El creciente interés de China por adquirir minerales críticos de Colombia, esenciales para las tecnologías avanzadas y las industrias de defensa, suscita importantes preocupaciones en materia de seguridad. La creciente influencia de Pekín en la obtención de estos recursos vitales, especialmente tras la reciente adhesión de Colombia a la Iniciativa del Cinturón y Ruta, corre el riesgo de crear vulnerabilidades en las cadenas de suministro mundiales y de proporcionar una ventaja geopolítica, lo que plantea retos para la estabilidad regional.
Además de la explotación de los recursos naturales del país, con graves repercusiones sociales y medioambientales, Pekín alimenta el conflicto armado interno en Colombia. Su interés por minerales críticos como el coltán ha fomentado la extracción minera ilegal local para la exportación, en la que están involucrados grupos armados locales, como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según la Agencia Nacional de Minería colombiana, hay 17 grupos de minerales considerados estratégicos que se encuentran en Colombia, pero solo en el 2,9 por ciento del territorio se registra actividad minera legal.
En 2025, las autoridades colombianas confiscaron casi 49 toneladas de coltán y estaño, extraídos ilegalmente por disidentes de las FARC en los departamentos de Guainía y Vichada, en la frontera con Venezuela y Brasil. El valor estimado del cargamento era de USD 1,2 millones.
“El cargamento pretendía ser comercializado en el mercado internacional, con China como destino final a través del puerto de Cartagena en el norte de Colombia”, declaró en un comunicado el Brigadier General de la Policía Nacional de Colombia José Roa, director de Carabineros y Protección Ambiental.
El coltán es una mezcla de minerales de la que se extraen niobio y tantalio, estratégicos para los planes tecnológicos y militares de China. Además de ser un componente clave para la electrónica avanzada, se utiliza para material de defensa como misiles, drones militares y componentes satelitales.
“Sin embargo, Colombia no solo pierde control físico sobre el coltán, sino también la posibilidad de insertarlo en una estrategia de desarrollo nacional. Además, se fortalece la autonomía financiera de grupos armados, consolidando redes logísticas ilegales y formas de control social y territorial”, explica a Diálogo Mauricio Guzmán Rojas, experto colombiano en escenario de riesgos y seguridad.
Según un informe de Insight Crime, especializado en crimen organizado, el coltán llega a China gracias a documentación falsificada y cadenas de suministro opacas. Pequeñas plantas de procesamiento, con controles limitados, compran coltán sin refinar y lo revenden a través de plataformas en línea en China.
“Se ha documentado que un alto porcentaje de estos envíos al parecer tiene como destino Hong Kong, lo que podría estar vinculado a la utilización estratégica de zonas francas con menor control aduanero, menores barreras regulatorias y la existencia de redes comerciales especializadas en el intercambio de metales raros”, dice Rojas.
El interés por el oro
Las inversiones chinas en la mina de oro de Buriticá, situada en el departamento de Antioquia, también han resultado ser un problema para la población local.
En 2020, la empresa estatal china Zijin Mining Group completó la adquisición, por USD 1000 millones, del proyecto de la canadiense Continental Gold. Este acuerdo otorgó a Zijin una concesión de 14 años sobre casi 1900 hectáreas, una zona ya conocida por la inestabilidad social provocada por la minería ilegal. Grupos armados como el Clan del Golfo llegaron a controlar parte de las operaciones mineras ilegales. Zijin afirma que ha perdido el control de alrededor del 60 por ciento de sus túneles a manos de mineros ilegales.
Según Global Arbitration Review, portal de noticias especializado en arbitrajes de inversión, “la mina se ha visto afectada por la violencia debido a los enfrentamientos entre los trabajadores de Zijin y los mineros ilegales de la zona”. Si bien Zijin ha demandado al Gobierno colombiano en un arbitraje internacional por no haber protegido su inversión, reclamando una indemnización de USD 500 millones, hay quien sostiene que la empresa subestimó los graves problemas de seguridad y el profundo arraigo de los grupos armados ilegales y las operaciones mineras en la región, lo que sugiere una falta de diligencia debida por parte de la empresa china.
Otras cuestiones incluyen acusaciones de que Zijin no ha atendido adecuadamente las necesidades de las comunidades locales y los mineros tradicionales que han trabajado la tierra durante generaciones y buscan el reconocimiento formal de sus derechos. Según los críticos, los problemas con las relaciones con la comunidad se intensificaron después de que Zijin se hiciera cargo del proyecto.
También existen acusaciones, negadas por Zijin, de que la empresa vertió lodos tóxicos en los túneles mientras mineros informales se encontraban en el lugar.
Por otro lado, las preocupaciones por la grave degradación medioambiental existen en todos los proyectos mineros chinos y han tenido graves consecuencias. El uso de mercurio por parte de los mineros ilegales para extraer oro, como en Buriticá, ha contaminado los acuíferos locales y pone en riesgo la salud de las comunidades circundantes.
“Además, la deforestación y la erosión del suelo causadas por las operaciones mineras han amenazado la biodiversidad de una de las regiones más ricas en especies de los Andes”, afirma Rojas.
Sin embargo, China no ceja en su interés por el oro colombiano. Según cifras oficiales del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), entre 2020 y 2024 se observa un patrón de crecimiento en las exportaciones de oro a China y Hong Kong. En 2020 Colombia exportó 0,3 toneladas a China y 6,3 toneladas a Hong Kong. En 2021, las cifras aumentaron a 1,2 toneladas para China y 14,85 toneladas para Hong Kong. No se han publicado nuevos datos desde 2022.
“Sin embargo, algunas operaciones de exportación de oro a Hong Kong y China pueden estar al parecer vinculadas a prácticas de subvaloración o triangulación, lo que alimenta redes de lavado de activo”, dice Rojas.
Otras inversiones chinas en minerales críticos
En mayo de 2025, un consorcio chino liderado por JCHX Mining Management Co. compró por USD 128 millones el 50 por ciento restante del proyecto minero Alacrán.
Este se encuentra en Puerto Libertador, en el departamento norteño de Córdoba, y era propiedad de la canadiense Cordoba Minerals Corp., una filial de Ivanhoe Electric. Según las estimaciones, el yacimiento, que tras su exploración entrará en funcionamiento en 2026, podría alcanzar una capacidad de producción anual de unas 450 toneladas de cobre, además de producir plata y oro.
Según un informe del Centro Colombiano de Investigación y Educación Popular para la Paz, las operaciones de exploración minera del proyecto Alacrán han devastado la naturaleza circundante, amenazando la supervivencia de las comunidades locales.
“Se han vertido grandes cantidades de mercurio, lo que ha impactado al afluente y erosionado sus laderas. Esto ha contribuido a la deforestación y ha llevado a los habitantes de la zona a exponerse a altas dosis de agua contaminada, vulnerando así sus derechos fundamentales y su derecho a gozar de un ambiente sano”, reza el informe.
También hay en curso demandas judiciales que acusan a la mina de violar los derechos de las comunidades indígenas y los mineros tradicionales.
Además, según Reuters, la compra en febrero de 2025 por parte de la empresa china MMG Ltd de las instalaciones de ferroníquel de Anglo Americas en Brasil podría impulsar a China a interesarse también en la compra de la mina colombiana de Cerro Matoso, situada en el departamento de Córdoba.
“La explotación china de minerales críticos sigue siendo un problema crítico porque no solo contribuye a la deforestación y al desplazamiento forzado, mas, al ser canalizada por redes ilegales, fortalece economías ilícitas que desafían directamente la soberanía, el orden institucional y la integridad del sistema de regalías y minería en Colombia”, concluye Rojas.
