La producción de cocaína ha alcanzado niveles históricos en Latinoamérica, impulsada por la expansión simultánea de cultivos ilícitos en Colombia, Perú y Bolivia. Este fenómeno se ve agravado por la expansión de complejos corredores transnacionales de tráfico que facilitan el movimiento de narcóticos por todo el hemisferio. Este aumento ha fortalecido a las organizaciones criminales, acelerando su adaptación operativa y planteando retos cada vez más complejos para la seguridad en la región.
Aumento alarmante en la producción
Martín Verrier, secretario de Lucha Contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, declaró en diciembre de 2025 a la revista latinoamericana Pucará Defensa que “en los últimos diez años la producción de cocaína aumentó un 500 por ciento” en la región. Esta cifra refleja una década de crecimiento ininterrumpido; según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), solo en Colombia, la superficie dedicada al cultivo de coca se incrementó en más de 400 por ciento entre 2013 y 2023, mientras que la mejora de la eficiencia de los laboratorios ha multiplicado aún más la producción final.
Según Verrier, el incremento más significativo se ha observado en Colombia durante los últimos tres años, generando un excedente que ha alterado las dinámicas tradicionales del tráfico. Los cargamentos siguen saliendo de la región hacia América y Europa, que se ha convertido en el segundo mayor mercado después de los Estados Unidos, según el medio argentino Infobae.
Factores que impulsan la producción colombiana
Daniel Potón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa de la Universidad de Posgrado del Estado, en Ecuador, explicó a Diálogo que el aumento de la producción de cocaína en Colombia se aceleró a partir de 2013, coincidiendo con el inicio de las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La salida del grupo de numerosas zonas cocaleras debilitó el control territorial existente y dio paso a una estructura más fragmentada, sostenida por disidencias y nuevas organizaciones criminales.
Esta desestabilización se vio agravada por la suspensión de la aspersión aérea con glifosato, primero en zonas fronterizas y luego a nivel nacional. Potón subrayó que “las estrategias de erradicación manual y sustitución de cultivos no lograron compensar esa pérdida de capacidad”, mientras que la pandemia mundial redujo aún más la presencia estatal en áreas rurales y empeoró las condiciones económicas, favoreciendo la expansión de los cultivos.
“Desde 2021, la producción se ha concentrado en enclaves específicos, con mayor tecnificación y especialización de las cadenas del narcotráfico. Este escenario generó excedentes sin precedentes, alteró rutas y tiempos operativos, y fortaleció la proyección transnacional de las organizaciones criminales”, precisó Potón. “La cocaína colombiana es la preferida en los mercados de consumo más importantes”.
Estructura del narcotráfico en la región
Según el informe Lucha contra el narcotráfico en América Latina, de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), las redes de tráfico adaptan sus operaciones a las ventajas geográficas específicas de cada país. Ecuador y Panamá actúan como nodos logísticos clave, usados para la contaminación de contenedores y el tránsito marítimo. En el Caribe y el Pacífico, lanchas rápidas, rutas costeras y centros de acopio temporales facilitan el traslado de cocaína producida en Sudamérica, mientras que puertos como Colón, Esmeraldas y Guayaquil concentran actividades de coordinación criminal.
En Colombia, los cultivos ilícitos siguen localizados en enclaves históricos conectados a redes transnacionales que integran producción, rutas y mercados. En Perú, el narcotráfico se apoya en áreas de difícil acceso y en la vasta red fluvial amazónica, para mover cargamentos hacia Bolivia y Brasil, además de utilizar puertos y aeropuertos para envíos a Europa, Estados Unidos y Asia a través de correos humanos y encomiendas, señala AMERIPOL.
Entre los actores dominantes con una sólida presencia internacional se encuentran los cárteles mexicanos (como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación), el Clan del Golfo de Colombia y el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) de Brasil. Estas organizaciones suelen trabajar en colaboración con grupos regionales como el Tren de Aragua y pandillas locales que proporcionan seguridad territorial y distribución minorista.
Además, han incorporado drones para vigilar rutas, monitorear la presencia de las fuerzas de seguridad y apoyar el transporte de cargamentos de menor volumen, especialmente en zonas fronterizas.
Respuesta estatal y colaboración internacional
Frente a estas amenazas en constante evolución, los Estados latinoamericanos han intensificado la cooperación operativa y el intercambio de inteligencia. Una piedra angular de este esfuerzo es la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South), componente del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), que coordina acciones multilaterales de detección e interdicción en los ámbitos marítimo y aéreo para interceptar cargamentos ilícitos y debilitar a las organizaciones criminales transnacionales.
Sobre esta base, se puso en marcha la Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear), dirigida por SOUTHCOM, como marco de colaboración para combatir las organizaciones de narcotraficantes y aumentar la seguridad regional. Este enfoque hace hincapié en las operaciones basadas en la colaboración, centrándose en la integración perfecta de la inteligencia multinacional y el fortalecimiento de la conciencia del ámbito marítimo para identificar e interceptar las amenazas en tiempo real.
Estos esfuerzos se complementan con operaciones multinacionales como la Operación Orión, dirigida por la Armada Nacional de Colombia. La campaña se ha convertido en una operación periódica en la que participan más de 40 países de América, Europa y África. Los resultados recientes de las fases Orión XV y XVI demostraron un éxito sin precedentes, con la incautación de casi 4000 toneladas métricas de sustancias ilícitas y la interceptación de unos 80 semisumergibles.
A nivel regional, la Organización de los Estados Americanos (OEA) promueve la cooperación entre Estados miembros mediante el intercambio de mejores prácticas, asistencia técnica y grupos de expertos en narcotráfico marítimo, fluvial y portuario, orientados a fortalecer capacidades nacionales de interdicción y coordinación hemisférica.
Fortalecimiento de la resiliencia regional y la coordinación estratégica
El futuro de la seguridad en Latinoamérica está cada vez más definido por la capacidad de los países amigos para integrar sus capacidades defensivas y modernizar sus instituciones.
Si bien el aumento de la producción supone un reto importante, también ha servido de catalizador para alcanzar niveles sin precedentes de coordinación estratégica en todo el hemisferio.
“Si el auge de la cocaína no se revierte en el corto plazo, la región podría entrar en una fase de reconfiguración profunda del narcotráfico, marcada por nuevas formas de producción y distribución, así como por el desplazamiento de los centros de gravedad del negocio ilícito”, advirtió Potón. “Este proceso estaría acompañado por un aumento de las tensiones políticas y por una mayor presión sobre los países”.
Como concluye Potón, “la cercanía entre el narcotráfico y el poder político sigue siendo un riesgo latente, y la infiltración criminal en la política podría profundizarse si no se fortalecen las capacidades institucionales y los mecanismos de control”. A través de esfuerzos colectivos continuos, la región se empeña en seguir desarrollando las capacidades necesarias para mitigar estos riesgos y garantizar la estabilidad a largo plazo.
