La detención en Ecuador de Luis Rolando Osorio Arévalo, alias Mison, acusado por las autoridades colombianas de facilitar la expansión del Tren de Aragua en Bogotá, ofrece una muestra de una transformación más amplia que se desarrolla en la región andina.
Osorio fue detenido en Ecuador tras una operación coordinada entre los organismos de seguridad de Ecuador y Colombia y entregado a las autoridades colombianas el 8 de abril en el Puente Internacional de Rumichaca, que conecta ambos países. En Colombia enfrenta cargos por homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado.
Las autoridades colombianas lo identifican como líder de Los Maracuchos y lo señalan por facilitar la expansión del Tren de Aragua en Bogotá desde 2018, así como por reclutar migrantes venezolanos para actividades criminales. Salió de Colombia en 2024 y permaneció oculto en Ecuador hasta su localización mediante una notificación de Interpol.
El caso trasciende la detención de un individuo. Armando Rodríguez Luna, miembro de la consultora mexicana Nzaya, especializada en seguridad, ley y gobernabilidad internacional, advierte que lo que ocurre en Ecuador no puede entenderse únicamente como una expansión territorial del narcotráfico.
“Lo que realmente está de fondo es una reconfiguración de las organizaciones criminales que operan en esta zona del continente”, señaló Rodríguez Luna a Diálogo. Este proceso involucra principalmente la interacción entre organizaciones colombianas y grupos venezolanos, mexicanos y brasileños, colocando a Ecuador en el centro de una dinámica regional que va mucho más allá de sus fronteras.
Ecuador deja de ser corredor y se convierte en territorio disputado
La relevancia estratégica de Ecuador para el crimen organizado transnacional responde a una combinación de factores estructurales. El país se ubica cerca de las principales zonas productoras de cocaína del mundo –Colombia y Perú–, cuenta con acceso al océano Pacífico, una infraestructura portuaria desarrollada y una economía dolarizada que puede facilitar el lavado de activos. En conjunto, estas condiciones han convertido a Ecuador en un punto de articulación para redes que conectan productores, transportistas y distribuidores en varios países.
Desde 2020, Ecuador atraviesa un proceso de atomización criminal. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) documenta cómo organizaciones como el Cártel de Sinaloa y redes delincuenciales balcánicas han buscado establecer operaciones en el país, generando disputas territoriales, incremento del sicariato, abastecimiento de armas largas, lavado de activos y esquemas de corrupción dirigidos a funcionarios públicos. El Índice Global de Crimen Organizado asigna a Ecuador una puntuación de 7,48 en criminalidad en 2025, casi dos puntos por encima de la media regional de 6,13.
Rodríguez Luna sitúa el punto de inflexión alrededor de 2022, cuando grupos colombianos y mexicanos comenzaron a considerar el territorio ecuatoriano como una ruta estratégica no solo para el tráfico de cocaína, sino también para el movimiento de precursores químicos y otras actividades logísticas del crimen organizado. Las disputas ya no se concentran únicamente en las provincias costeras: se han extendido también hacia ciudades del interior, donde distintas organizaciones criminales buscan consolidar nuevos corredores y estructuras de apoyo.
Ecuador, sostiene Rodríguez Luna, dejó de ser un corredor de paso para convertirse en un territorio disputado, con todo lo que ello implica en términos de violencia, corrupción institucional y desafíos para el control estatal.
Corredores terrestres, fluviales y marítimos
La geográfica ecuatoriana permite a las organizaciones criminales utilizar múltiples rutas simultáneas. Investigaciones publicadas por la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) identifican varios corredores marítimos, entre ellos rutas que parten de Esmeraldas, Manabí y El Oro, y trasladan cargamentos a través del Pacífico hacia Centroamérica, así como rutas que salen desde Guayas y conectan con redes de tráfico de mayor alcance. Los grupos criminales también han utilizado las aguas que rodean las islas Galápagos como zonas de reabastecimiento para embarcaciones que transportan narcóticos por el Pacífico oriental.
Esas mismas aguas de importancia estratégica también son objeto de la actividad de la flota pesquera de aguas distantes de China, cuyas documentadas actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) se han convertido en otro importante desafío para la seguridad marítima del Ecuador. En conjunto, estas amenazas convergentes ponen de relieve la necesidad de fortalecer la conciencia situacional marítima y la cooperación regional en todo el Pacífico Oriental.
