En los últimos años, la geografía del narcotráfico brasileño ha sufrido una profunda transformación que está redefiniendo el mapa del crimen organizado en Latinoamérica. Si durante décadas Paraguay fue la principal retaguardia operativa del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV), hoy el centro de sus operaciones se está trasladando progresivamente hacia Bolivia.
Según los investigadores, este cambio refleja la estrategia de las organizaciones criminales brasileñas de asumir un control más directo sobre las primeras fases de la cadena de producción de cocaína y sobre las principales rutas de exportación. “La Bolivia ofrece lo que Paraguay no puede garantizar en la misma medida: la cercanía a las áreas de producción de cocaína, el acceso al corredor de la coca peruana y una frontera terrestre de más de 3400 kilómetros con Brasil, en su mayor parte fluvial y amazónica”, explica a Diálogo Carlos Eduardo da Silva, ex investigador senior de la Policía Civil de San Pablo y especialista en crimen organizado transnacional.
El ascenso de Bolivia refleja la creciente internacionalización del PCC y del CV, que han fortalecido alianzas con productores, redes logísticas y operadores financieros, convirtiéndose en organizaciones criminales transnacionales cada vez más integradas. Una señal de esta evolución fue la detención, en mayo pasado en Santa Cruz de la Sierra, de Gerson Palermo, uno de los principales líderes del PCC. Condenado a 126 años de cárcel y prófugo desde 2020, Palermo dirigía una red internacional que transportaba cocaína desde Bolivia a Brasil para luego insertarla en las rutas internacionales del narcotráfico.
De corredor a plataforma operativa
De simple corredor del narcotráfico, Bolivia se ha convertido en una verdadera plataforma operativa regional para los grupos criminales brasileños. Según el fiscal brasileño Lincoln Gakiya, la facilidad para corromper a funcionarios locales y vivir bajo identidades falsas ha favorecido esta transformación. Según autoridades de seguridad del estado brasileño de Bahía, solo en 2026, seis líderes de facciones criminales activas en ese estado fueron detenidos en territorio boliviano.
Las investigaciones muestran que el país no se utiliza solo como refugio para prófugos, sino cada vez más como centro de coordinación de las actividades criminales. Según los investigadores, el CV habría desarrollado una estructura de mando específicamente orientada coordinar sus actividades en Bolivia.
La concentración de las actividades criminales se registra sobre todo en los departamentos orientales de Santa Cruz y Beni. En particular, Santa Cruz de la Sierra se ha convertido en un crucial centro logístico y financiero gracias a los vínculos comerciales con Brasil, a las infraestructuras de transporte y al elevado flujo de mercancías y capitales. La ciudad facilita el lavado de dinero, el ocultamiento de prófugos y la coordinación de operaciones transnacionales. “El riesgo es que Bolivia se convierta en una plataforma de conexión entre los grupos criminales brasileños y las redes regionales”, afirma da Silva.
Según el experto, una presencia cada vez más prominente de las organizaciones brasileñas podría acelerar la integración con los grupos andinos que controlan la producción de cocaína en Perú y Bolivia. “La cercanía a los cultivos de coca y a los laboratorios de refinación puede permitir a las organizaciones criminales brasileñas reducir los intermediarios, aumentar los márgenes de beneficio y adquirir una mayor autonomía logística”, añade da Silva. El experto advierte además que PCC y CV podrían ir más allá del rol tradicional de compradores y distribuidores, ocupando posiciones cada vez más profundas en la cadena productiva de la cocaína y acercándose a la condición de productores.
El cambio de rutas
La expansión del PCC y del CV en Bolivia ha transformado el país en un nodo estratégico para el narcotráfico regional, favoreciendo nuevas rutas hacia los mercados internacionales. Entre las más importantes se encuentra el corredor amazónico que atraviesa Rondônia y Mato Grosso hasta la isla de Marajó, en el estado brasileño de Pará. Desde aquí, la cocaína es enviada hacia África occidental y posteriormente hacia Europa.
Paralelamente, los grupos criminales aprovechan cada vez más la ruta Paraguay-Argentina, utilizando la red fluvial Paraguay-Paraná para llegar a los puertos atlánticos. Otra ruta en crecimiento pasa a través de Chile, donde la droga proveniente de Bolivia llega a los puertos del Pacífico para ser enviada luego hacia Europa y Asia.
