Un reciente fallo arbitral en Ecuador ha puesto de relieve los crecientes riesgos contractuales para los países latinoamericanos que se asocian con empresas estatales chinas en megaproyectos de infraestructura. La decisión, que desestimó la demanda multimillonaria de la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC) contra el municipio de Quito, ha intensificado el debate sobre la transparencia y la supervisión regulatoria en la región.
El caso Solución Vial Guayasamín: orígenes y controversia
El megaproyecto Solución Vial Guayasamín fue adjudicado en abril de 2016 mediante una alianza estratégica entre CRBC y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito, con un presupuesto aproximado de USD 130 millones. El objetivo era mejorar la conexión entre el centro-norte de la capital ecuatoriana y los valles orientales, según reportó el diario ecuatoriano Primicias.
Sin embargo, el proyecto se enfrentó a una controversia inmediata. Las primeras etapas fueron objeto de críticas por la falta de estudios técnicos definitivos y por las cláusulas contractuales que otorgaban a la compañía china el 90 por ciento de los ingresos del peaje durante 30 años. El diseño del proyecto también excluía el transporte público, dando prioridad a los vehículos privados y suscitando críticas por socavar las soluciones integrales de movilidad, informó el periódico ecuatoriano El Telégrafo. Estas condiciones generaron desconfianza y alimentaron dudas sobre la transparencia y equidad del acuerdo.
El arbitraje y sus consecuencias
El 19 de septiembre de 2025, el tribunal arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá desestimó la demanda de CRBC, que reclamaba más de USD 40 millones más intereses, y declaró la nulidad absoluta del contrato, según la Procuraduría General del Estado.
CRBC había iniciado la demanda en febrero de 2019, alegando incumplimientos contractuales tras la suspensión del proyecto por parte del municipio, que detectó irregularidades técnicas, ausencia de garantías financieras y retrasos en la entrega de obras clave, como detalló Primicias.
Fuentes locales también señalaron que la empresa trató de trasladar al Estado ecuatoriano las pérdidas derivadas de su falta de ejecución, una práctica que se ha observado en otros litigios de empresas chinas en la región. Los contratos suelen incluir cláusulas favorables y mecanismos de arbitraje internacional que protegen los intereses de las compañías chinas, agregó El Telégrafo.
Perspectiva regional y precedentes
Sergio Cesarin, coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India de la Universidad Nacional de Tres de Febrero en Argentina, remarcó a Diálogo que el laudo arbitral demuestra que el modelo de inversión chino genera importantes fricciones en Latinoamérica. “Existen desacuerdos, brechas contractuales y experiencias problemáticas derivadas de las inversiones chinas en Latinoamérica”, afirmó.
El académico recordó que este no es el primer conflicto con una empresa china en la región. El caso de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair también enfrentó a Ecuador con Sinohydro, subsidiaria de Power China.
En 2021, la Corporación Eléctrica del Ecuador demandó a Sinohydro por defectos estructurales, incluso más de 17 000 fisuras en los distribuidores de las turbinas. Tras un proceso de arbitraje internacional, ambas partes alcanzaron un acuerdo de conciliación en julio de 2025 para definir un plan de reparación, como reportó Primicias.
Cesarin subraya que las grandes corporaciones estatales chinas suelen evitar someterse a procesos arbitrales internacionales y prefieren negociar directamente, sin ceder jurisdicción a terceros. “En los casos donde existen disputas contractuales, los litigios suelen resolverse en tribunales establecidos en Pekín, lo que favorece sus propios intereses”, precisó.
Este enfoque, advierte, genera un desequilibrio estructural en los mecanismos de resolución de controversias, ya que “siempre implican un componente de presión diplomática, dado el respaldo incondicional de China a sus empresas y la asimetría de poder con los Estados receptores”.
Disputas en torno al litio y arbitrajes internacionales
El alcance de los litigios con empresas chinas va más allá de Ecuador. En junio de 2024, la empresa china Ganfeng Lithium y dos de sus filiales iniciaron un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. Esta acción se produjo tras la reforma de México de 2022, que canceló las concesiones de litio en Sonora, otorgando al Estado mexicano el control exclusivo sobre este recurso.
La controversia surgió después de que Ganfeng adquiriera Bacanora Lithium en 2021 para desarrollar un proyecto valorado en USD 800 millones. La empresa alega que la cancelación afectó sus inversiones, mientras que el Gobierno mexicano defiende su soberanía, dice el portal especializado Minería en Línea.
Un antecedente similar se registró con el inversionista chino Tza Yap Shum, quien en 2007 demandó a Perú ante el CIADI por la expropiación indirecta de su empresa exportadora de harina de pescado. El tribunal falló en 2011 a favor del inversionista.
Impacto sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta
Estos conflictos han tenido repercusiones sobre la percepción latinoamericana de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI). Para Cesarin, “se observa un proceso de erosión en la confianza hacia China desde algún tiempo”.
Explica que el impulso inicial de los proyectos de la BRI en Latinoamérica se ha atenuado en los últimos años, y que la narrativa china ha perdido fuerza en la región. “Muchos países, como Argentina o Colombia, se incorporaron a la iniciativa con grandes expectativas, pero en la práctica se observa una pausa y una menor relevancia de los proyectos de infraestructura bajo el marco de la BRI”, añade.
No obstante, recuerda que la BRI no se limita a obras terrestres, como demuestra la relevancia estratégica del puerto de Chancay en Perú.
Lecciones y advertencias para Latinoamérica
El reciente fallo en Ecuador envía un mensaje importante a los gobiernos de la región. “Es posible litigar y ganar frente a corporaciones chinas”, destaca Cesarin.
Esta experiencia, afirma, “debe servir de advertencia para que, en futuras negociaciones, los países incorporen cláusulas que garanticen el cumplimiento de los contratos y contemplen la posibilidad de recurrir a tribunales sudamericanos en caso de incumplimiento”.
Así, los litigios recientes subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y defensa de los intereses nacionales a la hora de negociar con grandes empresas internacionales.
