está ocurriendo a nivel de subregiones y, más aún, a nivel de países, vemos dinámicas muy distintas.
Por ejemplo, la subregión que históricamente fue considerada la más peligrosa del mundo en términos de tasas de homicidio por cada 100 000 habitantes ,Centroamérica, ya no lo es. Se trata de una región donde los homicidios vienen disminuyendo. Sin embargo, cuando observamos el Caribe, encontramos que actualmente alberga tres de los países con las tasas de homicidio más altas del mundo.
Por eso es tan importante acercar el análisis a las subregiones, a los países e incluso a determinadas zonas dentro de ellos. Ahí logramos también indicar que las áreas más peligrosas de la región, o aquellas que se están volviendo más peligrosas, son las zonas fronterizas, especialmente donde convergen varios países, como ocurre en la Amazonía, así como ciertas áreas costeras.
Lo que esto nos indica es la necesidad de segmentar mejor la información con la que trabajamos y adaptar las respuestas de política pública a las realidades locales.
Teniendo eso sí la gran sombrilla, porque insisto, se trata de un fenómeno transnacional, pero entendiendo que su manifestación varía de un territorio a otro. La respuesta, por tanto, debe combinar estrategias de cooperación transnacional con políticas ajustadas a las necesidades específicas de cada contexto local.
Diálogo: Otro de los desafíos centrales que estamos viendo en los últimos años es la confianza pública en la policía y en las instituciones de justicia. En su análisis, ¿cuáles son los principales factores que influyen en estas percepciones y cómo pueden los gobiernos fortalecer sus capacidades de seguridad sin debilitar, e incluso reforzando, la legitimidad institucional a largo plazo?
Chinchilla: Ese quizás es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Al inicio, cuando me preguntabas cuáles deberían ser los elementos de una estrategia, señalé que no podemos hablar de confrontar la criminalidad, sea común o organizada, sin instituciones sólidas, robustas, profesionales y transparentes que formen parte del Estado de derecho. Me refiero, fundamentalmente, a los jueces, los fiscales y las fuerzas de policía.
Y, desgraciadamente, esos son los componentes que históricamente han sido de los más débiles de las democracias latinoamericanas. Como consecuencia de esas debilidades, la percepción ciudadana también ha tendido a castigar a estas instituciones.
Los poderes judiciales presentan, en general, una percepción muy baja entre la población latinoamericana, debido a que arrastran el gran problema de la impunidad. América Latina, en casi todos los indicadores globales, registra tasas muy altas de impunidad; es decir, se cometen crímenes que nunca se castigan. En ese contexto, se entiende la frustración ciudadana.
¿Cuál es el desafío frente a esto? Que, en muchos casos, desafortunadamente, debido al cortoplacismo que caracteriza a los gobiernos y a las políticas públicas en América Latina, se recurre con frecuencia a recetas de “súper mano dura” que, en lugar de fortalecer a las autoridades judiciales, terminan debilitándolas.
Y entonces, tal vez conseguimos resultados de corto plazo, pero en el mediano plazo no resolvemos el problema. Por eso sigo insistiendo en la necesidad de hacer una apuesta fuerte por la profesionalización de la administración de justicia en nuestros países.
Diálogo: La coordinación entre las propias instituciones del Estado resulta un componente esencial para garantizar resultados efectivos. Desde su experiencia, ¿en qué puntos suelen fallar estos mecanismos de coordinación y cuáles considera usted que son las brechas más urgentes que los gobiernos deberían cerrar?
Chinchilla: Hay distintos modelos en América Latina de organización del poder judicial, de la ubicación institucional de las fiscalías o de las procuradurías generales. También existen distintos modelos de organización de las fuerzas policiales.
Hay países con esquemas federales y múltiples policías locales, como el caso de México, y otros con policías centralizadas, como el caso de Colombia. Por lo tanto, es muy difícil dar una receta demasiado específica, porque es necesario respetar la organización institucional de cada país.
Pero en lo fundamental no hay duda de que existen brechas de gestión entre lo que hace la policía, lo que hace el Ministerio Público o la Fiscalía y lo que hacen los jueces. Muchas veces, al no existir una filosofía común ni una integración de esfuerzos, a través de modalidades de fuerzas de tarea, la prueba que obtiene la policía no logra materializarse en un fallo judicial.
Y es ahí cuando vemos que muchas de las noticias en nuestros países son aquellas en las que la policía dice: “Yo lo arresté y el juez lo soltó”. Estas son situaciones que pueden resolverse, no deberíamos verlas con pasividad, porque hemos tenido ejemplos.
