Resumen: El 10 de septiembre, el Ministerio Público del estado brasileño de São Paulo puso en marcha la Operación Frankmobile. El objetivo: una vasta red criminal dedicada al robo de miles de teléfonos celulares, la extracción de información personal de los dispositivos para defraudar a sus propietarios, la alteración técnica de los equipos robados y su reventa como teléfonos nuevos. Según las acusaciones, el esquema habría robado y reutilizado, o desmantelado para aprovechar sus piezas, más de 800.000 dispositivos, una cifra asombrosa incluso en São Paulo, donde solo el año pasado fueron robados más de 150.000 teléfonos inteligentes.
Dos integrantes clave de la red, Amine Jawad Awada y Mohamad Abdel Hassan Rkain, son ciudadanos libaneses con vínculos familiares con miembros y simpatizantes de Hezbollah en el Líbano. Rkain también posee un pasaporte venezolano expedido durante la era de Maduro, cuando funcionarios venezolanos fueron acusados de proporcionar pasaportes y documentos de ciudadanía a miles de ciudadanos de Medio Oriente, incluidos operativos de Hezbollah. Dada la presencia de Hezbollah en Brasil, particularmente en São Paulo, las posibles conexiones con Hezbollah de dos operadores clave del esquema desmantelado por la Operación Frankmobile plantean interrogantes sobre posibles implicaciones para el financiamiento del terrorismo.
Análisis: Los informes preliminares sobre la naturaleza de la red criminal ofrecen indicios importantes sobre su nivel de sofisticación. Estos elementos son característicos del crimen organizado transnacional, no de las pandillas dedicadas a la delincuencia callejera local.
La red tenía cuatro niveles operativos diferentes, lo que indica un alto grado de coordinación entre distintos equipos de gran tamaño:
- Robo de dispositivos en las calles — incluso a mano armada;
- Vulneración de dispositivos y robo de datos — una vez robados, los dispositivos eran entregados en menos de una hora a un segundo equipo, que vulneraba los teléfonos, obtenía datos personales, accedía a las cuentas bancarias de las víctimas y las vaciaba mediante transferencias de fondos a terceros;
- Manipulación de datos y reventa de dispositivos — un tercer equipo eliminaba cualquier software propietario que pudiera impedir la reutilización de los teléfonos, instalaba nuevos identificadores únicos falsos (números IMEI) en los dispositivos robados y los revendía como teléfonos nuevos;
- Desmontaje de teléfonos y venta de piezas — si los teléfonos no podían ser reutilizados, un cuarto equipo los desarmaba y utilizaba sus componentes como repuestos.
La red también dependía de personas encargadas de crear un rastro documental mediante facturas fraudulentas para hacer creer a las autoridades tributarias que la mercancía provenía de transacciones legítimas; de una infraestructura logística responsable de enviar teléfonos celulares robados al extranjero; y del acceso a sitios web alojados fuera del país para alterar los identificadores de los dispositivos. Todo ello constituye una clara señal de que no se trataba de una operación delictiva local común, sino de una estructura con dimensión internacional.
Aunque en esta etapa de la investigación no existen pruebas de que los datos personales robados fueran vendidos a organizaciones criminales internacionales, esa información podría ser aprovechada por otras redes criminales. Disponer de estos datos permite no solo el robo directo de dinero de cuentas bancarias tradicionales, fintech y de criptomonedas, sino también la creación de estafas basadas en redes sociales e ingeniería social para generar oportunidades de robo y extorsión contra terceros.
Las ganancias se distribuían de acuerdo con porcentajes preestablecidos entre los ladrones; quienes participaban en el robo de datos personales y en los fraudes bancarios que estos permitían; quienes realizaban las vulneraciones técnicas; quienes reacondicionaban y revendían los teléfonos; y quienes producían las facturas falsas necesarias para ocultar el verdadero origen de los dispositivos. Esto también es característico de una operación de gran escala, bien coordinada y de largo plazo.
Los dos ciudadanos libaneses, Awada y Rkain, fueron detenidos durante el operativo policial inicial.
Según informes de prensa, Awada desempeñaba un papel central en la fase de manipulación técnica de la mercancía robada. Era propietario de varios locales comerciales que, según los investigadores, servían como centros para desbloquear teléfonos robados y alterar los datos de su hardware. Sus negocios utilizaban programas especializados de hackeo, como UnlockTool y SamFwTool, para restablecer cuentas en la nube y borrar los identificadores originales de los dispositivos. Los fiscales describieron su operación como parte de un ciclo de “lavado técnico”.
Cabe destacar que sus tiendas incluso ofrecían a los clientes “actualizaciones” ilícitas de teléfonos, como la modificación física de la carcasa de modelos antiguos de iPhone para hacerlos parecer versiones más recientes. Cuando las autoridades allanaron establecimientos vinculados con sus negocios, encontraron grandes lotes de teléfonos robados almacenados bajo etiquetas empresariales fraudulentas para aparentar legitimidad. En 2021, Awada modificó oficialmente en Brasil la grafía de su nombre, de Amine a Amin, una técnica de ofuscación que también ha sido utilizada por operativos de Hezbollah en el extranjero.
