Costa Rica enfrenta una intensificación sin precedentes en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, presionada por el avance de organizaciones criminales transnacionales (OCT) que utilizan sus costas del Caribe y el Pacífico como rutas logísticas críticas para el tráfico internacional de drogas.
A principios de noviembre de 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) costarricense, lanzó la mayor operación antidrogas de la historia del país contra el llamado Cártel del Caribe Sur, una red que enviaba cocaína a Europa y los Estados Unidos.
Este ritmo acelerado de la lucha contra el narcotráfico se ha visto reforzado por las alianzas internacionales: pocas semanas después, las autoridades costarricenses anunciaron la incautación de 4,4 toneladas métricas de cocaína en una operación conjunta en el Pacífico con la Guardia Costera de los Estados Unidos, la DEA y la Policía para el Control de Drogas (PCD). El presidente Rodrigo Chaves acogió públicamente con satisfacción este trabajo conjunto, señalando el acuerdo de larga data para realizar patrullas conjuntas contra el narcotráfico.
En octubre, las autoridades lograron también desarticular una estructura narco integrada por colombianos y costarricenses, a la que en los últimos tres años se le incautaron siete toneladas de drogas. El director del OIJ, Randall Zúñiga, dijo en un comunicado que los traficantes, principalmente de nacionalidad colombiana, empleaban diversos métodos para transportar droga desde Turbo, Colombia, hasta Costa Rica, donde era almacenada y posteriormente exportada hacia el norte del continente y Europa, informó la cadena alemana DW.
Un país convertido en centro logístico de los cárteles
“El país centroamericano enfrenta un auge de operaciones de los cárteles de Colombia y México, que han logrado usar a Costa Rica como centro logístico y de trasbordo de drogas hacia distintos destinos de Europa y los Estados Unidos”, señaló a Diálogo Carolina Sampó, coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Trasnacional de Argentina.
La magnitud de los operativos refleja la gravedad del problema: el OIJ movilizó a 1200 agentes en 64 allanamientos simultáneos contra el Cártel del Caribe Sur, abarcando regiones como Alajuela, Limón, Cartago, Puntarenas y San José.
Esta OCT, según las investigaciones, mantenía una estructura sofisticada con tecnologías de punta, armamento, logística terrestre y marítima, casas de seguridad, drones y otros recursos esenciales para su actividad criminal. La colaboración internacional fue clave, con el apoyo de cuerpos policiales de Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Panamá y Reino Unido.
Alianzas criminales y la amenaza regional
“El narcotráfico se ha convertido en el principal desafío de seguridad para Costa Rica, país que se ubica en el centro del corredor entre Sudamérica, principal zona de producción de cocaína”, advirtió Sampó. La especialista subraya que informes de prensa y de inteligencia identifican alianzas entre el venezolano Cártel de los Soles (CdS) y bandas colombianas, que necesitan fortalecer rutas marítimas hacia puertos europeos. Allí, las organizaciones criminales europeas, como la N’drangheta y redes albanesas de los Balcanes, se encargan de la distribución.
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, afirmó a principios de septiembre de 2025 que el régimen venezolano de Nicolás Maduro es un “narcogobierno” y destacó la influencia del CdS en la región. Zamora Cordero también reafirmó el papel de los Estados Unidos como aliado clave en la lucha antidrogas, recordando que Costa Rica comparte con el resto de Centroamérica la realidad de ser “ruta de paso entre los países productores y los consumidores”.
Auge de la violencia y sofisticación criminal
Costa Rica, tradicionalmente vista como un oasis de seguridad, atraviesa ahora niveles récord de violencia, según InSight Crime. Las organizaciones locales se han vuelto más sofisticadas y violentas, buscando controlar el negocio e integrarse a redes transnacionales. Este fenómeno, advierte InSight Crime, incrementa el riesgo de corrupción e inestabilidad.
“En Costa Rica desde 2015 al 2019 funcionó el cártel de los Moreco, un grupo criminal involucrado en el tráfico de drogas que llegó a extenderse a varios países centroamericanos”, explicó Sampó. El grupo, que se ha debilitado tras el arresto de sus líderes, ya no se considera una gran potencia criminal. Sin embargo, añadió Sampó, “no se descarta que hayan quedado integrantes residuales que estén conectados con diferentes actores delictuales de la región en el negocio del narcotráfico”.
Cooperación internacional y nuevas estrategias
Para reforzar este esfuerzo internacional de la lucha contra la sofisticada actividad de las OCT, el Gobierno estadounidense entregó recientemente dos escáneres fijos y dos drones Puma al Ministerio de Seguridad Pública costarricense, para reforzar la vigilancia en los puertos de Caldera y Puntarenas y moin, en Limón.
“El crimen transnacional no respeta fronteras ni coloca límites a sus propósitos, por lo cual la complejidad y la amplitud de estas redes requieren una vigilancia constante y acciones decisivas por parte de las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico”, analizó Sampó.
La cooperación internacional va más allá de la asistencia material. La Unión Europea organizó una capacitación especializada para funcionarios de las unidades especiales costarricenses, con el objetivo de fortalecer la seguridad portuaria y la capacidad de respuesta frente al narcotráfico. Esta iniciativa se enmarca en el Memorando de Entendimiento firmado en febrero de 2025, que integra a Costa Rica al Proyecto de Cooperación Portuaria (SEACOP), financiado por la Unión Europea.
La lucha de Costa Rica contra el narcotráfico y el crimen organizado es hoy una batalla que trasciende fronteras nacionales. El país, convertido en un punto estratégico en las rutas de la droga, enfrenta un desafío que requiere tanto respuestas locales decididas como una cooperación internacional sostenida. La gravedad de la situación y la sofisticación de las redes criminales plantean un desafío crítico para la seguridad regional y la estabilidad democrática.
Sampó concluye que “hay que continuar y reforzar los intercambios de información entre los Estados con el fin de elaborar estrategias y herramientas para enfrentar al crimen organizado, como por ejemplo intensificando los operativos de incautación de drogas y bienes del lavado de dinero. Es una manera que resulta clave para debilitar a las estructuras narco”.