Lo digo por experiencia propia. En una crisis de seguridad que enfrenté y que resultó exitosa en términos de política pública, lo primero que hice fue reunir a policías, fiscales y jueces y plantearles: “Aquí vamos con una única filosofía, con entrenamiento común y con fuerzas de tarea”.
De manera que, en lugar de ir a la prensa a quejarse unos de otros, nos sentáramos a ver cómo mejorar la articulación de los esfuerzos. Esa es una tarea fundamental si queremos mejorar la eficiencia.
Diálogo: Si ampliamos la mirada más allá del ámbito nacional, ¿cómo se está llevando a cabo este desafío de coordinación entre países en la región? Y ¿qué tan efectivos son hoy los mecanismos de cooperación regional, especialmente en materia de intercambio de inteligencia y coordinación judicial?
Chinchilla: Cuando vemos algunos de los análisis sobre la resiliencia institucional de los países para combatir el crimen organizado, resulta interesante que, en el caso de nuestra región, se premian los esfuerzos realizados en materia de instrumentos de cooperación que hemos sido capaces de diseñar y aprobar.
Sin embargo, una de las advertencias es que, aunque contamos con un buen marco normativo y hemos avanzado en múltiples convenios de cooperación, en la práctica existe una brecha importante de ejecución.
Entonces volvemos un poco a lo mismo: ¿estamos haciendo realmente lo necesario desde el punto de vista, por ejemplo, de la cooperación financiera? ¿Están las autoridades financieras monitoreando, reportando y colaborando efectivamente en el intercambio de información para evitar el lavado de activos?
¿Están las policías compartiendo información relevante sobre los movimientos transfronterizos? ¿Están los jueces articulando la cooperación judicial para lograr condenas?
Ahí es donde hace falta trabajar más. La buena noticia es que los instrumentos existen y lo que necesitamos es impulsar acciones que permitan sentar conjuntamente a jueces, fiscales y policías de distintos países.
Diálogo: Y en ese mismo marco de cooperación, ¿qué papel deberían desempeñar los socios internacionales, incluidos los Estados Unidos, en el apoyo a los esfuerzos de la región para fortalecer la gobernanza democrática y la seguridad?
Chinchilla: Estados Unidos entendió hace muchas décadas que este era un tema de seguridad nacional para su país. Por eso, desde hace ya unas cuatro décadas se han venido desarrollando mecanismos de cooperación, como modalidades de patrullaje conjunto, intercambio de información y la aprobación de leyes de extradición, entre otras medidas. Yo no podría decir que, por lo menos en el caso de Estados Unidos, esa tarea no se haya asumido.
Lo mismo ha venido ocurriendo con varios países de Europa en algunos esquemas de patrullaje conjunto. Por ejemplo, en el Caribe y en parte del Atlántico vemos cómo participan países como Holanda, Gran Bretaña y otros países. De manera que sí hay ya un camino recorrido.
Sin embargo, los hechos muestran que no ha sido suficiente, porque el crimen organizado sigue creciendo, los mercados internacionales continúan consumiendo droga y ahí tenemos un faltante de políticas de prevención del consumo que todavía no llega.
Además, el negocio sigue generando niveles de rentabilidad muy altos. Por lo tanto, también tenemos una tarea pendiente desde el punto de vista de las ganancias del crimen organizado.
Diálogo: Y ya para cerrar y mirando hacia adelante, ¿cuáles considera usted que deberían ser las principales prioridades de América Latina para fortalecer la gobernanza democrática y construir una respuesta más resiliente frente al crimen organizado?
Chinchilla: Los temas de seguridad, criminalidad y violencia son, en esencia, fenómenos de naturaleza multicausal. Por ello, lo primero que diría es la necesidad de diseñar respuestas integrales, capaces no sólo de actuar sobre los factores de riesgo mediante políticas de prevención en el plano económico y social, sino también de mejorar la eficacia de la acción policial en materia de control y de fortalecer la función del Poder Judicial en la sanción y el castigo.
Las respuestas que se enfocan exclusivamente en una sola dimensión, por lo general, no se sostienen en el tiempo.
Ahora bien, si me preguntaran cuál sería la política más urgente, aun reconociendo la necesidad de una respuesta integral, diría que para América Latina hoy es fundamental enfrentar los niveles de impunidad mediante una inversión mucho más efectiva en la consolidación de aparatos judiciales que, en coordinación con las policías, sean eficaces, profesionales y transparentes.
