El pueblo Uwottüja, que vive en el estado Amazonas en Venezuela, manifestó en una asamblea de comunidades indígenas que el régimen de Nicolás Maduro no atiende sus problemas y necesidades. Los habitantes de los cuatro ríos (Sipapo, Cuao, Autana y Guayapo) y el sector Orinoco medio, decidieron defenderse con sus propios medios de “la invasión silenciosa” de organizaciones armadas y bandas criminales, y de la práctica de actividades ilegales en su demarcación, reporta la ONG de trabajo socioambiental de la Amazonia Wataniba.
“Declaramos el rechazo a la explotación de la minería ilegal dentro de nuestro territorio y del tránsito de actividades ilícitas como el narcotráfico”, dijo en marzo en Pendare, Amazonas, el representante del Consejo de Ancianos Uwottüja. Además, exigieron al régimen que “explique por qué los grupos armados afirman contar con autorización del Gobierno venezolano para permanecer en el territorio”.
“Esta asociación criminal inició con el entonces presidente Hugo Chávez, la cual potenció Maduro con la complicidad de distintos estamentos militares. Un mal matrimonio que violenta sistemáticamente los derechos de todas las comunidades donde opera”, dijo a Diálogo Eduardo Varnagy, académico de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. “Los grupos ilegales armados colombianos son los grandes aliados [de Maduro] en el control político y social del país; someten a través del miedo a las armas”.
El 26 de marzo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inculpó a Maduro y a sus cómplices más cercanos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero, y por su asociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para exportar toneladas de drogas a los EE. UU. Las autoridades estadounidenses ofrecen USD 15 millones por información que lleve a su detención.
“Las FARC pueden garantizar la defensa armada para la continuidad de Maduro en el poder”, expresó Varnagy. “Además, varios frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Ejército Popular de Liberación de Colombia operan en todo el territorio venezolano”.
Al menos 28 grupos delictivos, tanto extranjeros como nacionales, desarrollan actividades de narcotráfico, minería ilegal y terrorismo con armamento proveniente del Ejército Bolivariano, señala la ONG venezolana de derechos humanos Funda Redes. Las poblaciones indígenas de los estados Bolívar y Amazonas son las más afectadas, aseguran.
“Venezuela dejó de ser un puente para convertirse en un centro de operaciones de criminalidad del planeta” dijo Varnagy. “Todo esto con la anuencia y protección del régimen de Maduro”, agregó a Diálogo Javier Tarazona, presidente de Funda Redes,
Los nativos venezolanos están expuestos al “terror” que generan estos grupos armados que buscan imponer la obediencia, con extorsiones y tasas de homicidios que alcanzan picos extraordinarios en algunas comunidades, dice el informe Violencia en el sur de Venezuela de la ONG belga International Crisis Group, que trabaja para prevenir guerras.
“Poco a poco, las FARC y el ELN comienzan a tener control territorial en el país, no solo en zonas geográficas, sino de actividades económicas, donde protegen las concesiones de yacimientos de oro, coltán y diamantes de contratistas rusos y chinos”, agregó Varnagy. “Obligan a los grupos indígenas y tradicionales a migrar para salvaguardar su integridad física”, finalizó Tarazona.