Según los investigadores, Rkain operaba junto al nivel de comercialización de la red para adquirir y movilizar equipos ilícitos. También producía facturas falsas. Su negocio, Alffa Eletrônicos, era uno de los establecimientos comerciales de productos electrónicos utilizados para canalizar los dispositivos. Rkain trabajaba estrechamente con los principales encargados de logística de la organización para procesar, comprar y revender grandes lotes de teléfonos inteligentes bloqueados o incluidos en listas negras, y actuaba como un canal fundamental para que la red convirtiera los bienes robados en efectivo.
Rkain también había tenido antecedentes ante la justicia brasileña, incluidos casos relacionados con contrabando y receptación de bienes robados. Su solicitud de naturalización brasileña fue rechazada en 2020, después de que no presentara la documentación requerida por las autoridades, incluido un certificado de antecedentes penales limpio del Líbano.
Posible conexión con Hezbollah
Los dos ciudadanos libaneses implicados tienen posibles conexiones con Hezbollah.
Según datos consultados a través de la plataforma de inteligencia de riesgos 240 Analytics LTD —el autor es asesor sénior de la plataforma—, Awada y uno de sus hermanos, Bilal Jawad Awada, residen en Brasil. Su padre, Jawad Awada, es miembro de Hezbollah y tenía dos cuentas bancarias en Al Qard Al Hassan, una institución crediticia de Hezbollah sancionada por los Estados Unidos. Los datos de las cuentas bancarias obtenidos a través de la plataforma 240 Analytics fueron filtrados al dominio público en diciembre de 2020.
El hermano de Awada, Jihad, murió en el reciente conflicto entre Israel y Hezbollah. Aunque publicaciones en redes sociales identifican al fallecido Jihad como miembro del concejo municipal de la localidad de origen de la familia, el canal de Telegram de Hezbollah, Balagh Media, publicó fotografías de su funeral el 8 de agosto de 2026, confirmando su papel como combatiente dentro del grupo terrorista.
Según datos consultados a través de 240 Analytics LTD, las tres hermanas de Rkain tenían cuentas en Al Qard Al Hassan en diciembre de 2020.
Más importante aún, Rkain posee un pasaporte venezolano. Su nombre, patronímico y fecha de nacimiento —identificadores clave para fines de desambiguación— aparecen en una lista de aproximadamente 10.500 nombres. Según un análisis de 240 Analytics, la lista contiene aproximadamente 5.200 registros únicos. Los detalles de la lista fueron filtrados por la oposición venezolana en 2019, en medio de acusaciones de larga data sobre la expedición de pasaportes y documentos de identidad venezolanos a ciudadanos de Medio Oriente durante la era de Maduro.
Una investigación de CNN de 2017 ya había informado sobre acusaciones relacionadas con un esquema corrupto de expedición de pasaportes venezolanos. Durante un testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos en octubre de 2025, el ex subsecretario para Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Marshall Billingslea, señaló a dos altos funcionarios de la era de Maduro, Tareck Al Aissami y Ghazi Nassereddine, como facilitadores del esquema, y afirmó que entre sus beneficiarios se encontraban operativos de Hezbollah y otros ciudadanos de Medio Oriente.
Según Billingslea, Nassereddine “trabajó en la embajada venezolana en Damasco, donde organizó reuniones con funcionarios de Hezbollah. También utilizó su cargo para distribuir pasaportes venezolanos a operativos de Hezbollah con el fin de ocultar sus identidades”.
En cuanto a El Aissami, Billingslea señaló que “como jefe de ONIDEX, la agencia venezolana de pasaportes y naturalización, desempeñó un papel fundamental en el suministro de pasaportes y documentos de ciudadanía a operativos de Hezbollah, así como a un gran número de personas procedentes del Líbano, Siria e Irán. Entre 2010 y 2019, funcionarios del régimen proporcionaron pasaportes venezolanos a más de 10.400 personas de estos tres países”.
Rkain fue uno de los beneficiarios de estas concesiones.
Las acusaciones de que pasaportes venezolanos expedidos durante la era de Maduro fueron entregados a operativos de Hezbollah recibieron mayor atención en enero de 2026, poco después de que fuerzas estadounidenses capturaran en Caracas al dictador venezolano Nicolás Maduro. El general de brigada Wehbe Katicha, un alto oficial militar libanés, afirmó que las autoridades venezolanas habían proporcionado casi 200 identidades venezolanas a operativos de Hezbollah entre 2008 y 2012.
El caso de Rkain también plantea interrogantes sobre cómo los pasaportes venezolanos expedidos a ciudadanos de Medio Oriente durante la era de Maduro pudieron haber sido utilizados fuera de Venezuela. Si su caso fuera indicativo de un patrón más amplio, estos documentos podrían haber facilitado viajes o residencia en terceros países, en lugar de simplemente permitir a sus titulares operar desde territorio venezolano.
Los vínculos familiares de Awada con Hezbollah y la posesión por parte de Rkain de un pasaporte venezolano expedido durante la era de Maduro podrían ser coincidencias y no vinculan de manera concluyente a ninguno de los dos hombres —ni al complejo esquema criminal en el que presuntamente participaron— con Hezbollah. Sin embargo, sus funciones dentro de la red sugieren que las autoridades brasileñas deberían prestar la debida atención a estas conexiones en el marco de la investigación en curso.
El Dr. Emanuele Ottolenghi es investigador sénior del Center for Research of Terrorist Financing (CENTEF) y asesor sénior de 240 Analytics LTD. Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente suyas.
Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor. No reflejan necesariamente la política o posición oficial de ninguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos, de la revista Diálogo o de sus miembros. Este artículo de Academia fue traducido por máquina.
