La transformación del crimen organizado brasileño, de un fenómeno vinculado principalmente a actividades ilegales a una red capaz de ejercer control territorial y coercitivo, está redefiniendo la naturaleza del desafío que las facciones plantean al Estado. El poder criminal ya no se mide únicamente por la cantidad de droga traficada o por la capacidad de fuego, sino por la posibilidad de sustituir a las instituciones en determinadas zonas del territorio, determinando quién puede entrar, qué actividades pueden realizarse y qué reglas deben respetarse.
Para los principales grupos criminales, en particular el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), el territorio ya no es, por tanto, únicamente el espacio en el que operar, sino un recurso estratégico que debe ser conquistado, gobernado y defendido. A través del dominio de comunidades enteras, las organizaciones criminales pueden proteger sus actividades ilícitas, controlar a personas y manejar información, imponer reglas, condicionar las economías locales y crear nuevas fuentes de ingresos.
“Alrededor de 44 millones de brasileños, casi el 20 por ciento de la población, viven sometidos en territorios dominados por las facciones, incluso en pequeñas localidades de apenas 10 000 habitantes”, explica a Diálogo Rodrigo Pimentel, ex capitán del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), la unidad especial de la Policía Militar de Río de Janeiro y co-autor del libro Tropa de Elite.
Paradójicamente, la consolidación del dominio criminal puede reducir la violencia visible. “Cuando la facción es hegemónica, cuando no está disputando el territorio, los homicidios tienden a desaparecer”, explica Pimentel. Es así como nace “una falsa impresión de paz”, detrás de la cual se esconde “el pleno dominio territorial de la facción”.
En 2025, las muertes violentas intencionales en Brasil disminuyeron un 8,2 por ciento respecto al año anterior, hasta 40 775 casos, el nivel más bajo desde 2012, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2026. Según Pimentel, una vez eliminada la competencia por el territorio, disminuyen los enfrentamientos, mientras se obstaculiza el acceso de las fuerzas de seguridad y la población queda sometida por el miedo: la violencia no desaparece, sino que cambia de función, pasando del enfrentamiento por la conquista del territorio a la amenaza permanente necesaria para gobernarlo.
El control social
Uno de los instrumentos más evidentes de este dominio es el llamado “tribunal del tráfico”, un sistema judicial paralelo mediante el cual las facciones ejercen el control social. Para el Delegado Paulo Saback, comisario de la División de Represión al Narcotráfico de la Policía Civil de Río de Janeiro, se trata de “un mecanismo de sustitución del Estado” que regula “prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana”. Quien viola las reglas de la organización puede ser castigado por los narcotraficantes con amenazas, violencia, expulsiones o, en los casos más graves, la muerte.
Este poder sobre la población también se traduce en el control mediante la fuerza de las actividades económicas y los servicios. En Icapuí, en la costa oriental de Ceará, integrantes del Comando Vermelho exigieron a un proveedor local de internet el pago de unos USD 2 por cliente en la zona bajo su control. Tras la negativa de la empresa, en julio de 2026 tres hombres encapuchados irrumpieron en sus instalaciones y destruyeron los equipos. Es la misma lógica con la que, en las zonas controladas por las milicias y las facciones de Río de Janeiro, las organizaciones imponen o monopolizan servicios esenciales como el gas, la televisión por cable y el internet.
En Ceará, la expansión del CV ha favorecido la extensión de este modelo también a la recolección de residuos, el suministro de agua y el transporte escolar. “Hace 25 años era un estado poco violento; hoy el 90 por ciento de las ciudades está dominado por las facciones”, afirma Pimentel.
En Sobral, también en Ceará, la operación Omertá, realizada en agosto de 2026, reveló indicios de que integrantes del CV habrían exigido pagos a candidatos que querían hacer campaña en los barrios bajo su influencia, con montos de hasta USD 11 650. Las investigaciones también apuntaron a amenazas para impedir actos y encuentros electorales.
La población termina así siendo la principal víctima, hasta el punto de verse obligada, en algunos casos, incluso a abandonar su propio territorio. En Uiraponga, en el Vale do Jaguaribe, una disputa entre los Guardiões do Estado (GDE) y el TCP Cangaço, vinculado al Terceiro Comando Puro (TCP) de Río, convirtió en 2025 a la localidad en un pueblo fantasma. Aislada y de difícil acceso, la zona ofrecía a las organizaciones criminales un refugio frente a las operaciones policiales y una posición favorable para sus actividades ilícitas.
Del territorio a las infraestructuras: la proyección del poder criminal
Los grupos criminales también intervienen en la configuración del espacio urbano, transformándolo en una herramienta para consolidar su dominio y obstaculizar la acción de las fuerzas de seguridad. En Río de Janeiro, este fenómeno es particularmente evidente. En agosto de 2026, en el Complexo de Israel, en la Zona Norte de la ciudad, la Policía Militar descubrió por primera vez vehículos bomba y barricadas equipadas con explosivos, preparados para ser detonados a distancia. El objetivo era impedir el ingreso de la policía en el área controlada por los criminales.
