La captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, considerado el fugitivo más buscado de Costa Rica, dejó al descubierto el creciente poder de fuego y la capacidad tecnológica de las organizaciones criminales, señaló la cadena británica BBC News. El operativo puso fin a una década de fuga tras cerca de 50 minutos de enfrentamiento, durante el cual ocho agentes resultaron heridos, abundó Infobae.
Las fuerzas de seguridad ejecutaron la acción el 24 de julio de 2026 en Sarapiquí, cerca de la frontera con Nicaragua, y decomisaron fusiles de asalto, pistolas, más de 2700 municiones y drones que la estructura empleaba para vigilar el territorio y anticipar los movimientos policiales, precisó el mismo medio. El arsenal y los equipos encontrados ilustran cómo las organizaciones criminales incorporan armamento de alto poder y tecnologías comerciales para proteger sus operaciones y disputar el control territorial.
El contrabando tradicional dejó de ser la única vía de abastecimiento
“El mercado ilícito de armas en Centroamérica está evolucionando hacia un modelo más diversificado, flexible y difícil de controlar”, dijo a Diálogo Karen Jiménez, directora de la escuela de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. “Ya no depende únicamente del contrabando tradicional o del robo de armas, sino que combina armas sustraídas, armas legales desviadas hacia circuitos criminales, ingreso de piezas por separado, ensamblaje interno, fabricación artesanal e impresión 3D”.
Esa diversificación ocurre en un contexto de creciente violencia armada. Según el informe Violencia armada en Costa Rica: Hallazgos de una década 2014-2024, de la Fundación para la Paz y la Democracia, más del 77 por ciento de los homicidios registrados en ese periodo se cometieron con armas de fuego, y la década constituye la más agresiva de la historia reciente del país.
“El caso de Costa Rica revela una transformación muy preocupante: el país pasó de una violencia armada asociada a hechos aislados o delincuencia común, a una violencia conectada con economías criminales, disputas territoriales y crimen organizado”, indicó Jiménez. “Las armas de fuego se han convertido en el principal instrumento de letalidad criminal”.
Los decomisos muestran la amplia circulación de armas
Durante el primer semestre de 2026, las autoridades costarricenses decomisaron unas 1100 pistolas y revólveres. El volumen de las incautaciones refleja la amplia circulación de armas en el país y el desafío que representa para las fuerzas de seguridad.
“Costa Rica muestra que el mercado ilícito de armas ya no puede entenderse solo como un problema de decomisos”, subrayó Jiménez. “Es una red de abastecimiento criminal que se nutre de debilidades legales, fallas de trazabilidad, circulación regional y demanda creciente de estructuras del crimen organizado”.
Los operativos antidrogas ofrecen otra mirada al mismo entramado. El 18 de junio, la Policía de Control de Drogas concluyó 23 allanamientos en Puntarenas y Alajuela con el decomiso de más de 500 kilogramos de droga, ocho armas de fuego y nueve vehículos, detalló el periódico CR Hoy. La investigación permitió desarticular una organización que, según las autoridades, escaló del narcomenudeo al tráfico internacional marítimo de drogas. El hallazgo de armas junto con drogas, vehículos y otros equipos muestra cómo el armamento forma parte de las capacidades que sostienen las operaciones de estas estructuras criminales.
La región responde con planes nacionales y cooperación internacional
El caso costarricense se inscribe en un desafío regional en el que las organizaciones criminales aprovechan fronteras terrestres, puertos, aeropuertos, servicios de mensajería y cadenas comerciales para mover armas completas o sus componentes. El Ministerio Público de Honduras informó el 10 de julio que la Agencia Técnica de Investigación Criminal decomisó armas largas, municiones y granadas en un taller de autobuses urbanos en Puerto Cortés, presuntamente destinadas a una estructura criminal de la zona norte. En Guatemala, una serie de allanamientos contra grupos dedicados a la extorsión y al robo de vehículos permitió detener a 29 presuntos delincuentes y decomisar armas de fuego. El Ministerio de Gobernación ordenó análisis balísticos de los fusiles y pistolas para establecer si fueron empleados en homicidios o atentados.
La evolución del fenómeno empuja a los países a integrar prevención, investigación, rastreo e intercambio de información. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamás, Belice y República Dominicana forman parte de la Hoja de Ruta Centroamericana para Prevenir el Tráfico y la Proliferación Ilícita de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, adoptada en 2025 con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, el Centro Regional de las Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Como parte de esos esfuerzos, El Salvador avanzó en julio de 2026 hacia la fase final de su Plan Nacional contra el Tráfico Ilícito de Armas, con el apoyo de la Secretaría General del SICA, la OEA y el centro regional de las Naciones Unidas. El proceso busca definir prioridades, responsabilidades institucionales y mecanismos de coordinación e intercambio de información para contener la proliferación de armas, municiones y explosivos, indicó el SICA.
La cooperación internacional también forma parte de los esfuerzos contra las organizaciones que se abastecen de estas armas. La captura de alias Diablo, que contó con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas (DEA), demostró que las fuerzas de seguridad centroamericanas desarticulan estructuras de alto riesgo cuando combinan inteligencia, coordinación, operaciones especializadas y respaldo de socios estratégicos. La DEA preparó y patrocinó una solicitud de recompensa, administrada por el Departamento de Estado, a cambio de información sobre Diablo. Asimismo, durante más de un año, la DEA monitoreó las 24 horas del día la línea telefónica y el correo electrónico habilitados para recibir información, y apoyó a las autoridades costarricenses con solicitudes de investigación e inteligencia que contribuyeron a la operación y posterior captura.
El aumento de las modalidades de abastecimiento, desde el desvío de armas legales hasta el ingreso de componentes, el ensamblaje interno, la fabricación artesanal y la impresión 3D, amplía el desafío para las fuerzas de seguridad. La interdicción en fronteras y puertos sigue siendo necesaria, pero debe complementarse con investigación, trazabilidad, análisis balístico e intercambio de información que permita identificar no solo las armas, sino también las redes que las abastecen y utilizan.
La incorporación de drones por estructuras como la de alias Diablo confirma además que las organizaciones criminales adaptan tecnologías disponibles comercialmente para vigilar el territorio y anticipar operaciones policiales. Esa evolución plantea nuevos desafíos tácticos y de inteligencia.
Los mecanismos regionales en desarrollo buscan fortalecer la respuesta frente a un mercado ilícito que no se detiene en las fronteras nacionales, mediante el rastreo de las armas incautadas, el intercambio de información balística y la coordinación entre instituciones y países. El caso Diablo ilustra tanto el nivel de amenaza que pueden alcanzar estas organizaciones como la importancia de combinar inteligencia, capacidades operativas y cooperación para desarticularlas.
