Las reservas naturales de Venezuela son eliminadas por un proceso de destrucción masiva que afecta la biodiversidad, los ecosistemas y la preservación de los afluentes hídricos con las acciones de la minería ilegal de oro, la presencia de grupos armados, intereses económicos oscuros y la complicidad del régimen de Nicolás Maduro, indica un estudio reciente de la ONG venezolana de derechos humanos FundaRedes.
El estudio expone la degradación de 44 parques nacionales, 36 monumentos naturales y 76 parques de recreación, distribuidos a lo largo y ancho del país, entendiendo estos como de vital importancia para el desarrollo sustentable de la nación y de la humanidad.
Los daños causados por la minería ilegal, la presencia de los grupos criminales en los parques y monumentos naturales que conforman el Arco Minero del Orinoco, la tala indiscriminada en las reservas forestales para sembrar coca y marihuana, la construcción de pistas de aterrizaje clandestinas destinas al narcotráfico y la contaminación de los afluentes hídricos, vulneran los derechos ambientales y por consiguiente el derecho a la vida, destaca FundaRedes.
También pone en evidencia que todas esas prácticas destructivas son desarrolladas ante la “anarquía y las políticas que mantiene el régimen venezolano de evadir sus obligaciones” e incluso en la mayoría de los casos con su consentimiento, normalizando los delitos ecológicos y causando graves y extensos daños al hábitat.
“La dictadura montó un plan maestro para establecer un sistema de botín en el país a partir del control total del régimen”, dijo el 18 de marzo a Diálogo Fernando Fernández, investigador del Observatorio del Delito Organizado de la ONG venezolana Paz Activa. “Entonces el principal depredador del ambiente es el régimen, con una extracción sin control ni límite administrativo, civil, ambiental y penal”.
Sur venezolano
“Cuando se creó el arco minero se creó la cultura minera en su peor expresión. La autocracia permite talar bosques, destruir suelos y emplear de manera indistinta el mercurio en la extracción de oro, devastando los ecosistemas”, expresó Fernández. “Eso es gravísimo. Son 400 000 kilómetros cuadrados afectados por el arco minero y la minería ilegal”.
Este es un escenario que vive el sur de Venezuela en estados como Bolívar y Amazonas, donde el mercurio genera graves problemas al medioambiente, debido a su uso en la minería ilegal por parte de organizaciones criminales, aseguró la iniciativa venezolana Proyecto Educación, Producción y Ambiente.
En esta región del país la delincuencia organizada trasnacional encuentra en la minería ilegal del oro una nueva fuente de financiamiento, elevando en Venezuela la criminalidad, la violencia, la corrupción y la violación a los derechos humanos, indicó en un reporte el Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa de España.
Guerrillas colombianas, sindicatos criminales, funcionarios del régimen y la Guardia Nacional Bolivariana, compiten por el control de las minas de oro, las cuales proveen fondos a la acorralada dictadura de Maduro, refiere el centro de estudios International Crisis Group. La expansión y operaciones transfronterizas de los grupos criminales, especialmente hacia Colombia, son un riesgo para la estabilidad de la región.
“Se habla mucho de la presencia de iraníes, iraquíes y afganos, un tema que necesita ser investigado con mayor ahínco”, comentó Fernández. “Ante este escenario la región, el sector privado y todos los países que aspiran al lado democrático y a tener mejores niveles de vida tendrían que preocuparse de estas alianzas, porque estas economías siniestras son en extremo violentas, no tienen escrúpulos”.
Señales de alerta
El informe de FundaRedes refiere que desde hace tiempo el régimen venezolano dejó de ser garante de la conservación y preservación de las áreas protegidas en Venezuela, para convertirse en “un modelo económico y una política concreta, en la cual la naturaleza está sujeta al saqueo y a la explotación indiscriminada para la obtención de divisas”.
De ahí la importancia de derogar toda medida que vaya en contra de los derechos ambientales de los venezolanos, e investigar y sancionar las acciones dirigidas a utilizar las riquezas naturales del país en beneficio privado, cometidas por funcionarios o particulares, detalla Fundaredes. “Los daños causados a las reservas naturales son irreversibles”.
Los países del mundo deben “entender lo que pasa aquí en Venezuela para que no ocurra allá en sus territorios”, finalizó Fernández. “Son señales de alerta para los estados, aprender de esta experiencia y evitar que ocurra allá en sus naciones”.
