El interés de China en la cadena agrícola de Latinoamérica se está extendiendo también a la compra de tierras para el cultivo. Según la base de datos de GRAIN, que supervisa las inversiones agrícolas globales, hasta la fecha China ha adquirido o arrendado alrededor de 1 millón de hectáreas de tierras agrícolas en la región. Este impulse se produce en un momento que China, que alberga una quinta parte de la población mundial, solo dispone del 10 por ciento de la tierra cultivable, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Sin embargo, una inversión tan significativa suscita preocupaciones sobre la soberanía nacional sobre recursos estratégicos, el potencial impacto ambiental de los monocultivos a gran escala, cuestiones de equidad social para las comunidades locales y repercusiones geopolíticas más amplias, dada la creciente influencia de China en la región.
El pasado mes de abril, la empresa estatal china Hulunbuir State Farm Group, especializada en riego y gestión agrícola, expresó su interés en comprar o arrendar tierras en Brasil para cultivar soja, maíz y algodón. La soja, en particular, es el producto alimenticio más buscado por China, que, según la agencia de noticias Reuters, importó en 2024 alrededor de 69 millones de toneladas de Brasil, es decir, el 71 por ciento de sus importaciones totales.
“Lo que se presenta como una asociación comercial se ha convertido, de hecho, en un modelo de dominio económico, territorial y productivo”, escribe el consultor brasileño en agroindustria Celso Ricardo Ferreira en el diario brasileño Jornal da Paraiba. Según el experto, “es un modelo de dependencia estructural. La agricultura brasileña se posiciona como proveedora de materias primas y recibe inversiones en sectores estratégicos. Mientras tanto, China controla la logística, la energía, la tecnología e incluso la dinámica política de la agricultura”.
También en Colombia, China está buscando en expandirse para aumentar la producción de las materias primas que necesita. El pasado mes de mayo se creó un instituto internacional de formación agrícola con el apoyo de la Universidad Agrícola del Sur de China. Se anunció también la creación de dos áreas agrícolas experimentales en el país latinoamericano, aprovechando la tecnología china para impulsar la producción de cultivos como el arroz, esencial para las necesidades alimentarias de China.
Con la reciente adhesión de Colombia a la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI), Pekín también ha mostrado interés por las tierras de la región de la Orinoquía, al este de Colombia.
El riesgo es que el acaparamiento de terrenos por parte de China pueda seguir profundizando el problema del histórico conflicto por la tierra que en Colombia ha generado violencia y desplazamientos.
“Colombia tiene una desigualdad en la propiedad de la tierra similar a la que existió en Sudáfrica en la época del apartheid. El 10 por ciento de propietarios particulares rurales son dueños del 80 por ciento”, explica a Diálogo el politólogo Daniel Vargas Olarte, profesor de Política Internacional de Asia y África en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Según el experto, “la falta de distribución de tierras arroja a la población a los grupos armados y debilita la estructura económica del país”.
Las preocupaciones medioambientales
En marzo de 2024, el Gobierno regional de Arequipa, Perú, recibió a una delegación del Ministerio de Recursos Hídricos de China para discutir una posible cooperación en el proyecto de irrigación Majes Siguas II. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo transformar más de 38 000 hectáreas de desierto en tierras cultivables mediante un complejo sistema de riego que desvía el agua del río Apurímac, con el fin de ampliar las exportaciones agrícolas de Perú. Sin embargo, el proyecto lleva ocho años paralizado y solo se ha completado el 11 por ciento.
El proyecto se enfrenta a numerosos retos. Las autoridades locales y las comunidades temen una reducción significativa de los recursos hídricos disponibles. Las características geológicas de la zona, compuesta por suelos arcillosos e inestables, también hacen que todo el sistema de riego sea vulnerable, lo que suscita preocupación por los deslizamientos de tierra y la infiltración de agua. También hay informes sobre la falta persistente de indemnización a las comunidades indígenas y campesinas, que afirman no haber recibido los pagos prometidos por el uso de sus tierras.
La posible participación del Gobierno chino en el proyecto Majes Siguas II suscita preocupaciones adicionales. El historial de las empresas respaldadas por el Estado chino, que a menudo llevan a cabo este tipo de iniciativas de infraestructura a nivel mundial, incluye casos de controversias y sanciones de organismos internacionales por cuestiones como prácticas fraudulentas, subcontratación ilegal e incumplimiento de contratos. Su amplia participación en proyectos de infraestructura a gran escala en todo el mundo también ha suscitado con frecuencia críticas medioambientales, que citan la destrucción del hábitat, la alteración de los cursos naturales del agua y una preocupante falta de transparencia en las evaluaciones de impacto medioambiental.
En Brasil, el cultivo intensivo de soja destinada al mercado chino es una de las principales causas de la deforestación de la Amazonia y del Cerrado, la sabana tropical del país. “Los chinos están comprando tierras y productos en Brasil, destruyendo, contaminando y alterando el equilibrio de la tierra», explica a Diálogo Patrizia Tomasi-Bensik, ingeniera brasileña y consultora de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
Para satisfacer la demanda china de soja, la agricultura brasileña ha sacrificado la producción nacional de alimentos. Los datos de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) de los últimos 19 años, revelan una disminución del 43 por ciento en el área cultivada con arroz y del 32 por ciento para la de frijoles, ambos alimentos esenciales en Brasil. En el mismo periodo, el cultivo de soja creció un 108 por ciento y el de maíz un 63 por ciento, justo por la presión importadora de Pekín.
Los retos de la expansión agrícola extranjera
En 2008, el grupo chino Chongqing Grain Group intentó adquirir unas 200 000 hectáreas de tierra para cultivar cereales en el estado brasileño de Bahía. Sin embargo, el acuerdo quedó bloqueado por la legislación brasileña, que impide a los extranjeros adquirir más del 25 por ciento del territorio de un municipio. Las empresas brasileñas con control extranjero tampoco pueden comprar tierras como las empresas nacionales.
“Para protegerse, los países de la región están regulando la extranjerización de tierras. Brasil, por ejemplo, desde 2010 ha limitado esta práctica a 5000 hectáreas. Argentina hizo lo mismo en 2011 al establecer que el porcentaje de tierras en manos extranjeras no debe superar el 15 por ciento del territorio nacional ni las 1000 hectáreas por región”, dice Olarte.
Colombia está debatiendo el Proyecto de Ley 149-2024, que tiene por objetivo limitar la compra de tierras por parte de los extranjeros. Una disposición clave del artículo 3 establece que las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán poseer, tener o ser propietarias de más del 15 por ciento del suelo rural dentro de la frontera agrícola del municipio donde se encuentren. “Es urgente una ley que limite en parte la extranjerización de la tierra”, dice Olarte.
El objetivo general es defender la soberanía nacional y garantizar la independencia económica, ambas cada vez más amenazadas por la creciente presencia global de China y su adquisición estratégica de recursos vitales. Esta vigilancia es crucial para salvaguardar la capacidad de una nación para determinar su propio futuro.
