Ya no son simples redes de narcotráfico. Los cárteles latinoamericanos han mutado en corporaciones criminales transnacionales: emporios con presencia global, operaciones diversificadas y sofisticadas estructuras empresariales. Su poder económico y tecnológico amenaza la soberanía estatal, pone en jaque la seguridad hemisférica y exige respuestas judiciales y de cooperación renovadas.
“Los cárteles latinoamericanos representan hoy una amenaza a la seguridad nacional, la soberanía estatal y la estabilidad hemisférica, en la medida que han diversificado sus actividades”, explica Yadira Gálvez, experta en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, en entrevista con Diálogo.
Diversificación, fragmentación y expansión: Un portafolio criminal global
La fragmentación de antiguos cárteles ha dado paso a una constelación de organizaciones criminales, algunas con ambición transnacional, otras de alcance local, todas manteniendo férreo control sobre mercados criminales internos. “Esta diversificación permite que las redes delictivas se mantengan activas y adaptables”, afirma Gálvez.
Hoy, los cárteles operan como conglomerados policriminales. Ya no se trata solo de cocaína o marihuana. Su portafolio criminal abarca la minería ilegal de oro, trata de personas, tráfico de armas, comercio de especies protegidas y complejas redes de lavado de dinero.
En Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC) ha expandido su influencia más allá de las fronteras, tejiendo redes de apoyo para robustecer sus rutas de narcotráfico. En México, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han diversificado operaciones hacia el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos, el contrabando de combustible y el comercio ilegal de mercurio para la minería sudamericana.
El panorama de seguridad se complica aún más por la expansión de poderosos grupos originarios de la cuenca del Caribe. El Tren de Aragua (TdA) de Venezuela ha aprovechado la crisis migratoria regional para establecer células en toda Sudamérica y el Caribe. Si bien la actividad principal del TdA es la trata de personas y la extorsión, cada vez más se ha convertido en un subcontratista de las principales organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de drogas, utilizando sus redes establecidas para traficar armas y consolidar los ingresos delictivos.
En Colombia, la minería ilegal de oro ya genera más ingresos que la cocaína. El laboratorio de ideas estadounidense Council on Foreign Relations estima que más de la mitad de los ingresos del Clan del Golfo ahora provienen de la minería ilegal, actividad que ha desatado conflictos armados y devastado el ambiente en regiones como Chocó y Antioquia.
El tráfico de fauna silvestre también es parte de este ecosistema criminal: jaguares, tortugas, ranas, pecaríes y aves cruzan fronteras.
La pandemia, observa Gálvez, “abrió nuevos mercados ilícitos como el contrabando y la falsificación de medicamentos e insumos médicos, que ofrecen oportunidades rentables con bajo riesgo”. Esta diversificación, detalla, “se ha extendido a otras actividades como la trata de personas, la pesca no regulada y el tráfico de bienes”.
La cuarta ola: Del control territorial a la gobernanza criminal
Un informe de la plataforma uruguaya Diálogo Político señala que 2024 fue probablemente un año lucrativo para las economías ilícitas. En esta ola del crimen transnacional, los cárteles buscan no solo controlar territorios, sino dominar mercados y sustituir funciones estatales.
La evolución criminal, detalla el reporte, se ha dado en cuatro fases: la primera, con Pablo Escobar y el Cártel de Medellín abriendo las rutas de cocaína hacia los EE. UU.; la segunda, con el Cártel de Cali diversificando envíos vía Centroamérica y México; la tercera, marcada por los vínculos entre estructuras estatales, grupos armados y exportaciones de oro y cocaína a Europa; y la cuarta, la actual, que suma mafias extrarregionales, drogas sintéticas y minería ilegal bajo regímenes autoritarios o zonas de débil gobernanza.
El fenómeno ya no se define solo por la violencia, sino por la gobernanza paralela que imponen estos grupos: control de territorios, regulación de economías locales y sustitución de funciones estatales. Diálogo Político advierte que la complicidad política refuerza el esquema, debilitando al Estado legítimo, mientras los criminales ofrecen seguridad, empleo y justicia básica en comunidades desatendidas.