Estos corredores permiten a las organizaciones criminales diversificar las rutas, reducir el riesgo de incautaciones y fortalecer el control de toda la cadena del tráfico de cocaína, desde la producción hasta la exportación. Paralelamente, el fortalecimiento de las organizaciones criminales en Bolivia ha favorecido una creciente integración con redes criminales regionales.
Emblemático es el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien era considerado uno de los criminales más buscados del continente. Capturado en Santa Cruz el pasado 13 de marzo, fue trasladado a custodia de autoridades estadounidenses tras su captura.
Las investigaciones sobre la red de Marset ilustran cómo los circuitos criminales de Bolivia, Paraguay y Brasil se encuentran cada vez más interconectados, combinando proveedores bolivianos, documentación falsa brasileña, pistas clandestinas en Paraguay y operadores logísticos distribuidos en varios países. Para los investigadores, este tipo de estructuras refleja el entorno transnacional en el que operan organizaciones como el PCC y el CV, caracterizado por alianzas flexibles, redes logísticas compartidas y una creciente capacidad para coordinar actividades a través de múltiples jurisdicciones.
La cooperación regional
La naturaleza internacional de las alianzas formadas por el PCC y el CV, junto con su habilidad para cambiar rápidamente rutas y formas de operación, hace que sea cada vez más difícil detener de manera efectiva el tráfico de cocaína hacia los mercados internacionales. Para responder a esta amenaza, los países de la región están reforzando la cooperación a través del intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas y nuevos mecanismos de colaboración judicial.
Uno de los signos más significativos de este cambio de enfoque es el acuerdo alcanzado entre Interpol y Brasil en 2026 para fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado sudamericano. La iniciativa, coordinada por la Policía Federal brasileña desde la Oficina Regional de Interpol en Buenos Aires, busca mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad de la región y golpear las redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.
La Coalición de las Américas contra los Cárteles refuerza ese esfuerzo regional al reunir a países socios para fortalecer el intercambio de inteligencia, la coordinación operativa y la acción conjunta contra los cárteles y las organizaciones narcoterroristas que operan en todo el hemisferio. Para los países que enfrentan organizaciones criminales cada vez más interconectadas, como el PCC y el CV, la iniciativa ofrece un marco adicional para fortalecer la cooperación frente a redes que explotan de manera sistemática las fronteras nacionales.
El creciente alcance regional de estas organizaciones también ha atraído una mayor atención internacional. En mayo de 2026, Estados Unidos designó al PCC y al CV como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, argumentando que ambas estructuras representan una amenaza significativa para la seguridad regional debido a su participación en el narcotráfico, el lavado de dinero y otras actividades criminales transnacionales. La medida refleja la creciente preocupación internacional por la expansión y sofisticación de estas organizaciones más allá de las fronteras brasileñas.
En el mismo mes, Brasil y Bolivia firmaron un acuerdo bilateral que prevé una mayor compartición de información, la coordinación de las investigaciones, operaciones conjuntas a lo largo de la frontera y una colaboración más estrecha contra el lavado de dinero y el tráfico de drogas.
En el plano operativo, la cooperación entre la Policía Federal brasileña y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía Boliviana (FELCN), ya ha producido resultados concretos, como demuestra el arresto de Gerson Palermo.
La evolución observada en Bolivia refleja un desafío más amplio para la región: organizaciones criminales que ya no operan dentro de fronteras nacionales claramente definidas, sino a través de cadenas logísticas transnacionales que conectan zonas de producción, corredores de tránsito, centros financieros y mercados internacionales. Esta realidad exige mayores niveles de intercambio de inteligencia, coordinación operativa y cooperación judicial entre países para interrumpir redes capaces de adaptarse rápidamente a la presión de las autoridades.
Sin embargo, según da Silva, el éxito de las operaciones en el terreno debe ir acompañado de una estrategia más amplia. “Lo que sostiene a estos grupos es el flujo de capital, no solo el territorio”, explica el experto, subrayando la importancia de la inteligencia financiera transnacional para rastrear fondos ilícitos movidos a través de fintech, criptomonedas y empresas de fachada.
El verdadero desafío estratégico, concluye da Silva, sigue siendo el fortalecimiento de la cooperación judicial y la adopción de procedimientos de extradición más rápidos y eficaces, indispensables para impedir que los líderes criminales aprovechen las diferencias entre los sistemas legales nacionales.
