En la última década, las empresas chinas incrementaron significativamente su presencia en la Amazonía mediante proyectos de infraestructura, minería y energía. Esta expansión se ha caracterizado por procedimientos poco transparentes y presuntos actos de corrupción en países como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, lo que despierta preocupación por el impacto ambiental, social y político en la región.
La penetración económica de empresas chinas en Sudamérica se ha dado tanto a través de inversiones directas, como mediante proyectos financiados con créditos chinos. Según la plataforma internacional de periodismo ambiental Mongabay, el bajo nivel de transparencia que caracteriza a estas compañías, facilita entornos con escasa supervisión pública en los países donde operan.
La cadena latinoamericana Univisión documenta que varios proyectos impulsados bajo la iniciativa china de la franja y la ruta (BRI) han sido señalados por corrupción, afectaciones ambientales y violaciones laborales.
El profesor de relaciones internacionales Euclides Tapia, de la Universidad de Panamá, advirtió en entrevista con Diálogo, que “uno de los aspectos negativos de la implementación de la BRI en Sudamérica, es que muchos de los proyectos impulsados bajo este programa chino se ubican en zonas ecológicamente sensibles, provocando deforestación que compromete gravemente al medio ambiente”.
En la Amazonía, esta expansión económica está regularmente asociada a condiciones laborales deficientes, desplazamiento de comunidades indígenas y daños ambientales significativos. Además, la plataforma uruguaya de investigación Diálogo Político destaca que la falta de mecanismos efectivos de supervisión por parte de Pekín, permite que estas empresas operen sin consecuencias legales ni económicas, perpetuando sus impactos negativos sobre las comunidades y el medio ambiente.
Brasil: recursos estratégicos bajo control extranjero
En noviembre de 2024, la estatal china Nonferrous Trade adquirió a la brasileña Mineração Taboca, por USD 340 millones. Esta compañía controla la mayor reserva de uranio de Brasil y posee derechos sobre la mina de Pitinga, ubicada en el Amazonas, un área rica en minerales estratégicos como uranio, estaño y otros metales clave para el desarrollo tecnológico, reporta la agencia española EFE.
Aunque la empresa justificó la adquisición como una estrategia para acceder a nuevas tecnologías y consolidar su posición en el mercado global, la operación generó controversia. El diario peruano La República, reportó que varios sectores en Brasil plantean riesgos a la soberanía nacional, e incluso están analizando posibles acciones legales, para evitar la explotación de recursos estratégicos como el estaño en la región.
Euclides Tapia calificó como “alarmante la cesión de la mayor reserva de uranio en Brasil a una empresa extranjera. Es un grave error estratégico”. Según Tapia, ningún país debería permitir que recursos críticos queden bajo control extranjero, sin una supervisión estricta de sus órganos competentes.
El académico también advirtió que “proyectos como la construcción de carreteras o instalaciones industriales por parte de empresas chinas, no solo generan negativos impactos ambientales duraderos, sino que también establecen una relación de dependencia estructural entre Sudamérica y China, consolidando la influencia china en la región”.
Bolivia: corrupción y el caso CAMC
Según Mongabay, en 2016 algunas circunstancias revelaron la existencia de una red de sobornos en la constructora china CAMC Engineering, que obtuvo contratos por más de USD 570 millones en Bolivia, para proyectos de infraestructura como plataformas petroleras, una planta de fertilizantes y una presa, financiados por el Banco ExIm de China y el Banco Central de Bolivia.
El caso adquirió notoriedad debido al vínculo con Gabriella Zapata, expareja del entonces presidente Evo Morales. CAMC contrató a Zapata como alta ejecutiva en su filial boliviana, aunque no tenía ninguna cualificación. Lo que sí tenía era un documento que indicaba a Morales como padre de su hijo –cuya existencia es objeto de controversia–, y que utilizó para influir así en decisiones empresariales y gubernamentales.
Tapia sugirió que la combinación de intereses economicos y políticos recuerda estrategias utilizadas por Rusia, donde exmandatarios influyentes son integrados en estructuras económicas clave, para asegurar vínculos estratégicos. Aunque no asegura que China siga este modelo, plantea que “podría adoptar tácticas similares para consolidar su influencia global”.
Colombia: impactos en comunidades indígenas
En Colombia, la empresa china Emerald Energy (filial de Sinochem), desarrolló actividades en el bloque petrolero El Nogal, ubicado en la Amazonía, sin consultar previamente a las comunidades indígenas de la zona, como exige la legislación colombiana. Según el diario español El País, el proyecto ignoró tanto el valor ambiental como cultural del territorio.
“China ha trasladado a Latinoamérica sus prácticas depredatorias, reproduciendo en la Amazonía los mismos modelos que aplica en su territorio”, señaló Tapia. “Estas prácticas priorizan los intereses estratégicos y económicos chinos, sacrificando el equilibrio ecológico y cultural de las regiones afectadas”.
Ecuador y Perú: corrupción y deforestación
En Ecuador, empresas como Andes Petroleum (filial de China National Petroleum Corporation) y Sinohydro, han sido señaladas por generar deforestación, contaminación y alteraciones en la dinámica natural de la selva amazónica. El diario ecuatoriano Primicias reportó que el Gobierno de Ecuador reclama a Sinohydro más de USD 580 millones, debido a fallas en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que no opera a plena capacidad.
En Perú, la empresa china CREC 10, que enfrenta investigaciones en Tailandia por fallas estructurales tras el colapso de un edificio en Bangkok y por irregularidades laborales, colusión en licitaciones y sobornos, también ha sido señalada por irregularidades laborales, manipulación de licitaciones y sobornos en proyectos como el Hospital del Altiplano en Puno y el corredor vial Chamaya-Jaén, reportó la plataforma argentina Infobae.
Por otro lado, CAMC también es señalada por presuntos sobornos en contratos del sector eléctrico peruano. En enero de 2023, el Ministerio de Energía y Minas de Perú firmó un contrato con CAMC por USD 31 millones, para instalar una red eléctrica en el departamento de Amazonas, lo que generó críticas por la falta de transparencia en la adjudicación del contrato, informó Mongabay.
Región en riesgo
El avance de China en la Amazonía presenta un dilema complejo para los países sudamericanos. Mientras que las inversiones chinas ofrecen oportunidades de desarrollo económico, también plantean graves riesgos para la soberanía, el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.
Según Tapia, algunos actores locales priorizan beneficios personales por encima del interés nacional, facilitando el avance del partido comunista chino y permitiendo que las empresas extranjeras operen sin rendición de cuentas.
“Para estos actores no hay fronteras, solo negocios. China se aprovecha de funcionarios corruptos dispuestos a ceder soberanía económica, sin considerar las consecuencias para sus propios países”, concluyó Tapia. “La falta de regulación adecuada y supervisión efectiva en la región, sigue siendo un desafío crítico para frenar los impactos negativos de estas prácticas”.