Gálvez subraya: “Los cárteles cuentan con amplios recursos económicos y tecnológicos que potencian su capacidad operativa. Su dominio digital, incluyendo el uso de Internet para coordinar operaciones, se combina con el acceso a armamento avanzado que les otorgan ventajas tácticas frente a las fuerzas estatales”.
Tecnología y logística: El salto digital del crimen organizado
La profesionalización de los grupos criminales se ha acelerado con la adopción de tecnologías financieras y digitales para mover y ocultar capitales a escala global. La plataforma de inteligencia blockchain estadounidense TRM Labs indica que redes chinas de blanqueo recogen efectivo de la venta de drogas en los EE. UU., lo convierten en criptoactivos y lo emplean para adquirir precursores químicos en China, esenciales para el fentanilo.
El uso de criptomonedas, plataformas VASP (proveedores de monederos electrónicos) y empresas fachada permite camuflar ganancias ilícitas en cadenas comerciales legítimas. Además, el despliegue de drones ha revolucionado la logística criminal: el CJNG los utiliza para reconocimiento y ataques, mientras que el ELN los ha empleado en ofensivas recientes en Colombia.
“Estas herramientas no solo fortalecen su poder de fuego, sino también su capacidad para intimidar y someter a la población”, advierte Gálvez. Estas dinámicas, agrega, “se complementan con sofisticadas redes de lavado de activos que insertan dinero ilícito en las economías formales, distorsionando mercados y debilitando la gobernanza financiera. Así, las estructuras criminales consolidan su influencia social y económica, configurando una amenaza compleja y persistente para la seguridad y la soberanía regional”.
Los cárteles replican cadenas logísticas empresariales, integrando productores, intermediarios aduaneros y distribuidores. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, los cárteles mexicanos han integrado operaciones ilegales de minería de oro en Ecuador con fines lucrativos y de lavado de dinero. La plataforma Crisis Group apunta al uso de compañías fachada y operadores marítimos para disimular bienes ilícitos en cadenas formales de comercio.
Impacto regional: De la violencia a la gobernanza criminal
El impacto trasciende la violencia. En Brasil, el PCC y el Comando Vermelho controlan zonas amazónicas, imponiendo “impuestos” ilegales y regulando actividades locales, según US News. En México, la violencia electoral de 2024 dejó decenas de candidatos asesinados; los cárteles influyen en decisiones locales mediante intimidación y financiamiento ilícito, reporta Cornell University.
En Colombia, el Clan del Golfo y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen gobiernos paralelos en zonas rurales, cooptando alcaldías y limitando la presencia estatal. El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023 expuso la infiltración criminal en la política.
Gálvez enfatiza: estos grupos “buscan mantener control territorial y ejercer una forma de gobernanza criminal, imponiendo sus propias reglas y dinámicas sociales. En algunos contextos, su influencia se extiende al ámbito político mediante financiamiento de campañas, cooptación o amenazas a funcionarios. Su objetivo ya no se limita a la obtención de ganancias económicas, sino que incluye el control de territorios, comunidades e incluso estructuras de gobierno”.
Hacia una respuesta hemisférica: El reto de la cooperación
Frente a esta amenaza, Gálvez advierte que los Estados deben ir más allá del enfoque tradicional: “Es urgente fortalecer la inteligencia y las capacidades operativas tanto físicas como digitales. Esto exige incorporar la dimensión cibernética a las estrategias de seguridad y renovar la cooperación regional, de la mano de los Estados Unidos, ya que la amenaza criminal es transnacional y afecta por igual a todas las sociedades”.
La solución, sostiene, debe ser integral. “No basta con reformar leyes; se requieren instituciones judiciales y unidades sólidas de inteligencia financiera que permitan rastrear y judicializar los flujos ilícitos. Sin mecanismos efectivos de extinción de dominio ni combate a la corrupción política, los Estados seguirán en desventaja frente a redes criminales que combinan poder económico y territorial”.
Solo un compromiso político real y una cooperación hemisférica ágil, con el apoyo de los Estados Unidos y Europa, permitirá enfrentar estos desafíos, insiste Gálvez. Los rezagos en ciberseguridad y la desigualdad de capacidades entre países frenan los avances. “De ahí la necesidad de consensos operativos y voluntad común para construir respuestas conjuntas ante las corporaciones criminales”.