Los narcotraficantes también aprovechan el elevado volumen de exportaciones legítimas de Ecuador para ocultar cocaína en contenedores con destino a Europa y Norteamérica, convirtiendo al país en uno de los principales puntos de salida de cargamentos internacionales de cocaína. Esto uso de la logística comercial ha incrementado la presión sobre puertos, autoridades aduaneras, empresas navieras y fuerzas de seguridad responsables de proteger las cadenas logísticas legítimas.
Las organizaciones criminales transnacionales han desarrollado estructuras que distribuyen funciones logísticas entre múltiples jurisdicciones. Transporte, almacenamiento, protección de cargamentos, financiamiento y distribución pueden operar simultáneamente en distintos territorios.
Rodríguez Luna describe conexiones que articulan corredores del Pacífico con rutas que se extienden hacia el Atlántico. “Brasileños, mexicanos y colombianos interactúan para esta diversificación de las rutas”, señaló.
La frontera con Colombia sigue siendo un área crítica. Decenas de pasos clandestinos son utilizados para el tráfico de drogas, armas, precursores químicos, combustible y personas. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas también mantienen vigilancia sobre rutas fluviales en la Amazonía ante indicios crecientes de actividad vinculada al narcotráfico y otras economías ilícitas.
El OECO advierte que los grupos locales participan en estas redes como eslabones operativos –almacenamiento, transporte, sicariato, apoyo logístico. Pero Rodríguez Luna sostiene que las organizaciones criminales ecuatorianas aún carecen de la capacidad para operar por sí solas estas estructuras transnacionales y dependen de alianzas con actores externos como el Tren de Aragua y grupos criminales mexicanos para sostener corredores y redes logísticas.
Al mismo tiempo, las acciones contra el narcotráfico en Colombia, han contribuido al desplazamiento de parte de la infraestructura criminal hacia Brasil, Ecuador y Venezuela, redistribuyendo presiones y capacidades en toda la región.
La cooperación regional frente a amenazas sin fronteras
La operación que derivó en la captura de alias Mison demostró que la coordinación entre Ecuador y Colombia produce resultados concretos. El intercambio de información entre organismos de seguridad permitió localizar y entregar a las autoridades colombianas a un presunto líder criminal que había logrado eludir la justicia durante meses cruzando una frontera internacional.
Para Rodríguez Luna, este tipo de colaboración resulta esencial para enfrentar la naturaleza actual de las amenazas transnacionales. “La seguridad ya se entiende en esta nueva lógica, no solamente por la seguridad de los espacios territoriales, marítimos y aéreos o por la seguridad de las fronteras, sino particularmente por la seguridad de las cadenas logísticas y de las cadenas de valor”, señaló.
Ese enfoque también ha orientado la cooperación de Ecuador con los Estados Unidos en materia de seguridad. En junio, Ecuador y los Estados Unidos suscribieron la estrategia Frontera Segura, destinada a fortalecer la seguridad fronteriza mediante análisis de riesgo, intercambio de información, alertas operacionales, mecanismos de inspección y patrullajes y controles coordinados. El Ministerio de Defensa de Ecuador señaló que la estrategia también contempla la coordinación con Colombia, lo que subraya el carácter regional de la amenaza.
Rodríguez Luna considera que la cooperación con los Estados Unidos seguirá siendo un componente central para enfrentar estas redes. Consultado sobre el papel de Washington en ese esfuerzo, fue categórico: “Total. Absoluta. Es la principal”.
Esa cooperación incluye intercambio de inteligencia, asistencia técnica, apoyo a la seguridad fronteriza y esfuerzos para fortalecer el conocimiento del dominio marítimo y aéreo, todos ellos fundamentales a medida que los grupos criminales diversifican sus rutas y buscan aprovechar la infraestructura comercial legítima.
El caso de alias Mison refleja una realidad que los aparatos de seguridad de la región no pueden ignorar: Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito a convertirse en un nodo estratégico del crimen organizado transnacional, con infraestructura logística, corredores activos y estructuras locales integradas a redes globales.
Una respuesta eficaz requiere inteligencia compartida, operaciones conjuntas y una comprensión actualizada de cómo estas organizaciones redistribuyen funciones entre jurisdicciones. Fortalecer los mecanismos regionales de intercambio de información y proteger las cadenas logísticas legítimas frente a la infiltración criminal será fundamental para desarticular redes que aprovechan las brechas institucionales y operan a través de las fronteras.
