La expansión del crimen organizado ha convertido la inseguridad regional en una prioridad máxima para América Latina, lo que ha provocado un aumento de la cooperación transfronteriza y la reforma institucional. Datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subrayan el impacto de estas redes delictivas en la gobernanza y el crecimiento económico; sin embargo, estos desafíos también han catalizado un período de mayor participación pública y respuesta estatal.
Una encuesta de la OCDE acerca de la confianza en las instituciones públicas, realizada entre 2023 y 2025 en Latinoamérica y el Caribe, indica que la delincuencia y la violencia se consolidaron como la principal inquietud regional. En promedio, el 60 por ciento de las personas encuestadas ubicó a la delincuencia o la violencia entre los tres principales problemas de su país. Mientras las cifras oscilan —entre el 45 por ciento en Paraguay y el 75 por ciento en Perú—, el consenso regional ha allanado el camino para medidas legislativas y policiales más decisivas.
Aunque casi nueve de cada diez personas expresaron su preocupación por los delitos violentos, esta demanda colectiva de seguridad está impulsando una nueva ola de movilización institucional. Esto se ejemplifica con la reciente formalización legal de AMERIPOL y la expansión del Comité Latinoamericano de Seguridad Interna (CLASI). Juntos, estos organismos tienden un puente entre la política nacional y la acción policial regional, creando un frente unificado contra las redes criminales transnacionales.
En entrevista con Diálogo, Yadira Gálvez, especialista en temas de seguridad y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que “la expansión del crimen organizado en la región se sostiene en estructuras que combinan capacidad operativa con mecanismos de corrupción y colusión (…)”.
Si bien Gálvez explicó que las debilidades institucionales permiten a estas organizaciones operar mediante la violencia y la corrupción, la preocupación persistente de los ciudadanos también está actuando como catalizador de la reforma. Los gobiernos se centran cada vez más en cerrar las brechas en la aplicación de la ley y el control territorial que históricamente han permitido la infiltración del crimen.
Resiliencia estratégica
La complejidad de la violencia en Latinoamérica se deriva de una convergencia del tráfico de drogas, la actividad de las pandillas y la desigualdad social, entre otros factores. Un informe de la Fundación Carolina, con sede en España, una organización que promueve las relaciones entre España y Latinoamérica, destaca cómo estas dinámicas se ven agravadas por los flujos financieros globales y la falta de coordinación multilateral. Sin embargo, la región está respondiendo con la modernización de sus marcos de defensa y judiciales para hacer frente a estas amenazas. Un ejemplo de este cambio es la Operación A Ultranza PY de Paraguay. Iniciada en febrero de 2022 con el apoyo de la DEA y Europol, la operación se convirtió en un esfuerzo histórico de varios años para desmantelar una enorme red de tráfico de cocaína y lavado de dinero. Hasta la fecha, sigue siendo la operación más grande en la historia de Paraguay, con más de USD 100 millones en incautaciones de activos, la extradición de líderes de carteles de alto nivel y el establecimiento de un nuevo plan regional para la cooperación judicial internacional.
Si bien Latinoamérica sigue siendo la principal fuente mundial de cultivo de cocaína, el enfoque regional ha evolucionado mucho más allá de la interdicción tradicional. Los países amigos participan ahora en una estrategia integral en todos los frentes para aniquilar estas redes. A lo largo de 2025, se produjo un cambio decisivo cuando varios países pasaron de tratar a las pandillas como delincuentes a designarlas como entidades terroristas. Este movimiento cobró impulso tras la declaración de Ecuador en 2024 de un conflicto armado interno y se consolidó en febrero de 2025, cuando Estados Unidos designó a varios grupos importantes —entre ellos el cártel de Sinaloa, Tren de Aragua (TdA) y MS-13— como organizaciones terroristas extranjeras.
Esto provocó un efecto dominó en la región, y Argentina, Trinidad y Tobago y el Congreso de Perú, entre otros, designaron al TdA como grupo terrorista. Estas reclasificaciones legales desbloquean recursos especializados, lo que permite a las unidades militares y policiales de élite llevar a cabo operaciones específicas, congelar activos financieros globales y ampliar el intercambio de inteligencia con los Estados Unidos y socios internacionales.
Dado que al menos el 75 por ciento de las muertes violentas en las Américas están relacionadas con armas de fuego, los líderes regionales también están intensificando sus esfuerzos para rastrear los flujos ilícitos de armas. Un ejemplo es la Hoja de Ruta de Centroamérica y República Dominicana para Prevenir el Tráfico y la Proliferación Ilícita de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos de febrero de 2025, que aprovecha la tecnología e-Trace de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) para ayudar a los socios del Caribe y Centroamérica a rastrear e interceptar el flujo de armas ilegales, apuntando directamente a las herramientas de violencia de estas redes.
“La intensidad de la violencia responde, en gran medida, a la fragmentación de las organizaciones criminales y a la competencia por el control territorial”, añadió Gálvez. “Estas dinámicas se expresan en formas cada vez más visibles y letales de violencia, que no se limitan a los homicidios, sino que incluyen desapariciones, reclutamiento forzado y desplazamientos internos, fenómenos que representan un desafío directo para la gobernabilidad en varios países”.
Estos desafíos se manifiestan de forma distinta en toda la región. El Índice Global de Crimen Organizado 2025 elaborado por la Iniciativa Global Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, indica que Sudamérica y Centroamérica siguen siendo muy afectadas, con países como Colombia, México, Paraguay y Ecuador entre los más desafiados a nivel mundial debido a su papel en la logística y la producción.
Un camino unificado hacia el futuro
De cara al futuro, se hace hincapié en la acción colectiva. Gálvez subrayó que “enfrentar a las redes de delincuencia organizada transnacional exige ir más allá de acciones aisladas. El desafío central es fortalecer las capacidades de inteligencia para desmantelar estas estructuras, identificando y atacando los nodos estratégicos que las sostienen como los intermediarios, los flujos financieros y los mecanismos de lavado de dinero, en particular en economías ilícitas vinculadas a las drogas sintéticas”.
Los países socios ya están perfeccionando estos planes de cooperación regional, avanzando hacia una formación especializada y una coordinación en tiempo real para hacer frente a las amenazas que afectan a todo el hemisferio.
Por último, aunque Gálvez advirtió que la polarización política y las presiones democráticas siguen siendo riesgos, la tendencia actual hacia la alineación regional sugiere que el hemisferio avanza hacia una defensa más sostenida y unificada para reforzar la estabilidad de la región.