A esta infraestructura defensiva se suma el uso de tecnologías cada vez más sofisticadas. Los drones son utilizados para vigilar el territorio, monitorear los movimientos de la policía y atacar a grupos rivales con explosivos. En Río de Janeiro, las autoridades investigan 18 episodios de bombas lanzadas desde drones y han documentado incluso cursos organizados por los criminales para enseñar a utilizarlos.
“Ya existen relatos de personas heridas en varias comunidades debido a las esquirlas de estos explosivos. Es un escenario caótico”, afirma Pimentel. Según el ex capitán del BOPE, Río de Janeiro fue pionero en el uso de esta tecnología: “Antes incluso de la guerra entre Ucrania y Rusia, en 2017, el Terceiro Comando ya utilizaba drones para atacar al Comando Vermelho”.
En el Complexo do Alemão también han aparecido techos y estructuras sobre calles y espacios abiertos, aparentemente para proteger a los narcotraficantes de ataques desde el aire, pero con el efecto adicional de obstaculizar la vigilancia aérea de la policía. “El principal uso de estos techos […] es evitar el lanzamiento de artefactos explosivos por parte de facciones rivales. Pero, obviamente, esto perjudica enormemente el monitoreo realizado por la policía”, explica el Delegado Marcos Motta, jefe de la Coordinación de Operaciones con Aeronaves No Tripuladas de la Policía Civil de Rio de Janeiro.
Si el control del espacio urbano permite a las facciones someter calles y áreas públicas a sus propios intereses, limitar la libertad de movimiento y someter a la población, transformando comunidades enteras en rehenes del sistema criminal, el control de las infraestructuras representa su extensión estratégica. Puertos, aeropuertos, carreteras y empresas logísticas conectan los territorios dominados con los mercados externos y permiten a los grupos criminales proyectar sus actividades ilícitas mucho más allá de las comunidades bajo su control.
Investigaciones recientes han puesto de manifiesto la infiltración del crimen organizado incluso en el aeropuerto internacional de Guarulhos, el más transitado de Brasil y uno de los principales nodos aéreos de la región. El 31 de julio de 2026, la Policía Federal frustró un intento de introducir en un avión con destino a Europa unos 400 kilogramos de cocaína. En junio de 2025, la presencia de drones no autorizados provocó el cierre temporal del espacio aéreo durante un intento de introducir un cargamento de cocaína en una aeronave. La policía investigó el uso de los drones para monitorear la actuación de las fuerzas de seguridad en el aeropuerto.
Un nuevo paradigma contra las facciones
Es precisamente esta interconexión entre territorio, economía e infraestructuras la que ha obligado al Estado a adaptar su respuesta. El desafío ya no consiste únicamente en incautar drogas o detener a narcotraficantes, sino en impedir que las facciones consoliden su control sobre las comunidades y las conexiones logísticas.
Un cambio de paradigma está representado por la Ley 15.358, promulgada en marzo de 2026, el Marco Legal del Combate al Crimen Organizado, conocido como Ley Raul Jungmann. La norma introduce el delito autónomo de “dominio social estructurado”, castigado con penas de entre 20 y 40 años de prisión, para quienes utilicen violencia o amenazas para controlar territorios, actividades económicas y poblaciones. La ley también contempla conductas destinadas a impedir o dificultar la actuación de las fuerzas de seguridad, entre ellas el uso de barricadas y otros obstáculos y la destrucción de vías de acceso.
La novedad es sobre todo de carácter represivo: anteriormente, para procesar a una facción, los investigadores debían demostrar los delitos específicos mediante los cuales se ejercía ese dominio, como extorsión, amenazas, narcotráfico u homicidio. La nueva ley permite, en cambio, transformar el dominio territorial en el objeto directo de la acusación penal, reforzando la capacidad de atacar la estructura de poder de la facción.
A la respuesta penal se suman la inteligencia financiera, el embargo y la confiscación de activos, la cooperación entre las fuerzas de seguridad y una mayor protección de los nodos logísticos. En los puertos, por ejemplo, las autoridades y los operadores están reforzando los controles y las tecnologías, desde escáneres con inteligencia artificial hasta sistemas de videovigilancia y medidas antidrones.
Según Pimentel, las penas más severas son solo una parte de la respuesta. También son necesarias medidas contra la corrupción en las instituciones y, sobre todo, una estrategia sostenida de “recuperación del territorio”. Lo que está en juego, en efecto, va más allá del narcotráfico. Las facciones han diversificado sus fuentes de ingresos y ampliado su influencia sobre actividades económicas y servicios.
La experiencia de Brasil ilustra el desafío cada vez más complejo que las organizaciones criminales plantean a las fuerzas de seguridad de toda la región. A medida que estos grupos diversifican sus actividades, amplían sus redes logísticas y financieras y se adaptan a la presión de las autoridades, desarticularlos exige más que actuar contra líderes individuales o cargamentos de droga. También requiere fortalecer el intercambio de inteligencia, las investigaciones financieras y la cooperación entre países para identificar y desarticular las redes que permiten al crimen organizado operar a través de las fronteras.
