Guaidó plantea declarar a Venezuela origen de minerales de conflicto

Guaidó plantea declarar a Venezuela origen de minerales de conflicto

Por Diálogo
abril 21, 2020

El presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, continúa la presión para que la comunidad internacional posicione al oro venezolano en la lista de los llamados “minerales de conflicto”.

El presidente de la Asamblea Nacional, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, planteó el problema de lo que llamó “oro de sangre” durante su comparecencia ante el Foro de Davos, en enero de 2020 en Suiza, y reiteró su petición en reuniones técnicas con miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, según declaró a la prensa a finales de febrero.

La extracción de oro del Arco Minero del Orinoco, un área que representa el 12 por ciento del territorio venezolano y que abarca la región norte de los estados de Bolívar y Amazonas, no solo trae problemas ecológicos y de salud para la población, sino que también intensifica los crímenes violentos, puntualizó el presidente interino.

En febrero, la organización no gubernamental Human Rigths Watch (HRW) denunció lo que calificó como “horribles abusos” a los que son sometidos los residentes de las poblaciones mineras. En los peores casos, indicó la HRW, los criminales ejecutaron y desmembraron en público a los que no cumplían con sus reglas. José Miguel Vivanco, director de HRW Américas, denunció que los enclaves mineros están en poder de grupos armados, algunos ligados a las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional, así como a bandas criminales conocidas como “sindicatos”. Personas entrevistadas por la HRW dijeron haber visto a militares cobrando sobornos y que un alto funcionario del régimen de Maduro ha estado presente durante varios incidentes.

Según el director del Observatorio Venezolano de Violencia Roberto Briceño-León, desde 2016 el estado de Bolívar ha escalado posiciones entre los demás estados, con las tasas de homicidios más altas del país. En 2019 ocupó el segundo lugar, con 84 homicidios por cada 100 000 habitantes.

Indicó, además, que desde 2017 el municipio con la tasa de homicidios más alta es El Callao, donde se desarrolla una intensa actividad minera. En 2019, dijo el investigador, en el municipio ocurrían 368 homicidios por cada 100 000 habitantes.

“En El Callao, la tasa de muertes por resistencia a la autoridad es tres veces superior a la de homicidios. En 2019 dominó la violencia aplicada por los cuerpos policiales o militares. Esta surge por los intentos de generar cierto control sobre la riqueza de las minas”, explicó.

En otras partes de Bolívar, en cambio, la violencia asociada a la actividad minera tiene que ver con los intentos por la apropiación del oro ya sustraído. Según Briceño-León, el oro ha reemplazado casi por completo a la moneda local, el bolívar, como moneda para las compras en lugares como Puerto Ordaz, localidad del municipio Caroní y sede de empresas mineras.

El exgobernador del estado de Bolívar Andrés Velásquez, sostuvo que la declaratoria del oro venezolano como mineral de conflicto impactaría las finanzas del régimen, pero también la de los grupos armados que se benefician de la actividad. Según sus cálculos, el Banco Central de Venezuela solo recibe entre el 30 y el 40 por ciento del metal obtenido en el Arco Minero.

Indicó que las disputas por el control de la minería en Bolívar han generado más de cuarenta masacres desde 2006, y que intenta trabajar con organizaciones internacionales para visibilizar la violencia ligada a la minería.

Una nueva legislación, el Reglamento sobre los minerales de zonas de conflictos, entrará en vigor en toda la Unión Europea a principios de 2021. Su objetivo será contribuir a frenar el comercio de estaño, tantalio, wolframio y oro, que son extraídos recurriendo al trabajo forzado o que se utilizan para la financiación de conflictos armados.

Según el consultor venezolano en mercados de metales preciosos Daniel Valero, uno de los mayores problemas para llevar a la práctica una medida como esta se refiere a la determinación del origen de los cargamentos de metales que puedan encontrarse en el exterior.

“Hay que recabar pruebas que permitan establecer la trazabilidad del metal, y estudiar además las rutas de los posibles contrabandos”, explicó. Advirtió, además, que sería muy difícil retirar después la calificación de un país como origen o fuente de minerales de conflicto.

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