Después de casi dos años de conflicto interguerrillero entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las tierras fronterizas de Colombia y Venezuela siguen desgarradas por la guerra y son un epicentro del tráfico de drogas en las Américas.
Las inconsistencias en los datos oficiales sobre las incautaciones de drogas en Venezuela en 2022 refuerzan las versiones de que el régimen de Nicolás Maduro juega el papel de “capo criminal”, indicó InSight Crime, una organización dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, en un informe de finales de diciembre de 2022. En toda la frontera colombo-venezolana, el ELN parece ser el principal beneficiario de la complicidad con el régimen de Maduro.
Confabulación con el ELN
A principios de 2021, en el estado fronterizo venezolano de Apure, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ejecutó una de las mayores operaciones militares del país contra disidentes del frente 10.º de las FARC, supuestamente por el control de las rutas de la droga, informó la BBC. Inicialmente acogiendo con beneplácito la llegada de disidentes de las FARC tras deserciones del proceso colombiano de paz, como el líder guerrillero Iván Márquez en 2019, el régimen de Maduro aparentemente se volvió contra varias facciones de las ex FARC.
En 2022, la campaña contra el Frente 10.º provocó graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas del régimen de Maduro, incluidas ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento masivo de más de 6000 civiles de Apure. No obstante, los combatientes del frente 10.º de las disidencias de las FARC infligieron a las fuerzas militares venezolanas una serie de derrotas decisivas, incluido el secuestro de ocho soldados de las FANB.
Según InSight Crime, facciones de las antiguas FARC incluidos los frentes 10.º y 33.º y el ELN, se han enfrentado por el control de las rutas del narcotráfico y el contrabando en los departamentos fronterizos colombianos de Arauca y Norte de Santander, así como en los estados venezolanos de Apure y Zulia. A principios de enero de 2023, al menos 10 combatientes murieron durante enfrentamientos en el departamento colombiano de Arauca, en la frontera con Venezuela, entre los grupos disidentes del ELN y las FARC, ambos actualmente en conversaciones de paz con el Gobierno colombiano, informó el diario español El País. En Arauca, departamento muy castigado, se registraron más de 352 homicidios en 2022, debido en gran parte a los combates entre guerrillas insurgentes rivales, informó la cadena estatal Radio Nacional de Colombia.
Lo que en esencia es el mismo conflicto a ambos lados de la frontera se complica por la relación del régimen de Maduro con los grupos armados. Al parecer, a finales de 2022, las fuerzas del régimen habían logrado expulsar a gran parte del frente 10.º de Apure (y presumiblemente de Arauca). Sin embargo, la aparente clave del éxito militar fue el franco contubernio con los combatientes del ELN en el estado. Con el ELN ejerciendo un control político cada vez mayor en todas las ciudades fronterizas, Human Rights Watch (HRW) informó ya en abril de 2022 que las fuerzas del régimen habían participado en operaciones conjuntas con combatientes del ELN contra el 10.º frente.
En una entrevista privada con Charles Larratt-Smith, profesor de ciencias políticas de la Universidad Tecnológica de Monterrey, México, y Andrés Aponte González, investigador de dinámicas de conflicto de la ONG colombiana Fundación Ideas para la Paz, un comandante del ELN dijo que el grupo estaba comprometido “a apoyar a Maduro, cuyo régimen representa el proyecto político que el ELN ha aspirado durante mucho tiempo a establecer en Colombia”, publicó Americas Quarterly en abril de 2022.
Control del narcotráfico
Además, el compromiso del régimen de Maduro con la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico queda en entredicho por sus propias cifras de incautación de drogas en 2022. Según la Superintendencia Nacional Antidrogas (SUNAD) del régimen, las autoridades incautaron 41,6 toneladas métricas de drogas, destruyeron 57 pistas de aterrizaje y 58 laboratorios, y neutralizaron 40 avionetas entre el 1.º de enero y el 3 de diciembre. Sin embargo, las incautaciones individuales reportadas por medios independientes y medios del régimen suman 33,2 toneladas métricas durante el mismo período, lo que despierta sospechas.
Particularmente notables son las cifras del régimen en Zulia. El estado Zulia registró más del 70 por ciento de las cifras oficiales de la SUNAD para 2022, con 29,4 toneladas métricas. El estado también registró el mayor número de pistas de aterrizaje clandestinas y sitios de producción de drogas destruidos. El monitoreo de InSight Crime, sin embargo, registró 19,6 toneladas métricas incautadas en Zulia durante el mismo período.
“El patrón de las operaciones antinarcóticos sugiere una dinámica mucho más compleja, donde el objetivo final de Maduro no es erradicar el tráfico por completo, sino controlar quién puede mover drogas y dónde pueden moverlas”, dijo la Unidad de Investigación de Venezuela de la organización.
Los datos sugieren que el régimen de Maduro concentra las operaciones de seguridad y antidrogas de manera oportunista contra los grupos armados que considera enemigos. En Apure, las incautaciones de drogas aparentemente disminuyeron una vez que las fuerzas de seguridad de Maduro y el ELN lograron sofocar el frente 10.º de las ex FARC. Del mismo modo, en Zulia, durante el mismo período, las fuerzas del régimen concentraron las operaciones de seguridad contra el frente 33º de las ex FARC y otros grupos criminales, dejando en gran medida en paz al ELN aliado. En la actualidad, el ELN es más fuerte que nunca en ambos estados y, según un informe de HRW, ejerce el control directo de numerosas ciudades a lo largo de la frontera.
El ELN ha establecido un “sistema integral de gobierno rebelde que regula estrictamente las actividades sociales y políticas [incluidos el tráfico de drogas, el contrabando y la minería ilegal] en su área de control. Luego comparte estos ingresos con los actores del régimen, incluidos los mandos militares regionales”, señalan Larratt-Smith y Aponte González. “De esta manera el ELN se ha convertido en un pilar clave del propio régimen de Maduro”.
La implicación a partir de los datos es que el régimen de Maduro juega al forjador de reyes criminales, permitiendo que grupos armados aliados como el ELN operen con impunidad, mientras concentra las operaciones antidrogas contra otros grupos armados como los ex frentes de las FARC. Aunque tensas, las cifras oficiales como las de la SUNAD permiten examinar más de cerca la complicidad del régimen con los grupos armados. La creciente influencia del ELN en Venezuela se debe en gran medida al régimen de Caracas.